Abogados Simulación delito 2017-08-05T16:10:32+00:00

CASOS DE ÉXITO RECIENTES EN SIMULACIÓN DE DELITO

Juzgado de Instrucción. Simulación de delito. Sobreseimiento

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Preguntas frecuentes sobre el delito de Simulación de Delito

Novedades jurisprudenciales sobre el delito de Simulación de Delito 

Sentencia SAP PO 49/16   
  
“Estando a los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo a la que alude el recurrente en su escrito , de fecha 22-05-2008 , ésta señala ” Y en relación al delito del art. 457 , esta Sala SSTS. 1221/2005 de 19.10 y 1350/2004 de 23.12 , ha recordado los elementos que configuran este delito: a) La acción de simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una infracción de este tipo inexistente en realidad, siendo el destinatario de la acción un funcionario judicial o administrativo que ante la noticia del delito tenga profesionalmente la obligación de proceder a su averiguación. b) Que esa actuación falsaria motive o provoque alguna actuación procesal. A este respecto, la STS de 24 de enero de 1.994 declaraba que “en todo caso, la simulación de delito se produce cuando se lleven a cabo determinados actos que se sabe, y a ello están destinados, van a provocar la intervención policial y posteriormente la judicial, iniciándose las correspondientes diligencias procesales”. c) El elemento subjetivo que se integra con la consciencia de la falsedad de aquello que se dice y la voluntad específica de presentar como verdaderos hechos que no lo son, lo que excluye la comisión culposa. 
  
En cuanto a la actuación procesal provocada o generada por la acción típica, es cierto que tradicionalmente se venía considerando por la doctrina de esta Sala como una condición objetiva de punibilidad en un delito de mera actividad, lo que determinaba, de otra parte, la exclusión de la posibilidad de la tentativa, al situarse el momento consumativo en el momento en que la falsa “notitia criminis” llegaba al conocimiento del funcionario que tenía el deber de su averiguación. Sin embargo, la actual línea jurisprudencial considera a esta figura como un delito de resultado, que estaría constituido por la actuación procesal subsiguiente, de suerte que en el ámbito de la ejecución se admite la tentativa en aquellos casos en los que la “notitia criminis” o denuncia simulada no llega a producir una actuación procesal, por lo que, a la postre, este elemento del tipo ya no se estima como una condición objetiva de punibilidad, sino como el resultado de la acción típica (SS.T.S. de 20 de noviembre de 1.995, 21 de octubre de 1.996 y 9 de enero de 2.003 , ). 
  
En consecuencia, aún en el supuesto de que, en efecto, no se hubiera llegado a producir actividad procesal alguna como resultado de la denuncia de un delito de robo que se sabía inexistente, ello no supondría la atipicidad de la conducta sino únicamente su calificación como delito intentado.” Doctrinalmente se estima que basta que se simule la ocurrencia de un hecho típico sin necesidad de que esa falsa apariencia se extienda a la antijuricidad o a la culpabilidad ; así como que la simulación puede tener lugar de modo directo – manifestando que ha ocurrido el delito que no sucedió – o indirecto – aportando falsos indicios de su efectiva ocurrencia ( Cobo del Rosal ) y también en relación a la acción que consiste en simular se señala que significa desfigurar esencialmente la realidad , fingiendo o imitando lo que no es . Lo mismo se simula cuando se relata un hecho que no ha existido que cuando se relata uno esencialmente distinto al realmente sucedido . Esto significa en el plano jurídico penal que lo mismo se simula delito cuando se finge uno no realmente cometido que cuando se da a entender que se ha cometido uno esencialmente distinto al realmente cometido 8 STS 29.3.1974 )( Muñoz Conde ).”   

Sentencia SAP-CR 565/15  
  
“Así, en cuanto al primero baste indicar que la sentencia recurrida se ajusta a la doctrina jurisprudencial vigente actualmente; doctrina que, tal y como razona la juzgadora a quo, superando la anterior, ha configurado el delito de simulación como un delito de resultado. Los argumentos, por lo demás recogidos en las resoluciones que cita la sentencia siendo la última la referida sentencia de 29 de octubre de 2.010 , en sí mismo rechazan la tesis que invoca al apelante, sin que sea necesario reiterarlos en esta alzada. No hay, por tanto, base jurídica actualmente para concluir que la actuación procesal se estime como una condición objetiva de punibilidad sino como el resultado de la acción típica de la que emerge la catalogación del delito de simulación del delito como de resultado. Es más la única referencia posterior a la misma en la jurisprudencia, si bien de forma marginal, es el ATS de 16 de mayo de 2.013 en el que señala que respecto “al delito de simulación de delito se consuma con la presentación de la denuncia ante los funcionarios policiales, provocando en el caso actuaciones procesales”, lo que desde luego no conlleva un cambio de tendencia jurisprudencial sino una reafirmación de la ya existente. 

CUARTO.- Igual sucede en cuanto al segundo. Sabido es que dentro de la tentativa de este delito, hay que distinguir los supuestos en los que, pese a la simulación, no llega a producirse la incoación del proceso penal por causas independientes de la voluntad del agente, por lo que la tentativa es punible con arreglo al art. 16.1 del C.P ., de aquellos otros en los que, cometida la simulación es la voluntaria retractación del sujeto la que impide que se inicie el procedimiento en cuyo caso la tentativa no es punible, al quedar exento de responsabilidad penal quien evita voluntariamente la consumación del delito intentado, conforme a lo dispuesto en el art. 16.2 del C.P . ( STS 6 de marzo de 2002 ). La reciente jurisprudencia ha destacado que la interpretación del art. 16.2 del C.P . ha de ser sin duda exigente con respecto a la voluntariedad y eficacia de la conducta que detiene el “iter criminis” ( STS 20 de septiembre de 2002 , entre otras). Una de las condiciones esenciales para que el desistimiento del sujeto tenga esa eficacia excluyente de la responsabilidad penal, además de su capacidad de evitar, activa o pasivamente, la consumación delictiva de modo definitivo, es que sea, en todo caso, voluntario, es decir, que obedezca a la decisión libre y espontánea del agente y no a fenómenos o circunstancias causales independientes de su autónoma determinación, como pueden ser determinados obstáculos o impedimentos exteriores a su acción ( SSTS. 11 de octubre 1978 , 21 de diciembre 1983 , 9 de marzo 1987 , 9 de junio 1992 , 19 de octubre 1996 y 9 de marzo 1999 ). 
  
En este sentido, puede ocurrir que la falta de voluntariedad consista, tanto en que el sujeto fracase en su intento y no pueda lograr la consumación delictiva por una imposibilidad objetiva sobrevenida aunque quiera seguir actuando, como en que el propio desistimiento obedezca a motivos interesados que le hayan impulsado, al percibir un riesgo concreto de sanción penal, a evitar la perfección del delito y la producción del resultado. Entre los casos de desistimiento involuntario y no excluyente de la pena se deben contar aquellos en los que el agente se retracta o desiste porque ha sido descubierto y actúa bajo el temor concreto al castigo. Así, en la simulación del delito, se considera tentativa punible y no desistimiento voluntario el hecho de que no llegue a incoarse el procedimiento penal porque los funcionarios policiales, ante los cuales se simuló la existencia de la infracción criminal o que tramitan el atestado correspondiente, descubren la falacia en el curso de las primeras diligencias de investigación previas a la remisión de las actuaciones a la Autoridad Judicial ( STS. 6 de marzo de 2002 ).”   
  
Sentencia SAP O 499/2015 
  
“Conocida es la doctrina jurisprudencial que establece que , si ante el Tribunal juzgador se produce una actividad probatoria en términos de corrección procesal, su valoración corresponde a quien ha presidido la práctica de esa prueba: Dar más credibilidad a un testigo que a otro, o decidir sobre la radical oposición entre la versión de denunciante y denunciado, es tarea de quien ve y oye lo que estas personas declaran ( STS de 26-III-98 [RJ 19982436]). El Juez tiene obligación de explicar en su sentencia cuál es la apreciación que ha realizado de todo lo que ha visto y examinado, y el por qué llega a la conclusión que expone: si la misma responde a una apreciación lógica, sujeta a las pautas y directrices de rango objetivo que lleva a una historificación de los hechos en adecuado ensamblaje con ese acervo de datos acreditativos y revelados de que ha dispuesto, es difícil modificar la conclusión a que se llega. 
  
Para esa revocación es imprescindible: o que no se haya ajustado a una interpretación lógica; que alguna prueba de las valoradas no haya sido correctamente practicada de acuerdo con los principios de obligada observancia en el proceso penal…..entre los que está el derecho a la presunción de inocencia, que constituye, por un lado, un principio o criterio ordenador del sistema procesal penal, además de un derecho fundamental y para que pueda ser desvirtuado, se exige una vigorosa prueba de cargo, de la que no quede resquicio de duda de que los hechos se hayan producido en la forma en que las acusaciones lo plantean. Esta prueba ha de haberse practicado con la observancia de las garantías procesales (oralidad, publicidad, concentración, inmediación, igualdad y dualidad de partes), de forma que la convicción del Juez venga por el contacto directo con tales medios, sin perjuicio de la lógica facultad de valorar libremente la prueba y su resultado, en los términos y con la consecuencia explicada en el párrafo anterior, por lo que a ésta segunda instancia se refiere. 
  
Y en aplicación del principio de tutela efectiva, en relación con la motivación de las resoluciones judiciales, y el contenido que, necesariamente, ha de verse en las sentencias, recordar que ha de poder constatarse un concreto y preciso relato de los hechos que, para el autor de la resolución, han quedado probados, y seguidamente cuanto se pone de manifiesto en los párrafos anteriores, es decir, cuáles son las pruebas que han servido para sustentar esa declaración de hechos probados, junto con esa imprescindible valoración, para, seguidamente, y una vez sustentado lo anterior, declarar las consecuencias jurídicas de todo ello. En este sentido, podemos recordar cómo (entre otras resoluciones) la sentencia 193/1996, de 26 de noviembre (RTC 1996193), del Tribunal Constitucional , reiterando una doctrina bien consolidada, contiene que es “… exigencia ineludible de las resoluciones judiciales que adoptan la forma de autos o sentencias, el proceder a su motivación. 
  
Esta no es un simple complemento de la decisión de Jueces y Tribunales, sino que constituye un elemento decisivo en la formación de tales resoluciones, reconocida y establecida constitucionalmente en el art. 120,3, y que contribuye decisivamente a dotar de una relevante significación a la decisión judicial, explicando el por qué de la convicción alcanzada respecto de los hechos probados, esto es, en lo atinente a la determinación de las pruebas en las que el órgano judicial se ha basado para llegar a la existencia de los mismos, así como en lo referente a los fundamentos de derecho, razonando el proceso de subsunción de los hechos probados en las correspondientes normas jurídicas, e incluso el uso que se hace del arbitrio judicial en los casos en que éste procede”. La razón de tal exigencia es perfectamente comprensible: la ausencia de valoración de la prueba practicada, o la falta de invocación de la que sirvió de fundamento de la convicción judicial, provoca una grave indefensión para las partes que se crean agraviadas, ya que se ven obligadas a realizar conjeturas sobre cuáles pudieron ser los motivos que guiaron al juzgador de instancia a adoptar su decisión; y, además, porque colocan en una incómoda posición al órgano de alzada, quien se ve imposibilitado de revisar el proceder de aquél.”  

Defensa Penal Experta

Llámenos
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