El derecho a un Juez imparcial

Sentencia TSJ CV 1 7/18

“Nuestro Tribunal Constitucional ha proclamado que el derecho a un Juez imparcial, aunque no aparezca expresamente aludido, forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE ( SSTC 133/2014 , FJ 3; FJ 178/2014; FJ 2, por todas), y que constituye una garantía básica de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho que condiciona su propia existencia, pues sin juez imparcial no hay propiamente un proceso jurisdiccional. Por su lado, el art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la Ley; en el mismo sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( art. 14.1) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 10).

Todo proceso judicial requiere contraposición entre dos partes desde una perspectiva estructural, de modo que la potestad jurisdiccional se residencia en el ámbito de “lo tercero”. Desde otra óptica, la imparcialidad, como cualidad del titular del órgano jurisdiccional, significa que este actúa sin otro criterio o voluntad que el de aplicar el derecho en el caso: tiene como presupuesto lo relativo a su posición en el proceso, esencialmente subjetiva que supone desinterés respecto del objeto del proceso y desvinculación personal en relación a cada una de las partes concretamente intervinientes ( SSTS núm. 215/2017, de 29 de marzo ; 621/2017, de 18 de septiembre ).

El Tribunal Constitucional ha distinguido entre la imparcialidad objetiva y la subjetiva; la primera se perdería con la previa toma de contacto del juez con el objeto del proceso, mientras que la segunda, con las indebidas relaciones del juez con las partes. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado la misma distinción, pero con un significado diferente, pues su perspectiva subjetiva trata de apreciar la convicción personal del juez a fin de excluir a aquel que internamente haya tomado partido con carácter previo, o vaya a basar su decisión en prejuicios indebidamente adquiridos, mientras que la perspectiva objetiva, sin embargo, se dirigiría a determinar si, pese a no haber exteriorizado convicción personal alguna ni toma de partido previa, el juez ofrece garantías suficientes para excluir la duda legítima al respecto (SSTEDH Piersack , p. 30, y De Cuber , p. 24).”

2018-02-27T08:20:18+00:00