Abogados Conducción sin Permiso 2017-08-05T10:04:10+00:00

CASOS DE ÉXITO RECIENTES EN CONDUCCIÓN SIN PERMISO

Juzgado de Instrucción. Conducción sin permiso. Sobreseimiento

Juzgado de lo Penal. Conducción sin permiso. Absolución

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Preguntas frecuentes sobre el delito de Conducción sin Permiso

Novedades jurisprudenciales sobre el delito de Conducción sin Permiso 

Sentencia SAP TO 64/16   
  
“No ofrece duda, el Ministerio Fiscal ni tan siquiera la suscita, que la conducción de un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir está contemplada en el art. 384 del Código Penal pero también en el apartado k) del punto 5º del art. 65 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que la considera como falta muy grave tal hecho. Es de interés indicar que la norma administrativa considera que ese hecho puede ser constitutivo de delito con lo que ya da una pista sobre como interpretar esa falta administrativa, y de modo indirecto como afecta a la interpretación del art. 384. Del juego de ambos preceptos resulta que el hecho de circular por una vía pública conduciendo un vehículo para el que se precise una licencia o permiso puede ser una infracción administrativa o un delito pero no se especifica donde hay que buscar el elemento de distinción, a diferencia de lo que sucede con otras conductas como el circular conduciendo un vehículo de motor después de haber ingerido alcohol, art. 379 bis que sanciona la conducción arrojando unos determinados niveles de alcohol o cuando se realiza con influencia del mismo, y que en la Ley en el apartado c) del párrafo segundo que la considera falta muy grave, siendo claro el marco en que se desenvuelve una y otra. 
  
No podemos pensar que el legislador ha infringido el texto constitucional creando un tipo penal que no respeta el principio de proporcionalidad, o de intervención mínima si se quiere, lo cual supone que esa coexistencia ha de ser razonable y que es preciso realizar una interpretación que adecuándose a la letra de ambos infracciones sea respetuosa con el texto de la Carta Magna, dicho de otro modo, es necesario hacer una lectura constitucional de la situación que se genera con la existencia de la doble previsión sancionadora. Ello es lo que hizo el Tribunal Constitucional en su sentencia 24/2004 de 24 de febrero dando respuesta a una cuestión de inconstitucionalidad del art. 563 del Código Penal , que castiga la posesión de armas. En dicha sentencia señaló que la interpretación de un determinado delito, cuando concurre con una infracción administrativa, ha de realizarse por la vía de la reducción del primero, algo evidente dado que con ello se respeta el principio de proporcionalidad o intervención mínima, en palabras del Alto Tribunal “el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas”. Varias son, según esa sentencia, las vías con las que cuenta el intérprete penal para operar esa reducción. La diferencia no podemos hallarla en la descripción de la acción misma porque ambos contemplan el hecho de conducir un vehículo de motor o ciclomotor careciendo de la preceptiva autorización o licencia administrativa con lo que será necesario examinar cuales han de ser los pautas marcadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia que se ha citado. 
  
La primera sería acudir al sentido gramatical, dando a cada término la expresión exacta. En segundo lugar acudiendo a los principios generales de limitación del ius puniendi que impiden que existan delitos meramente formales penalizando infracciones administrativas. Y en tercer lugar teniendo en cuenta la protección del bien jurídico de modo que solo cuando la acción tenga potencialidad para lesionarlo, más allá de lo que en su caso prevea la infracción administrativa, la acción en cuestión podrá ser considerada como infractora del ordenamiento penal. Si comenzamos por el primero de los citados criterios no llegamos a una distinción. En ambos casos la acción es la misma, conducir un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir y no permite una reducción. Es cierto que el apartado k) del punto 5º del art. 65 de la Ley habla de “vehículos” con lo que parece apuntar a otros diferentes de los que recoge el art. 384 de modo que el art. 384 se reservaría para la conducción de vehículos de motor y ciclomotores y el art. 65 5º k) para otros que no lo sean. Sin embargo ello no resulta satisfactorio porque tal interpretación supondría en la práctica excluir todos los vehículos que precisan de licencia o autorización para ser conducidos ya que salvo los de tracción animal o las bicicletas para todos los demás precisan de un permiso o licencia, y no parece lógico entender que el legislador ha pretendido una exclusión semejante sin haberlo dicho de modo expreso. Además a los efectos de dicha norma se considera vehículo todo aparato apto para circular por las vías o terrenos a los que se refiere el art. 2 de la ley, según dispone el punto cuarto del Anexo I y en el apartado noveno del mismo se define el vehículo de motor como todo vehículo provisto de un motor para su propulsión excluyendo de esta categoría, por tanto han de entenderse incluidos todos los demás, los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas con movilidad reducida. 
  
La segunda posibilidad vendría de la mano de determinar el bien jurídico protegido. Serían compatibles ambas infracciones en el supuesto de que protegieran bienes diferentes, como sucede cuando se trata de situaciones de sujeción especial en las cuales además del bien que el deli6o trata de proteger, existe otro que es el buen funcionamiento de la Administración, con lo que no se da, en realidad tal dualidad sino que las infracciones operan en campos diferentes. Basta hacer referencia a la Exposición de Motivos del Real Decreto legislativo cuando señala “Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máximo exponente en los accidentes de circulación, que representan un alto coste para la sociedad y vienen a acentuar la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial, como corolario inexcusable de la competencia exclusiva que otorga al Estado, en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor, el artículo 149.1.21 de la Constitución “. Es indudable que en el delito del art. 384 el bien jurídico que se protege es la seguridad del vial, esto es, el que no pueda circularse por vías abiertas al tráfico cuando con ello se genere un riesgo no asumido socialmente, y ello no solo por su ubicación sistemática sino que además el Tribunal Supremo así lo ha declarado, bien que obiter dicta, en sentencias como las 463/2011 de 31 de mayo o 480/2012 de 28 de junio.” 
Sentencia SAP-LE 375/15 
  
“Por su parte, el Juez de lo Penal expresa, en la sentencia que dictó y que ahora se recurre, haber obtenido la certeza sobre los hechos que declara probados, incluido el conocimiento por parte del apelante de que carecía de permiso para conducir por perdida de la totalidad de los puntos asignados, a base, dice, de la prueba documental, de las declaraciones nada convincentes del acusado y de las testificales de los agentes que depusieron como testigos en el acto del juicio. 
  
Sin embargo, cuando hemos procedido a examinar la prueba documental aportada a las actuaciones y escuchado las declaraciones del acusado y de los testigos en el plenario hemos de coincidir con el apelante en su estimación de que, en efecto, el conocimiento que, en la sentencia de instancia, se la atribuye haber tenido de la perdida de vigencia de su permiso de conducir carece, como se denuncia en el recurso, de respaldo probatorio. 

Así, apartándonos del discurso que sobre este extremo se contiene en la motivación de la sentencia recurrida, sobrara decir que en modo alguno puede tenerse en cuenta como argumento definitivo, al momento de declarar o no probados los hechos objeto de la acusación, cualesquiera que estos sean, la convicción en que el Juzgador pueda estar de que el acusado miente en sus declaraciones cuando este, por definición, no tiene obligación de decir verdad y, por eso, se le exime de prestar el juramento o promesa correspondientes que, en cambio, si se exige a los testigos.” 
  
Sentencia SAP C 385/15 
  
“En la sentencia 93/2014 de esa Sección se dice que “No ofrece duda que la conducción de un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir está contemplada en el art. 384 del Código Penal , pero también lo es que está contemplada en el apartado k) del punto 5º del art. 65 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo sobre Tráfico , Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, que considera tal hecho como falta muy grave. Es de interés indicar que la norma administrativa considera que ese hecho puede ser constitutivo de delito con lo que ya da una pista sobre cómo interpretar esa falta administrativa, y de modo indirecto como afecta a la interpretación del art. 384 del Código Penal”. 
  
Sobre la distinción entre la infracción penal y la administrativa dice que “En ambos casos la acción es la misma, conducir un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir y no permite una reducción”; que “el bien jurídico protegido por ambas infracciones es el mismo, de suerte que con una interpretación que busque el sentido o fin de la norma tampoco se llega a establecer una distinción que las haga compatibles”; y que la solución de considerar que la preferencia del orden penal, con el consiguiente desplazamiento del administrativo, no hace compatible la existencia del delito y de la infracción administrativa y no resuelve el problema. Después de una extensa fundamentación afirma que “por lo que se ha expuesto hasta el momento, puede apreciarse que esta Audiencia no advierte que pueda hacerse compatible, desde los puntos de vista expuestos, la coexistencia del delito del art. 384 del Código Penal con la infracción del art. 65 5 k) de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial “. 
  
Para concluir como sigue: “Si partimos de que el Derecho Penal sólo sanciona las conductas más graves, forzoso será buscar en los hechos mismos la distinción, y así sólo podrá hablarse de delito del art. 384 del Código Penal cuando el riesgo generado por el hecho de conducir sin permiso sea superior al que se produce por el sólo hecho de hacerlo; dicho de otro modo, en general el conducir un vehículo de motor careciendo de permiso o licencia será infracción administrativa y sólo cuando se demuestre, por las circunstancias concretas de los hechos, que ese riesgo es superior al que trata de proteger la norma administrativa, podrá hablarse de delito. Es obvio que no es posible hacer un elenco o catálogo de supuestos, que siempre tendrán un carácter relativo, pero entendemos que con las bases establecidas será suficiente como para poder diferenciar en qué ocasiones los hechos han de merecer el reproche del derecho penal”. Esa sentencia, y otras de la misma Sección 1ª de la AP de Toledo llegan a concluir que el hecho de una conducción sin permiso de conducir por no haberse obtenido nunca, o por haberlo perdido, no permiten concluir, sin más, que la conducción es más peligrosa por lo que no cabe presumir el riesgo que es necesario para la aplicación del artículo 384 del Código Penal . 
  
SEGUNDO.- La tesis que acogen esas sentencias es manifiestamente minoritaria entre las sentencias de las Audiencias Provinciales y no se comparte. Ni siquiera se asume por la otra Sección de la Audiencia de Toledo. Así en la SAP de Toledo, Sección 2ª, de 1 de octubre de 2015 , se dice lo siguiente: “Esta Audiencia Provincial, en su Acuerdo de fecha 15 de enero de 2013 posteriormente plasmado en su sentencia de 8 de febrero de 2012 , se planteó la posibilidad de que los hechos previstos en el artículo 384 del Código Penal no fueran constitutivos siempre de delito y que, según los casos, podrían integrar solo una mera infracción administrativa si no aparece acreditada claramente un riesgo para la seguridad vial. El acuerdo alcanzado expresa: “En el delito contra la seguridad del tráfico del artículo 384 del Código Penal , se ha de ponderar, en cada caso concreto si se ha lesionado el bien jurídico protegido”. De este modo, en lógica coherencia con lo que en dicho acuerdo expresamos, la cuestión esencial se traduce en sopesar si, en función de las circunstancias recogidas en el relato de hechos probados de la resolución impugnada, podemos identificar un plus de peligrosidad superior al que trata de proteger la norma administrativa sancionadora. (…) Asumiendo que en la práctica el catálogo de supuestos que no cumplan esta exigencia puede ser diverso, en el episodio de autos, el propio relato de hechos probados de la sentencia reseña que el acusado. . . fue detenido el día de autos conduciendo un vehículo careciendo del permiso para conducir por pérdida de vigencia del citado permiso, pérdida que no olvidemos que es consecuencia de las diversas infracciones previas cometidas en el ámbito administrativo de la seguridad vial. 
  
Esta Sala, entiende que el dato objetivo de conducir un vehículo careciendo del permiso por pérdida de vigencia del mismo, revela un claro desdén o menosprecio hacía la norma, eludiendo el acusado la observancia de un mandato legal que exige un permiso para el ejercicio de esa actividad, evidenciando la potencial lesividad de dicha conducta para poner en peligro la seguridad vial, subrayando la peligrosidad que en general revisten este tipo de conductas, lo cual nos lleva a matizar el sentido de la recta interpretación del acuerdo adoptado por esta Audiencia el pasado 15 de enero de 2013 a la vista de la doctrina jurisprudencial que se desprende la lectura de las últimas sentencia dictadas por el Tribunal Supremo con ocasión de resolver distintos recursos de revisión relacionadas con el ámbito de aplicación del artículo 384.2 del Código Penal ( SS. TS núm. 480/2012, 28/6/12 , nº 20304/2012 y nº 507/2012 ) examinando diferentes supuestos en los que entiende que la conducta enjuiciada no sería constitutiva de un ilícito penal aunque pueda subsidiariamente integrar una infracción administrativa calificable como grave. 
  
Nuevamente el espíritu que late tras los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo puede sintetizarse en la idea de que se presume la lesión del bien jurídico protegido (seguridad del tráfico vial y a través de esta, la vida y la integridad de las personas) cuando se conduce un vehículo de motor o ciclomotor por quien: a) Nunca ha obtenido permiso o licencia de conducción expedida por autoridad pública de cualquier país. ( STS núm. 507/2013 ). b) Ha sido privado por sanción administrativa firme en esta vía de la vigencia del permiso o licencia de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente (ver SS TS nº. 480/2012 ). c) Ha sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial (se entiende firme). Modalidad específica de un genuino delito de quebrantamiento de condena. Todo ello sin perjuicio de permitir y valorar la prueba en contrario de la no peligrosidad del comportamiento particularmente realizado (Ej. causa de justificación estado de necesidad, error de prohibición… etc.)”. 
  
En el mismo sentido y de forma más radical otras sentencias, como la de la AP de Santa Cruz de Tenerife de 7 de noviembre de 2014 , tras un análisis de derecho comparado, concluyen que “Reducir la intervención del derecho penal, como última «ratio», al mínimo indispensable para el control social es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal”. O que ( SAP de Barcelona de 7 de noviembre de 2014 , con cita de la de Tarragona de 7 de noviembre de 2013 ) “el fundamento de la punición de éste delito se encuentra en el riesgo potencial inherente en quien conduce por la vía pública sin haber justificado previamente y de la manera adecuada que están en condiciones de hacerlo correctamente”. 
  
También la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 2ª, en sentencia de 4 de junio de 2015 , mantiene que conducir “un vehículo de motor pese a carecer de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, sí constituye el delito contra la seguridad vial objeto de condena, quedando reservada la infracción administrativa del artículo 65.5 letra k) de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (que considera infracción muy grave, “cuando no sean constitutivas de delito”, la conducta consistente en “conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa correspondiente”) para supuestos tales como el de conducir con el permiso caducado o conducir con una autorización no vigente por haber desaparecido los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para el otorgamiento del permiso”. Éste criterio es el que consideramos acertado y hacemos nuestro, matizando en el sentido expuesto las afirmaciones realizadas en la Sentencia dictada por esta Sección el 4 de marzo de 2015 , sentencia en la que se confirmó la condena del acusado como autor de un delito del artículo 384 del Código Penal en un caso en que carecía de permiso de conducción que lo habilitase para la conducción de ese vehículo por no haberlo obtenido nunca.”

Defensa Penal Experta

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