El tipo penal del delito de receptación

El tipo penal del delito de receptación

Sentencia SAP C 619/15

“Entrando en lo que afecta al fondo del asunto, el delito de receptación se define como un delito de referencia, esto es, que precisa de la ejecución previa de otro delito del que obtiene o aprovecha las ventajas que del mismo se derivan. Por esta razón su naturaleza es pluriofensiva, manteniendo el ataque al bien protegido en el delito previo a la vez que supone, de forma autónoma, un ataque contra la Administración de Justicia, al dificultar la persecución y castigo de los delitos dada la adhesión indirecta a los mismos de quien se beneficia de su comisión atacar el tráfico lícito de bienes al facilitar el de los de naturaleza ilícita. El artículo 298 del Código Penal define este tipo sobre dos elementos: el de auxiliar a los responsables del delito a su aprovechamiento sin haber tomado parte en su ejecución y el de la finalidad de obtener un beneficio con conocimiento de la previa acción ilícita, con independencia de que la intención que prevalezca sea la de ayudar a los autores o la de lograr el propio beneficio, no exclusivamente de carácter económico ( SSTS de 12-06-2011, recursos número 1494-2011 ; de 25-10- 2011, recurso 2422-2011 ; de 12-06-2012, recurso número 1494-2011 ; y de 30-12-2013 , recurso número 92-2013).

El aspecto psicológico como tal resulta difícil que pueda ser acreditado de forma directa sino por la vía de la inferencia a través de una serie de indicios, como la irregularidad de las circunstancias de la adquisición, la clandestinidad de ésta, la credibilidad de las explicaciones aportadas para justificar la tenencia de los bienes sustraídos, la personalidad de los implicados, la mediación de un precio vil o ínfimo desproporcionado con el valor real de los objetos adquiridos, entre otros elementos indiciarios ( SSTS de 21-01- 2000, recurso número 106-1998 ; y de 08-06-2001 , recurso número 2035-1999). Y el ánimo de lucro se deduce a partir de datos objetivos, sin que sea preciso que el receptador se beneficie en una cantidad económica o que se adueñe de los efectos robados, bastando cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, incluso meramente personal o social de cara a beneficios ulteriores, lo que desplaza la exigencia del tipo de la percepción de un beneficio concreto al propósito de obtener alguna ventaja propia, inmediata o futura no necesariamente de la cosa misma como del precio, recompensa o promesa ofrecido por el autor del delito principal u otras personas ( STS de 11-09-2009 , recurso número 2204-2008). Sobre esta definición poco puede objetarse a la sentencia de grado en su doble faceta de valoración de la prueba y de aplicación de la norma penal que ella corresponde.

En cuanto a la primera, la idea de un posible error en su valoración se desvanece con la simple lectura de las actuaciones, en especial las del perjudicado y los agentes de Policía que investigaron los hechos y que establecen una relación entre el imputado y los objetos sustraídos con una proximidad temporal que descarta la versión del apelante Sebastián sobre su hallazgo en una zona de recogida selectiva de desperdicios, lo que unido al resto de sus circunstancias personales y de comisión del hecho llena la previsión indiciaria antes señalada. A ello se tiene que añadir que la forma de venta y el precio aceptado por las cosas permite valorar la concurrencia de los elementos tangenciales antes enunciados respecto de la presencia del elemento subjetivo del injusto. En este escenario es aplicable el principio de intangibilidad de las sentencias dictadas al amparo del privilegio de la inmediación en el marco de la revisión apelatoria o casacional, que limita tal función a la valoración de su respeto a la realidad material de las actuaciones y de la racionalidad del argumento lógico seguido para llegar al pronunciamiento de fondo.

Vista desde estos estrictos términos la decisión adoptada y formalizada en la sentencia tiene que prevalecer, porque la totalidad del material de convicción válidamente practicado y por ello sometido a la valoración judicial fue analizado desde un obligado prisma de imparcialidad que hace que la decisión adoptada quede al margen de las estimaciones propias de la parte y más todavía de su aceptación de la decisión judicial, dado que no hay posibilidad de pretender que se le tenga que añadir a todos los requisitos exigidos a una resolución judicial motivada el del poder para convencer a la parte ( SSTS de 16-10-2013, recurso número 538-2013 ; de 03-12-2013, recurso número 10587-2013 ; de 20-02-2014, recurso número 1183-2013 ; de 15-04- 2014, recurso número 1898-2013 ; de 15-10-2014, recurso número 411-2014 ; de 25-11-2014, recurso número 363-2014 ; de 20-01-2015, recurso número 942-2014 ; de 18-02-2015, recurso número 1656-2014 ; y de 21-04-2015 , recurso número 1815-2014).”

2018-01-21T21:47:24+00:00