Abogados Abusos Sexuales 2017-08-18T19:36:54+00:00

CASOS DE ÉXITO RECIENTES EN ABUSOS SEXUALES

Juzgado de Instrucción. Abusos sexuales. Sobreseimiento

Juzgado de lo Penal. Abusos sexuales. Absolución

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Delito de Abusos Sexuales

¿En qué consiste el delito de abusos sexuales?

Consiste en ataques a la libertad sexual en los que no se existe consentimiento de la víctima para mantener relaciones sexuales, pero la voluntad contraria de la víctima no se vence con violencia o intimidación. Los abusos sexuales pueden darse con y sin penetración, ya que es posible realizar una penetración sin consentimiento: por ejemplo en casos de personas dormidas o similares, menores e incapaces.

¿Cuáles son las penas por un delito de abusos sexuales?

El tipo básico de abusos sexuales tiene una pena de uno a tres años si no existe penetración, y de cuatro a diez años si existe penetración.

¿Cuáles son las atenuantes del delito de abusos sexuales?

Las atenuantes del delito de abusos sexuales son las genéricas de los arts. 21 y 23 del Código Penal.

¿Cómo concluyen los tribunales la culpabilidad del acusado de un delito de abusos sexuales?

El elemento clave es la declaración de víctima. Esta declaración es suficiente para ser condenado si los tribunales la consideran creíble. También son importantes las declaraciones de testigos, aunque en muchas ocasiones no existen testigos a suceder los hechos en espacios privados. En el caso de que la víctima sea menor, psicólogos designados por el juzgado efectúan un informe de credibilidad del relato del menor, que suele tener un gran valor para la decisión del tribunal.

¿En qué se diferencia el delito de abusos sexuales del delito de agresión sexual?

Si la relación sexual no consentida es forzada con violencia o intimidación, el delito no será de abuso sexual, sino de agresión sexual, también conocido como violación.

¿En qué se diferencia el delito de abusos sexuales del delito de acoso sexual?

En el delito de acoso sexual, a diferencia del delito de abusos sexuales, no existe contacto sexual. El acoso consiste en la solicitud de favores sexuales con provocación en la víctima de una situación vejatoria.

¿A qué multas o indemnizaciones puedo ser condenado en un delito de abusos sexuales?

El tipo básico de abusos sexuales del art. 181 CP admite la posibilidad de una multa como pena alternativa a la prisión. La cuantía de la multa no es la misma para todos: depende de la situación económica del penado. Por otra parte, es habitual condenar en sentencia al acusado al pago de una indemnización para la víctima, cuya cuantía dependerá de la gravedad del delito.

¿Cuáles son los tipos cualificados del delito de abusos sexuales?

Los tipos cualificados del delito de abusos sexuales son los abusos sexuales a mayores de 16 y menores de 18 años del art. 182 CP, y los abusos sexuales a menores de 16 años del art. 183 CP.

¿Cuales son las agravantes del delito de abusos sexuales?

Las agravantes del delito de abusos sexuales son las siguientes:

  • Abuso sexual sobre personas trastornadas, privadas de sentido o con voluntad anulada (con drogas o fármacos).
  • Abuso sexual con aprovechamiento de una situación de superioridad.
  • Abuso sexual con penetración vaginal, bucal o anal.
  • Agravantes genéricas de los arts. 22 y 23 del Código Penal.

¿Cuál es la legislación penal aplicable para el delito de abusos sexuales?

Artículos 181 a 183 quater del Código Penal.

¿Cuales son los requisitos legales para que concurra un delito de abusos sexuales?

La relación sexual debe haber tenido lugar o haber sido intentada sin consentimiento. En el caso de menores de 16 años, toda relación sexual es jurídicamente no consentida y punible, aunque el menor consienta, excepto en el caso de que el presunto autor del delito de abusos sexuales tenga una edad y un grado de desarrollo o madurez similares a la del menor.

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Novedades jurisprudenciales sobre el delito de Abusos Sexuales     

Sentencia SAP GU 8/16     
  
“El abuso es una figura de ataque a la libertad sexual en la que no se produce la imposición coactiva de la conducta, pero ésta se realiza sin mediar consentimiento. En los abusos sexuales existe una conducta determinante del comportamiento sexual, que en ausencia de violencia o intimidación, admite diversas modalidades, desde el simple actuar sin la voluntad de la víctima, hasta el obtener dicha voluntad mediante el abuso de superioridad o el engaño; por esta razón se extraen del ámbito de las agresiones sexuales. Por consiguiente, se caracterizan por la particular configuración de la voluntad del sujeto pasivo, o por su total ausencia, en cuanto los comportamientos sexuales típicos son idénticos a los que configuran el objeto de las agresiones sexuales ( Sentencias del Tribunal Supremo de 5 y 16 de mayo de 2000 , 18 de marzo , 13 de junio , 30 de octubre , 7 , 9 y 27 de noviembre y 30 de diciembre de 2005 , 22 de febrero de 2006 , 17 de abril , 18 de mayo , 14 de septiembre y 3 de octubre de 2007 , 3 de octubre y 25 de noviembre de 2008 , 23 de junio y 5 de noviembre de 2009 , 23 de abril de 2010 , 24 de enero , 16 de noviembre y 22 de diciembre de 2011 y 15 de febrero de 2012 ). 
  
Constituye elemento integrante de la agresión sexual del artículo 178 del Código Penal el empleo de “violencia o intimidación”, habiendo declarado el Tribunal Supremo que la violencia típica del citado artículo “es aquella que haya sido idónea para impedir al sujeto pasivo actuar según su propia autodeterminación” (v. STS de 2 de octubre de 2001 ), y que “tal infracción delictiva se cometerá en todas las situaciones en que el sujeto activo coarte, limite o anule la libre decisión de una persona en relación con la actividad sexual que el sujeto agente quiere imponer”, de tal modo que “para captar y delimitar dicho condicionamiento típico, deberemos acudir al conjunto de circunstancias del caso concreto que descubran la voluntad opuesta al acto sexual, ponderando el grado de resistencia exigible y los medios coactivos para vencerla” (v. STS de 25 de enero de 2002 ). 
  
En este sentido la S. Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 355/2015 de 28 May. 2015, Rec. 10014/2015 absuelve por agresión sexual al no evidenciarse violencia o intimidación recogiendo como “En el relato fáctico solo se menciona que el acusado le decía a la menor que no contara lo que hacían juntos porque “había gente que se iba a la cárcel por eso”, pero estas manifestaciones, en cierta manera ínsitas a la conducta enjuiciada en la que ordinariamente se exige a la víctima que mantenga el secreto, no pueden equiparase a la intimidación necesaria para vencer la resistencia de una víctima de abuso sexual ( STS 553/2014, de 30 de junio (LA LEY 85004/2014)), resistencia reducida por la propia minoría de edad de la víctima, y la posición del acusado como compañero sentimental de su abuela. La intimidación consiste en la amenaza de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual , pero no alcanza ordinariamente a supuestos en que simplemente se reclama discreción sobre los hechos realizados. 
  
Es cierto que la norma penal establece una presunción iuris et de iure sobre la ausencia de consentimiento de cualquier acción sexual realizada con un menor de trece años, por estimar que la inmadurez síquica de los menores les impide la libertad de decisión necesaria, por lo que estas acciones son constitutivas en cualquier caso de un delito de abuso sexual. No se puede sin embargo considerar acreditada la existencia de la situación de abuso sexual con anterioridad a los 13 años puesto que es ambigua la delación de l menor al referirse al momento de inicio de estas “relaciones” siendo lógico que no recuerde el momento concreto pero tampoco en función de mas referencias como que fue después de tener la regla y que esta le vino a los 11 años, pero no concreta si poco o mucho después de ello, impidiendo en cualquier caso la duda al respecto llegar a una conclusión contraria al reo. La transformación en agresión sexual exige la concurrencia adicional de fuerza o intimidación en sentido propio, pues constituiría una duplicidad punitiva valorar repetidamente la minoría de edad como determinante absoluta de la tipicidad de las acciones sexuales realizadas, y adicionalmente como elemento que califica de violento o intimidativo un comportamiento que en sí mismo no reviste dicha caracterización.”     

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 
STS 389/15 
  
“Como conclusión a lo hasta ahora afirmado podemos dejar sentado: a) Que el delito enjuiciado es de tendencia y su delimitación típica exige necesariamente un propósito o intención del sujeto agente, que va a ser el elemento que determine si la conducta es delictiva o atípica. b) El elemento subjetivo del tipo no ha quedado acreditado a juicio del Tribunal de instancia, ante la existencia de una duda razonable. c) El elemento subjetivo del injusto se debe determinar por vía inferencial a través de las pruebas del proceso, en las que no ha tenido inmediación esta Sala. d) Consecuentemente en los términos en las que aparece relatado el factum, no puede esta Sala de casación entender cometido el delito, por no deducirse de manera cierta e inequívoca de los propios términos. 
  
Esta Sala ha venido señalando unos límites a la revisión en casación de las sentencias absolutorias, interpretando la jurisprudencia procedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase, pues todas S.T.E.D.H. de 22 de noviembre de 2011, caso Lasadena Calero ) y la del Tribunal Constitucional 142/2011 6 de 26 de septiembre , excluyendo tal facultad revisoria cuando el pronunciamiento que se pide al Tribunal exige valorar pruebas personales y afecta a la culpabilidad del acusado, a quien no se ha oído personalmente. Además en la regulación de la casación no está previsto la posibilidad de audiencia del acusado. Acerca de la concurrencia del ánimo libidinoso, esta Sala ha considerado que existen casos en que no es precisa tal probanza cuando los actos ejecutados por su propia naturaleza y contenido evidencian un inequívoco carácter sexual, y son claramente atentatorios a la libertad o indemnidad sexual de la víctima, resultando preciso acreditar en dichos supuestos que concurren circunstancias excluyentes de ese propósito.”   
  

Sentencia SAP MU 548/15 
  
“PRIMERO.- Conviene recordar que la función de valorar la prueba practicada corresponde en exclusiva y de manera privativa al Tribunal ante el cual se realizó la actividad probatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 741 de la ley de enjuiciamiento criminal . Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 abril 2005 , es el juzgador de primer grado, el que por su apreciación directa y personal de la actividad probatoria está en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, sin que sea lícito sustituir su criterio por el legítimamente interesado y subjetivo de la parte, sin un serio fundamento. La inmediación de la mejor perspectiva de los hechos y sobre las personas que deponen, así como la atenta observación de los incidentes, gestos y palabras que en el debate se producen, constituye el verdadero objeto de la inmediación, en la valoración probatoria expresada, sin que ni al Tribunal superior ni a las partes les este permitido en el proceso entrar a revisar la valoración realizada como no sea en el ámbito específico de la irracionalidad de la conclusión valorativa, cuando ésta resulte ilógica, absurda o arbitraria. 
  
Como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 3 mayo y 31 diciembre 2001 , “al alegarse vulneración de la presunción de inocencia por error en la apreciación de la prueba, deberá ponderarse las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona; si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad; si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales; y si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no contravienen las leyes de la lógica, de la experiencia o de las ciencias”. En nuestro caso, invoca el apelante vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la CE como único motivo de fundamentación del recurso por entender que el testimonio de la víctima no cumple los requisitos exigidos en constante doctrina jurisprudencial respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación, no reuniendo los criterios o parámetros para otorgarle aptitud probatoria. 
  
Conviene recordar es doctrina de esta Sala (STS 14 mayo 1994 , 18 septiembre 1998 y 2 enero 1996 , entre otras muchas), tiene “el testimonio de la víctima de un delito aptitud y suficiencia para enervar el principio de presunción de inocencia siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar su convicción incluido el aspecto de credibilidad cuya coloración corresponde al tribunal de instancia. La finalidad preceptiva que otorga el principio de inmediación a las declaraciones de los que normalmente tienen en aquellos la doble cualidad de únicos testigos víctimas, propicia una específica y atenta ponderación circunstanciada que, por un lado, aparece si cabe como más rigurosa y exigente en lo que a la fiabilidad se refiere y, de otro, sugiere prestar una extremada atención a los detalles del lugar, tiempo, y modo que, como datos objetivos complementan la constatación narrativa que, en casos como el presente, ofrece la versión prestada por la agredida…. 
  
Pues ante la afirmación incriminatoria del tribunal, una vez ultimado su global proceso valorativo, al detenerse por cumplidas las notas que asignan la garantía de certeza de las declaraciones de las víctimas en este tipo de delitos: 1º) ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones procesado/víctima que pudieron conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privarse al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente; 2º) verosimilitud pues el testimonio ha de estar rodeado de ciertas colaboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. En definitiva, lo fundamental es la constatación de la real existencia de un hecho y; 3º) persistencia en la incriminación que habrá de ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones.”

Defensa Penal Experta

Llámenos
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