Abogados Defensa Detenido 2017-08-05T19:47:15+00:00

Casos de Éxito recientes del Abogado Penalista Marco Esteban en Defensa del Detenido

Preguntas frecuentes sobre la Defensa del Detenido

Jurisprudencia sobre la Detención Penal

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 1347/11   
  
Comenzando por esta última cuestión, debemos recordar -citando a tal fin el contenido de la STS núm.265/2007, de 9 de abril – la íntima conexión que existe entre el derecho de defensa y el de asistencia letrada , derecho que tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y contradicción que impone a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión, prohibido, en todo caso, en el inciso final del art. 24.1 CE ( STC 47/87 ). Por ello, centrándose en la defensa técnica, la STC núm. 199/2003, de 10.11 , FJ 4, señalaba: “ha de recordarse, por una parte, que este Tribunal ha reconocido la especial proyección que tiene la exigencia de asistencia letrada en el proceso penal por la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados ( SSTC 18/95 de 24.1 , 233/98 de 1.12 , FJ. 3, 162/99 de 27.9 , FJ. 3) y, por otra, que la exigencia de la asistencia letrada no tiene un alcance único ni un contenido unívoco en todos los supuestos en que está reconocida constitucionalmente, sino que está vinculada a la diferente función que como garantía constitucional ha de cumplir en cada uno de los dichos supuestos”. 
  
En el plano constitucional, son dos las situaciones o supuestos previstos: arts. 17.3 y 24.2 CE . Siendo el derecho del detenido a la asistencia letrada  en las diligencias policiales y judiciales ( art. 17.3 CE ) el que, al tenor de las alegaciones del recurrente, puede verse afectado por la concreta actuación policial desplegada en este caso, debemos también recordar, tal y como señalan estas mismas sentencias, que este derecho adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio precepto constitucional, siendo su función la de asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración  y que tenga el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acto de declaración  que se le presente a la firma ( SSTC núm. 196/87, de 11.12 FJ. 5 ; 252/94, de 19.9 FJ. 4 ; y 299/99, de 13.12 , FJ. 2).   
  
Clara muestra legal de esta garantía procesal es el art. 767 LECrim , que en su actual redacción señala cómo “[d]esde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado”  . El precepto se limita, pues, a establecer los casos en los que resulta obligada la asistencia letrada  en el seno de las diligencias previas/procedimiento abreviado, como es el caso. Pero en modo alguno modifica o altera las disposiciones del art. 520 LECrim cuando especifica las funciones que corresponden al letrado en la asistencia al detenido, que, como la norma establece y la nutrida jurisprudencia de esta Sala ha reiterado, consiste en ” su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto  ” ( STS núm. 1143/2006, de 22 de noviembre ).   
  
Descartado lo anterior, hemos de examinar ahora si el Tribunal de instancia dispuso o no, como señala el recurrente, de pruebas válidas y lícitamente obtenidas que fundamenten el pronunciamiento incriminatorio dictado en la instancia. Conviene recordar que, como expresa la STC núm. 107/2011, de 20 de junio , toda condena ha de asentarse en pruebas de cargo válidas, suficientes y concluyentes, y tal suficiencia incriminatoria ha de ser racionalmente apreciada por el juez y explicada en la sentencia, de forma que el déficit de motivación o los errores en la motivación o su incoherencia interna, puestos en relación con la valoración de la prueba y, por tanto, con la existencia de prueba de cargo, supondrían, de ser estimados, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia. Desde la perspectiva casacional, únicamente compete a este Tribunal de Casación verificar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional: el juicio de inferencia del Tribunal ” a quo  ” sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia ( STS núm. 70/2011, de 9 de Febrero ).

 

 

 

 

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