DELITO FISCAL Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

CASOS DE ÉXITO RECIENTES

Juzgado de Instrucción. Delito contra la Hacienda Pública. Sobreseimiento

Modalidades

Elusión de tributos Simulaciones contractuales Cobro de dividendos Devolución del IVA Préstamos simulados Fraude de Ley Operaciones ficticias Facturas falsas Ocultación de identidad Defraudación a la seguridad social Fraude de subvenciones

 

Novedades jurisprudenciales sobre el delito fiiscal y contra la hacienda pública 

   
Sentencia SAP O 70/16       
  
“Para la adecuada resolución del presente recurso, debemos recordar en primer lugar que el delito fiscal regulado en el artículo 305 del C. Penal , exige los siguientes presupuestos o requisitos para su posible estimación: 
  
a) Conducta típica, realizada bien por acción u omisión y dirigida a alguna de estas finalidades: elusión del pago de tributos, de cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener o de ingresos a cuenta de retribuciones en especie; obtención indebida de devoluciones y disfrute indebido de beneficios fiscales. 
  
b) Un elemento subjetivo consistente en el carácter eminentemente defraudatorio de las modalidades típicas; engaña quien infringe el deber de verdad reconocido y sancionado por el ordenamiento jurídico y falta a la verdad no sólo el que desfigura, tergiversa o manipula los elementos que conforman las bases impositivas para pagar insuficientemente, sino, también quien, sabedor de la obligación de declarar, impuesto por el artículo 31 de la Constitución Española , y artículo 35 de la Ley General Tributaria , y de la Ley Reguladora del Impuesto de que se trate, omite la declaración, detectación del ánimo defraudatorio ha de hacerse mediante juego de inferencias, derivadas de actos anteriores, coetáneos o posteriores que corresponde decidir al Juzgador ( ss. 27/12/90 , 3/12/91 y 24/2/93 ), doctrina ésta que ha sido matizada por la propia jurisprudencia en el sentido de que la conducta típica no requiere el engaño del tipo de la estafa y, en consecuencia, tampoco que el comportamiento del sujeto activo produzca error en el sujeto pasivo, por lo que es indiferente su estado psicológico de error en los responsables de la gestión de tributos. En cuanto al dolo no es necesario para apreciar la comisión de dicho tipo delictivo un especial elemento subjetivo del injusto, un especial ánimo de defraudar, sino que bastará para el dolo, las exigencias generales del deber de tributar, de la capacidad de acción y de la falta de pago de lo debido.    
  
c) Un resultado determinado lesivo para el fisco que ha de superar determinada suma y que opera como condición objetiva de punibilidad, o como consideran otros autores de procebilidad, exigiendo el legislador que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, supere la cifra de 120.000 euros, pues si la cuota defraudada no alcanza ese montante, la infracción cometida queda relegada a un ilícito típicamente administrativo a resolverse en un expediente sancionador incoado por la Administración de Tributos, debiendo de tener presente que, la eficacia que en el ámbito penal cabe conceder a las actas y diligencias extendidas por la inspección tributaria a que hacen referencia los artículos 145 L.G.T . y 49 y ss. del Reglamento General de la Inspección de Tributos ha sido objeto de análisis por el T.C. En su conocida sentencia 76/90 de 26 de abril , que viene a declarar que el acta de inspección contiene la constatación de unos hechos de los cuales se infiere una noticia criminis suficiente para la apertura de un proceso penal, dentro del cual y en la fase de juicio oral tendrá el valor probatorio como prueba documental que el Juez Penal libremente aprecie, pudiendo tales actas de inspección ser objeto de contradicción por la parte a quien su contenido perjudique.”   

  
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 
STS 810/15 
  
“Que si bien es cierto que con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 1995 se produjeron ciertos pronunciamientos contrarios a la consideración de la conducta omisiva en la declaración de los actos sometidos a tributación como infracción penal (por ej. la STS de 12 de Marzo de 1986 , citada por el Recurso), no lo es menos que otra corriente, más numerosa, de Resoluciones de esta Sala (vid. SsTS de 29 de Junio de 1985 , 12 de Mayo de 1986 , 2 de Marzo de 1988 o 20 de Noviembre de 1992 , entre las anteriores a los hechos que aquí se enjuician) resolvieron en sentido contrario, mencionando no sólo la desfiguración de las bases tributarias con el fin de eludir la obligación de satisfacer los impuestos sino también, y expresamente, la ausencia de presentación de las declaraciones de los hechos sometidos a obligaciones fiscales, puesto que ello constituía igualmente una forma de "eludir" los pagos, que es el término nuclear contenido en la formulación legal del ilícito, sumándose así a la mayor parte de la doctrina científica (Rodríguez Mourullo, Bajo Fernández, Bacigalupo Zapater, Martínez Pérez, Muñoz Conde, Pérez Royo, etc.) frente a una minoría que lo negaba (así, Córdoba Roda o Quintero Olivares). Línea doctrinal la preponderante que ya se había impuesto cuando el Legislador incluye expresamente la acción omisiva en el delito fiscal, en el ulterior artículo 305 del Código de 1995, no tanto porque fuera necesaria su mención para hacer posible su aplicación, como en el Recurso se afirma, cuanto precisamente haciéndose eco, recogiendo y consolidando normativamente la Jurisprudencia existente al respecto. (...) 
  
Por ello no puede decirse que una interpretación del anterior artículo 15 bis que extendiera al administrador de hecho la autoría del delito del artículo 349 cometido en el seno de la persona jurídica o que considerase la omisión de la declaración correspondiente al pago de los impuestos que afectaban a la operación objeto de tributación incursa en dicho tipo penal fuera incorrecta y apartada de la doctrina jurisprudencial interpretativa de dichos preceptos. De forma que, en casos como el presente y por lo que respecta a la calificación de la conducta de quien recurre como autor del delito contra la Hacienda pública, la aplicación del Código Penal coetáneo a los hechos enjuiciados o la del Texto hoy vigente, conduciría a una sola e idéntica conclusión, acorde con la adoptada por la Audiencia. 2) Cosa distinta, no obstante, es la relativa a las consecuencias punitivas derivadas de la aplicación del precepto vigente al tiempo de los hechos, artículo 349 del Código Penal de 1973 que, por resultar como veremos más favorable en este punto para el reo, sí que ha de conducir a su aplicación preferente, excluyendo la del correspondiente al Código de 1995, pues en este caso sí que le asiste plenamente y con toda claridad la razón en su motivo Cuarto a quien recurre. 
  
En efecto, mientras que el texto del artículo 305, en su redacción dada por la LO 15/2003 anterior a la de la LO 5/2010, castigaba el delito objeto de condena con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa del tanto al séxtuplo del importe de la cuota defraudada, el artículo 349 del Código de 1973, cuya aplicación reclama el recurrente, fijaba las penas de prisión menor, es decir de seis meses y un día a seis años, y multa del tanto al séxtuplo del valor de la cuota. Y como quiera que lo relevante, en este caso, ha de ser el mínimo de esa pena abstracta, habida cuenta de que, ante la presencia de una atenuante muy cualificada, debe de partirse del mismo para operar la consiguiente reducción de las penas concretas a imponer, la incorrección en la que, en este punto, incurrió la Audiencia es evidente. Y ello sin olvidar las ventajas contenidas también en aquel Código en orden a la ejecución de las penas privativas de libertad que la anterior norma deparaba, tanto para la posible suspensión de la ejecución de las mismas, al no computar la suma de las distintas penas para acogerse al límite máximo de duración que permitía dicha suspensión como al contemplar la redención prevista en su artículo 100. 
  
Tan sólo cabría objetar a esta conclusión el hecho de que la atenuante cualificada a la que nos referimos es la de dilaciones indebidas, cuya aceptación vino por vía jurisprudencial tiempo después de los hechos enjuiciados y sólo se consagró en la norma positiva ( art. 21.6ª CP ) en la reforma de la LO 5/2010. Pero, sin necesidad tan siquiera de acudir a interpretaciones acerca de la posibilidad de aplicación retroactiva de la doctrina jurisprudencial, luego incorporada a la Ley, por resultar más favorable para el reo, hemos de advertir cómo esa posibilidad aplicativa en este caso es evidente al tener en cuenta que nos hallamos frente a una circunstancia obviamente postdelictual y desde la proclamación judicial de la atenuante por dilaciones indebidas, llevada a cabo en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 21 de Mayo de 1999, acogiendo tanto el contenido del artículo 24.2 de la Constitución de 1978 como la inclusión en nuestro ordenamiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 4 de Octubre de 1979, que consagra en su artículo 6.1 el derecho a un Juicio en plazo razonable, hasta el enjuiciamiento de estas actuaciones, en Marzo de 2014, ha transcurrido tiempo más que sobrado para la declaración de la presencia de la circunstancia de atenuación y su cualificación, en el mismo sentido ya aceptado por la Sala de instancia.”