DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA

CASOS DE ÉXITO RECIENTES

Juzgado de Instrucción. Apropiación Indebida. Sobreseimiento

Juzgado de lo Penal. Apropiación Indebida. Absolución

Modalidades

Delito de apropiación indebida Delito leve de apropiación indebida Administración desleal Apoderamiento del poseedor Apropiación de depósito Distracción de dinero Apropiación de venta Apropiación de pagos Apropiación de inversiones Apropiación indebida continuada

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

¿En qué consiste el delito de apropiación indebida?
 
El delito de apropiación indebida consiste en la transformación de la posesión legitima en propiedad ilegítima. Alguien entrega dinero o bienes a otra persona, puesto que confía en ella, con el encargo de guardarlos, devolverlos o destinarlos a un determinado fin. Pero la persona que recibe el dinero o los bienes se los apropia o los destina a un fin diferente del acordado.
 

¿En qué se diferencia el delito de apropiación indebida del delito de estafa?
 
En la apropiación indebida el dinero o los bienes se reciben lícitamente, pues se entregan a una persona en la que se confía. Por el contrario, en la estafa o fraude el dinero o los bienes son obtenidos mediante un engaño.
 
 
¿En qué se diferencia el delito de apropiación indebida del delito de administración desleal?
 
El delito de administración desleal se comete por el administrador de una sociedad que abusa de su disposición de los bienes societarios en beneficio propio o de terceros, pero no se apropia de ellos. Si se apropiara de los bienes, incurriría en un delito de apropiación indebida. Hay que tener en cuenta que la administración de una patrimonio social con resultado negativo para el negocio no configura por sí misma un delito de administración desleal.
 

¿En qué se diferencia el delito de apropiación indebida del delito de malversación?
 
El delito de malversación es cometido por un funcionario que sustrae o consiente que otro sustraiga caudales públicos, con lesión de la propiedad de la Administración. El delito de apropiación indebida lo puede cometer cualquier ciudadano, con lesión del derecho de propiedad de otro ciudadano.
 

¿Cuál es la diferencia entre el delito de apropiación indebida y el incumplimiento civil?
  
En el delito de apropiación indebida existe una voluntad de apropiarse del bien que debe ser devuelto, mientras que el incumplimiento civil no es delictivo, porque solo existe un retraso involuntario en los plazos de devolución. Tampoco será delito de apropiación indebida el incumplimiento contractual respecto a un bien sobre el que se ha adquirido la propiedad, como en el caso de un compraventa. En este caso será un mero incumplimiento civil si no existe ánimo delictivo en el impago o incumplimiento de una cláusula contractual.
 
 
¿En qué se diferencia el delito de apropiación indebida del delito leve de apropiación indebida?

En el delito leve de apropiación indebida la cuantía de lo apropiado no supera los 400 euros.
 

¿Cuál es la legislación aplicable en los delitos de apropiación indebida?
 
Artículos 253, 254 y 432.1 del Código Penal.

 

Novedades jurisprudenciales del delito de apropiación indebida

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal  

STS 332/16     
  
"El delito de apropiación indebida aparece descrito en el artículo 252 CP que tipifica la conducta de los que, en perjuicio de otros, se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros. De manera reiterada ha entendido este Tribunal de casación (SSTS 513/2007 de 19 de junio ; 228/2012 de 28 de marzo ; 664/2012 de 12 de julio ; 370/2014 de 9 de mayo ; 588/2014 de 25 de julio ; 761/2014 de 12 de noviembre y 894/2014 de 22 de diciembre , 41/2015 de 27 de enero ), a partir de la distinción de los dos verbos nucleares que incorporaba el citado artículo 252 CP hasta la reforma operada en el mismo por la LO 1/2015, que el mismo sanciona dos modalidades distintas de apropiación indebida: la clásica de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido; y la distracción de dinero cuya disposición tiene el acusado a su alcance, pero que ha recibido con la obligación de darle un destino específico. 
  
Cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles como en este caso, el delito de apropiación indebida requiere como elementos de tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. En relación con el título de recepción la jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de numerus apertus del precepto en el que caben, precisamente por el carácter abierto de la fórmula, aquellas relaciones jurídicas de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretadas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido por la norma penal, esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver." 
  

  
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 
STS 310/16     
  
“La jurisprudencia del Tribunal es constante en destacar que cuando la cosa que se recibe en posesión es fungible, especialmente el dinero, el delito se comete por la distracción de lo recibido, esto es, por darle un destino distinto del pactado, empleándose en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud se recibió ( SSTS 570/08, de 30.9 , 796/06 de 14.7 o 688/02, de 18.4 entre muchas otras). De igual modo hemos reiterado que cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere -como elemento objetivo del tipo- que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad ( STS 1181/09, de 18.11 ).   
  
Así mismo hemos expresado que el carácter fragmentario del derecho penal, en evitación de una penalización general de los incumplimientos contractuales del derecho privado, impone que sólo el incumplimiento -con fines de apropiación- de las obligaciones impuestas en el marco de relaciones jurídicas equivalentes al depósito, la comisión o la administración, es susceptible de ser entendido como título relevante a los efectos de la apropiación indebida ( STS 691/2007, de 16.7 ). Posicionamiento jurisprudencial que se complementa con las reiteradas sentencias en las que hemos declarado que las cantidades dinerarias entregadas para compraventa, no son las que generan el delito de apropiación indebida ( SSTS 453/12, de 7.6 ), como tampoco es título idóneo para la comisión de este delito el pago realizado por adelantado con ocasión de un contrato de arrendamiento de obra o de prestación de cualquier servicio ( STS 378/2013, de 12.4 ), pues el pago en esos supuestos sólo tiene la función de extinguir la obligación de una parte del contrato, del mismo modo que el cumplimiento de la parte contraria no consiste en la entrega del dinero recibido o en destinarlo a un fin concreto, sino en una obligación de hacer (art. 1098 C.Civ).”   
   

  
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 
ATS 1524/15 
  
“El derecho a la tutela judicial efectiva, como recuerda la STC 50/2014, de 7 de abril de 2014 , comprende el derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso. Ello significa, en primer lugar, que la resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. En segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho o, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio ). 

Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia. En definitiva, el Art. 24.1 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria ( STS 28-7-15 ). El Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener una decisión acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución en derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello ( STS 20-10-14 ). 
  
C) El motivo denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la decisión de absolver al acusado por el delito de falsedad en documento mercantil que se le imputaba; al respecto de este pronunciamiento la sentencia recurrida expone, en su fundamento jurídico primero, la doctrina jurisprudencial conforme a la cual, en casos de alteración en documentos en la que se hace intervenir personas que en realidad no lo hacían para presentarla ante organismos públicos, en cuanto a la falsedad en documentos mercantiles se exige que la imputación de la verdad recaiga sobre elementos capitales o esenciales y que exista el propósito de alterar la verdad con la pretensión de que surta efectos en el tráfico jurídico, es decir, que tengan lo que en algunas sentencias se conoce como funcionalidad social; para distinguir entre falsedad material que afecta al documento mismo y la falsedad ideológica que afecta al contenido, entre la mentira escrita y la falsedad documental punible es necesario que el elemento no veraz incorporado al documento sea esencial, en el sentido de lesionar o poner en peligro bienes jurídicamente protegidos, lo que dependerá del tipo de documento en el que se hubiera incorporado pues es distinta su eficacia probatoria. 

Tras esta exposición se parte del hecho admitido por las partes, de que a ambas les unía un contrato de agencia, formalizado en Hellín el 1-12-12, reconociéndose igualmente que se realizaban liquidaciones cada semana o dos semanas, siendo manifestado por la parte denunciante que apreció diferencias a simple vista en algunos de los albaranes presentados por el denunciado, incluido su tamaño, añadiendo la sentencia que ello había generado la duda en el Tribunal respecto del hecho de producirse liquidaciones, pese a imputarle falsedad documental realizada en formato vulgar y no confundible, y que tenían como fin una liquidación interna y sin proyección social, ni documental en el tráfico mercantil. Afirma el Tribunal: "Ante el resultado de la citada prueba practicada, se dejan dudas en el ánimo de este Tribunal, sobre la culpabilidad del acusado, respecto del ilícito examinado siéndole de aplicación el aforismo "in dubio pro reo".”