Abogados Recurso Casación2018-01-27T08:52:27+00:00
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Imparcialidad del Juez

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sentencia 363/18

“Respecto a la imparcialidad referida al juez que instruyó la causa cabe, en principio, estimar que, tras la celebración del juicio oral y el dictado de sentencia, puede examinarse en el ámbito de la casación si se ha vulnerado el derecho al juez imparcial ( artículo 24 de la Constitución dentro del contenido del derecho a un juicio con todas las garantías) así como el derecho al juicio justo en los términos del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos . 2.- Así lo advirtió el TEDH en la sentencia de 6 de enero de 2010 (caso Vera Fernández-Huidobro c. España ) en la que se alegaba la enemistad manifiesta del Juez titular del JCI nº 5 respecto del demandante. Se afirmó allí que los principios que rigen la exigencia de imparcialidad deben serle aplicados de la misma manera que a los jueces del fondo o de enjuiciamiento y, particularmente, en consideración a la naturaleza de la fase de instrucción ( Mitterrand c . Francia (dic.), no 39344/04, 7 de noviembre de 2006).

Porque ha considerado que las garantías del artículo 6 se aplicaban al conjunto del proceso, incluidas las fases de investigación preliminar y de instrucción judicial (ver, particularmente, las sentencias Imbrioscia c. Suiza , 24 de noviembre de 1993, § 36 , y Pandy c. Bélgica , no 13583/02 , § 50, 21 de septiembre de 2006 ) en la medida en que su incumplimiento inicial tiene el riesgo de comprometer gravemente el carácter equitativo del proceso . Por ello el artículo 6 ¬especialmente su párrafo 3¬ puede ser relevante antes de que conozca el Juez sentenciador si, y en la medida en que, su incumplimiento en esafase previa entraña el riesgo de comprometer gravemente la equidad delproceso (Imbrioscia, ya citada, § 36). Tal como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal, el derecho enunciado en el párrafo 3 c) del artículo 6 constituye un elemento, entre otros, de la noción de proceso equitativo en materia penal a la que se refiere el párrafo 1 (Imbrioscia , ya citada, § 37, Brennan c. ReinoUnido , no 39846/98, § 45, CEDH 2001 -X, y Salduz c. Turquía [GC], no 36391/02, § 50, 27 de noviembre de 2008).

Pero, adviértase que la toma en consideración de tal queja, referida a esa fase, se admite en la medida en que los actos llevados a cabo por el Juez de Instrucción influyen directa e inevitablemente sobre el desarrollo y, por tanto, sobre la equidad del procedimiento posterior incluido el proceso propiamente dicho . Por ello el TEDH considera que, aunque algunas de las garantías procesales contempladas por el artículo 6 § 1 del Convenio pueden no aplicarse en la fase de instrucción, las exigencias del derecho a un proceso equitativo en su sentido más amplio, implican necesariamente que el Juez de Instrucción sea imparcial (ver, mutatis mutandis, Micallef c. Malta [GC], no 17056/06, § 86, 15 de octubre de 2009). El Tribunal ha subrayado, por otro lado, la importancia de la fase de la investigación para la preparación del proceso, en la medida en que las pruebas obtenidas durante esta fase determinan el marco en el cual, la infracción imputada será examinada en el proceso (Can c. Austria , no 9300/81, informe de la Comisión del 12 de julio de 1984, § 50, serie A no 96).

En aquel caso, el TEDH pudo decir que a la luz de los hechos del caso, el Tribunal considera que la imparcialidad del Juez Central de Instrucción n° 5 podía considerarse cuestionable y las aprehensiones del demandante sobre este punto pueden, por tanto, ser consideradas justificadas objetivamente; en consecuencia, la perspectiva objetiva lleva a la conclusión de que, cuando se integró a su cargo de Juez después de su excedencia para poder presentarse como candidato a las elecciones generales de 1993 y reanudó la instrucción del sumario del presente procedimiento, el Juez Central de Instrucción n° 5 no cumplía las exigencias de imparcialidad impuestas por el artículo 6 del Convenio.

Pero en concordancia con el planteamiento que acabamos de exponer en este Fundamento Jurídico, el Tribunal ha considerado que cuando el procedimiento fue reenviado al Tribunal Supremo, se designó un Magistrado de la Sala de lo Penal como instructor y que las partes tuvieron la posibilidad de confirmar o contradecir sus declaraciones, tanto ante él como en el curso del juicio oral ante el Tribunal Supremo, con respeto de todas las garantías debidas. En consecuencia, considera con el Tribunal Constitucional, «[que] no es posible deducir, como hace el actor, una pretensión de nulidad de la instrucción emprendida por el Magistrado mencionado del Tribunal Supremo derivada del hecho de que los actos procesales realizados por el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional estuviesen, a su juicio, teñidos de parcialidad»”

El recurso de casación por quebrantamiento de forma

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 5/18

“Según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 570/2002, de 27-3 ; 99/2005, de 2-2 ; 999/2007, 26-11 ; 753/2008, de 19-11 ; 54/2009, de 22-1 ; y 884/2013, de 20-11 , entre otras), para que exista el quebrantamiento de forma consistente en la contradicción entre los hechos probados, es necesario que se den las siguientes condiciones:

a) que la contradicción sea interna, esto es, que se dé entre los pasajes del hecho probado, pero no entre éstos y los fundamentos jurídicos;

b) que sea gramatical, es decir, que no sea una contradicción deducida a través de una argumentación de carácter conceptual ajena al propio contenido de las expresiones obrantes en el relato fáctico, sino que se trate de contradicción “in términis”, de modo que el choque de las diversas expresiones origine un vacío que arrastre la incongruencia del fallo, porque la afirmación de una implique la negación de la otra;

c) que sea manifiesta e insubsanable en cuanto oposición antitética y de imposible coexistencia simultánea y armonización, ni siquiera con la integración de otros pasajes del relato; y d) que sea esencial y causal respecto del fallo. ( STS nº 440/2015, de 29 de junio ).”

La casación por motivo de denegación de prueba

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 10/18

“Como ya hemos recordado en ocasiones precedentes, la casación por motivo de denegación de prueba prevista en el art. 850.1º LECr . requiere para que prospere, según se deduce de los términos de tal precepto, de lo dispuesto en los arts. 659 , 746.3 , 785 y 786.2 LECr ., y de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, los requisitos siguientes:

1º) La prueba denegada tendrá que haber sido pedida en tiempo y forma, en el escrito de conclusiones provisionales y también en el momento de la iniciación del juicio en el procedimiento abreviado.

2º) La prueba tendrá que ser pertinente, es decir relacionada con el objeto del proceso y útil, esto es con virtualidad probatoria relevante respecto a extremos fácticos objeto del mismo; exigiéndose, para que proceda la suspensión del juicio, que sea necesaria; oscilando el criterio jurisprudencial entre la máxima facilidad probatoria y el rigor selectivo para evitar dilaciones innecesarias; habiendo de ponderarse la prueba de cargo ya producida en el juicio, para decidir la improcedencia o procedencia de aquella cuya admisión se cuestiona.

3º) Que se deniegue la prueba propuesta por las partes, ya en el trámite de admisión en la fase de preparación del juicio, ya durante el desarrollo del mismo, cuando se pide en tal momento la correlativa suspensión del juicio.

4º) Que la práctica de la prueba sea posible por no haberse agotado su potencia acreditativa. Y 5º) Que se formule protesta por la parte proponente contra la denegación ( SSTS. 1661/2000 de 27-11 ; 869/2004, de 2-7 ; 705/2006, de 28-6 ; y 849/2013, de 12-11 ). Esta Sala de casación, al examinar el requisito de la necesidad de la prueba denegada, establece, en la sentencia 545/2014, de 26 de junio , que para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no sólo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba debe aparecer como indispensable para formarse un juicio correcto sobre los hechos justiciables. La necesidad es requisito inmanente del motivo de casación previsto en el art. 850.1 LECrim . Si la prueba rechazada carece de utilidad o no es “necesaria” a la vista del desarrollo del juicio oral y de la resolución recaída, el motivo no podrá prosperar.

El canon de “pertinencia” que rige en el momento de admitir la prueba se muta por un estándar de “relevancia” o “necesidad” en el momento de resolver sobre un recurso por tal razón. Y en la misma resolución citada se precisa que en casación la revisión de esa decisión ha de hacerse a la luz de la sentencia dictada, es decir, en un juicio ex post . No se trata tanto de analizar si en el momento en que se denegaron las pruebas eran pertinentes y podían haberse admitido, como de constatar a posteriori y con conocimiento de la sentencia (ahí radica una de las razones por las que el legislador ha querido acumular el recurso sobre denegación de pruebas al interpuesto contra la sentencia, sin prever un recurso previo autónomo), si esa denegación ha causado indefensión. Para resolver en casación sobre una denegación de prueba no basta con valorar su pertinencia. Ha de afirmarse su indispensabilidad. La superfluidad de la prueba, constatable a posteriori , convierte en improcedente por mor del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas una anulación de la sentencia por causas que materialmente no van a influir en su parte dispositiva.”

Qué debe interpretarse por interés casacional

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 834/17

“En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por «interés casacional», esta Sala, reunida en Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

«A) El artículo 847 1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECrim , debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículos 884 LECrim ).

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( artículo 892 LECrim )».

Los nuevos recursos de apelación y casación

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

La Ley 41/2015 de 5 de octubre amplía el alcance de los recursos de apelación y casación, generalizando la segunda instancia penal. Estas son las posibilidades de apelación y casación para los procesos incoados a partir del 06 de diciembre de 2015. Son recurribles en apelación y casación:

Ante la Audiencia Provincial:

  • Apelación contra los autos y providencias de fondo del juez de instrucción y de lo penal en el procedimiento abreviado no legalmente exceptuados de recurso.
  • Apelación contra los a utos y providencias de fondo dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, con excepción de los autos que supongan la finalización del proceso o sobreseimiento libre, que son apelables ante los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Apelación contra sentencias dictadas por los juzgados de instrucción y los juzgados penales.

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a) que la contradicción sea interna, esto es, que se […]

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1º) La […]

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