Abogados Administración Desleal2018-01-27T08:59:36+00:00
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¿Cuándo se comete el delito de administración desleal?

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

La jurisprudencia penal considera que se incurre en este delito cuando el administrador perjudica patrimonialmente a una persona, empresa o institución, dedicando el dinero que administra a fines no adecuados o preestablecidos. El administrador, con este comportamiento, infringe intencionadamente su deber de fidelidad con respecto a administrado. Hay que tener en cuenta que este delito puede tener lugar sin necesidad de que quede probado que el dinero ha pasado a disposición del administrador desleal. Basta con la evidencia de que la deslealtad ha ocasionado un perjuicio a la persona o entidad administrada.

Los tribunales han apreciado este delito en directivos que giran facturas falsas a su empresa; presidentes de comunidad de propietarios que se apropian de fondos comunitarios; administradores societarios que realizan ventas que posteriormente no declaran a los propietarios; apoderados que desvían fondos hacia sus propias cuentas; responsables de finanzas que se quedaban con un tanto por ciento de las indemnizaciones que pagaban a los comerciales de la compañía; empresarios inmobiliarios que dedicaban los fondos de una cooperativa a cubrir deudas con terceros; y constructores que no dedicaron los importes pagados por los compradores a construir las viviendas contratadas.

Por otra parte, los tribunales no han considerado que se realizaba el delito de administración desleal en el caso de empresarios que entran en quiebra y no pueden devolver el patrimonio invertido por los administrados por causas atribuibles a la dinámica del mercado; administradores que incumplen acuerdos con terceros distintos de los administrados; y administradores que constituyen fondos de pensiones para los consejeros, porque no se apropian ni distraen fondos sociales. La administración desleal se diferencia de la estafa en que la acción delictiva de administración fraudulenta no se produce a partir de un engaño inicial, sino por el quebranto de una inicial relación de confianza lícita entre administrador y administrado.

Diferencia entre los delitos de administración desleal y apropiación indebida

Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Penal 574/17

“En la sentencia 206/2014, de 3 de marzo , se argumenta que, entre las diferentes pautas interpretativas acerca de la delimitación de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, una primera línea explica la relación entre ambos preceptos ( art. 252 y 295 del C Penal ) como un concurso de normas resuelto con arreglo al principio de alternatividad, esto es, sancionando el delito que ofrece mayor pena. El delito de administración desleal, como consecuencia de su menor penalidad (puesto que ofrece una alternativa de entre pena de prisión de hasta cuatro años de duración con una simple pena de multa), originó que, en un primer momento, la Sala se decantase por el principio de alternatividad, a favor naturalmente del delito de apropiación indebida, que era el sancionado con más rigor. En otras ocasiones, para su distinción, se ha recurrido a la figura de los círculos concéntricos en donde el conjunto mayor era la apropiación indebida y la administración desleal el menor, aplicándose para dirimir el concurso normativo el principio de especialidad. La STS 91/2013, de 1 de febrero , siguiendo la STS 462/2009, de 12 de mayo , ha solventado la distinción mediante el criterio jurídico del objeto que comprende el espacio típico abarcado por ambos preceptos. Pues mientras que el art. 252 del C. Penal se referiría a un supuesto de administración de dinero, esto es, llamado a incriminar la disposición de dinero o sobre activos patrimoniales en forma contraria al deber de lealtad, el art. 295 abarcaría dos supuestos diferentes:

a) la disposición de bienes de una sociedad mediante abuso de la función del administrador;

b) la causación de un perjuicio económicamente evaluable a la sociedad administrada mediante la estipulación de negocios jurídicos, también con abuso de la condición de administrador. No existiría, pues, un concurso de normas, porque el mismo hecho no sería subsumible en dos tipos a la vez. La STS 656/2013, de 22 de julio , que cita a su vez las SSTS 91/2013, de 1 de febrero , y 517/2013, de 17 de junio , sostiene el criterio de que, en la apropiación indebida del art. 252, apropiarse y distraer son dos formas típicas que exigen un comportamiento ilícito como dueño y el incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de modo que el que se apropia desvía los bienes -también el dinero- hacia su propio patrimonio, y el que distrae lo hace en beneficio del patrimonio de un tercero. Sólo la primera de las modalidades exige el animus rem sibi habendi y el propósito personal de enriquecimiento. Sin embargo, en el art. 295 del C. Penal las conductas descritas se centran en actos dispositivos de carácter abusivo de los bienes sociales pero que no implican apropiación, es decir, ejecutados sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que, tanto si se ejecutan en beneficio propio como si se hacen a favor de un tercero, no son actos apropiativos sino actos de administración desleal y, por tanto, menos graves que los contemplados en el art. 252 del C. Penal , de ahí la diferencia de pena.

Acaso resulte especialmente ilustrativo -señala la sentencia 206/2014 – el criterio que sitúa la diferencia entre ambos preceptos desde la perspectiva de la estructura y del bien jurídico protegido. Así, mientras que en el art. 252 del CP el acto dispositivo supone una actuación puramente fáctica, de hecho, que desborda los límites jurídicos del título posesorio que se concede, en el delito societario del art. 295 quien obliga a la sociedad o dispone de sus bienes lo hace en el ejercicio de una verdadera facultad jurídica, una capacidad de decisión que le está jurídicamente reconocida. El desvalor de su conducta radica en que lo hace de forma abusiva, con abuso de las funciones propias del cargo. Su exceso funcional no es de naturaleza cuantitativa, por extralimitación, sino de orden teleológico, por desviación del objeto perseguido y del resultado provocado. El bien jurídico también sería distinto en ambos casos. Mientras que en la apropiación indebida del art. 252 del CP , el bien protegido por la norma sería la propiedad o el patrimonio entendido en sentido estático, en la administración desleal del art. 295, más que la propiedad propiamente dicha, se estaría atacando el interés económico derivado de la explotación de los recursos de los que la sociedad es titular.

Tendría, pues, una dimensión dinámica, orientada hacia el futuro, a la búsqueda de una ganancia comercial que quedaría absolutamente defraudada con el acto abusivo del administrador”. Otras veces el alcance de la extralimitación de un administrador en la utilización de un poder ha servido a esta Sala para ubicar las conductas punibles en el ámbito específico del delito de apropiación indebida o en el tipo societario de administración fraudulenta; de tal modo que si el administrador actúa ilícitamente fuera del perímetro competencial de los poderes concedidos -exceso extensivo- estaríamos ante un posible delito de apropiación indebida, y cuando se ejecutan actos ilícitos en el marco propio de las atribuciones encomendadas al administrador -exceso intensivo- operaría el tipo penal del art. 295 ( SSTS 462/2009, de 12- 5 ; 623/2009, de 19-5 ; 47/2010, de 2-2 ; y 707/2012, de 20-9 , entre otras). Sin embargo, tal como se viene a sostener en la STS 656/2013, de 22 de julio , y se acoge en la sentencia de síntesis 206/2014 , la tesis delimitadora más correcta entre los tipos penales de la distracción de dinero y bienes fungibles ( art. 252 del C. Penal ) y del delito de administración desleal es la que se centra en el grado de intensidad de la ilicitud del comportamiento del autor en contra del bien jurídico tutelado por la norma penal . De modo que ha de entenderse que las conductas previstas en el art. 295 del CP comprenden actos dispositivos de carácter abusivo de los bienes sociales, pero sin un fin apropiativo o de incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que se hable de actos de administración desleal.

En cambio , la conducta de distracción de dinero prevista en el art. 252 del C. Penal , ya sea a favor del autor del delito o de un tercero, presenta un carácter de apropiación o de incumplimiento definitivo que conlleva un mayor menoscabo del bien jurídico . Este criterio no solo tiene la ventaja de la claridad conceptual y funcional a la hora de deslindar el ámbito de aplicación de ambas figuras delictivas, sino que también permite sustentar con parámetros más acordes de justicia material la diferencia punitiva que conllevan ambos preceptos (el art. 252 y el 295). Y es el criterio también aplicado en la STS 517/2013, de 17 de junio , que ubica la diferencia entre ambas figuras en que en la administración desleal se incluyen las actuaciones abusivas y desleales de los administradores que no comporten expropiación definitiva de los bienes de que disponen, en beneficio propio o de tercero, mientras que en la apropiación indebida se comprenden los supuestos de apropiación genuina con “animus rem sibi habendi” y la distracción de dinero con pérdida definitiva para la sociedad”, siendo esta diferencia la que justifica la reducción punitiva, que en ningún caso resultaría razonable si las conductas fuesen las mismas y sin embargo se sancionasen más benévolamente cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador.”

El elemento subjetivo en el delito societario de administración fraudulenta

Sentencia AP LO 154/15     

“En cuanto al elemento subjetivo que es cuestionado expresamente en el recurso, al entender que no se apreciaba esa actuación fraudulenta en los hechos que se declaraban probados, ha de referirse que, conforme a STS 2ª – 26/02/2008 – 1664/2007 la dicción literal del precepto -«disponer fraudulentamente»- requiere engaño, lo que para algunos sectores acerca este delito a la figura de la estafa, sin olvidar su proximidad con la apropiación indebida. El administrador desleal del art. 295 actúa en todo momento como tal administrador y lo hace dentro de los límites que procedimentalmente se señalan a sus funciones, aunque al hacerlo de modo desleal en beneficio propio o de tercero, venga a causar un perjuicio típico: el exceso que comete es intensivo, en el sentido de que su actuación se mantiene dentro de sus facultades, aunque indebidamente ejercidas. Por el contrario, la apropiación indebida supone una disposición de los bienes cuya administración ha sido encomendada que supera las facultades del administrador, causando también un perjuicio a un tercero.

Son conductas diferentes y, aunque ambas sean desleales desde el punto de vista de la defraudación de la confianza, en la apropiación indebida la deslealtad supone una actuación fuera de lo que el título de recepción permite, mientras que en la otra, la deslealtad se integra por un ejercicio abusivo de las facultades del administrador. Es posible hablar de un delito societario de administración desleal propio o puro, desligado de la apropiación y plenamente diferenciable de la misma: el tipo no conlleva necesariamente un «animus rem sibi habendi», sino que sólo precisa un dolo genérico, equivalente al conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasional al principal que el delito del art. 295 CP tipifica la gestión desleal que comete el administrador, de hecho o de derecho, o el socio de cualquier sociedad, constituida o en formación, cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero o bienes de la sociedad cuya disposición tiene a su alcance, no siendo necesario que se pruebe que dichos efectos han quedado incorporados a su particular patrimonio y bastando a tal fin la simple desaparición de bienes, sin que se acredite a dónde se han dirigido (despatrimonialización de la sociedad).

El bien jurídico protegido es, pues, el patrimonio de los sujetos enumerados en el tipo. El sujeto pasivo de la acción es la sociedad o, si se prefiere y hablando entonces de objeto material, su patrimonio. El delito es de resultado en su sentido tradicional: se precisa un efecto derivado y conexo causalmente o por imputación objetiva a alguna de las conductas típicas. El resultado es un perjuicio económicamente evaluable, entendiendo por «perjuicio» tanto la merma patrimonial cuanto la ausencia de un incremento posible y ciertamente esperado. «Económicamente evaluable» significa que se pueda concretar el valor de dicho perjuicio en dinero, bien constatando documentos, bien mediante un informe pericial.”

Títulos que contemplan la comisión del delito de administración desleal

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 
STS 428/15 

“En efecto, amén de que en la modalidad apropiativa de la “distracción” el objeto entregado ha de ser dinero o cosa fungible (delito de administración desleal) y en nuestro caso no lo es, el art. 252 (el 1 de julio de 2015, será el art. 253 C.P .), establece una limitación respecto a los títulos de recepción de las cosas o títulos comisivos, entre los que excluye el de permuta, sin pacto de reserva de dominio. La jurisprudencia de esta Sala, tan abundante que es ocioso mencionar, ha ido concretando aquellos títulos que permiten la comisión de este delito, aparte de los tres que acoge el art. 253 (antes 252 C.P .): depósito, comisión o administración, concretamente el mandato, la aparcería, el transporte, la prenda, el comodato, la compraventa con pacto de reserva de dominio (la transmisión de la propiedad pendería de una condición), la sociedad, el arrendamiento de cosas, de obras o servicios, debiendo precisarse al respecto que, dado el carácter abierto de la formulación, caben también aquellas relaciones jurídicas de carácter complejo o atípicas, que no encajan en ninguna de las categorías concretas de las establecidas en la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en tal norma penal, esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver, lo que no existe con los casos de compraventa, préstamo, mutuo, permuta o donación . Estamos, por tanto, ante un caso de atipicidad, a pesar de la inmoralidad de la conducta enjuiciada e injusta situación en la que quedó el perjudicado.”

¿Cuándo se comete el delito de administración desleal?

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

La jurisprudencia penal considera que se incurre en este delito cuando el administrador perjudica patrimonialmente a una persona, empresa o institución, dedicando el dinero que administra a fines no adecuados o preestablecidos. El administrador, con este comportamiento, infringe intencionadamente su deber de fidelidad con respecto a administrado. Hay que tener en cuenta que este delito puede tener lugar sin necesidad de que quede probado que el dinero ha […]

Diferencia entre los delitos de administración desleal y apropiación indebida

Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Penal 574/17

“En la sentencia 206/2014, de 3 de marzo , se argumenta que, entre las diferentes pautas interpretativas acerca de la delimitación de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, una primera línea explica la relación entre ambos preceptos ( art. 252 y 295 del C Penal ) como un concurso de normas resuelto con arreglo al principio de alternatividad, esto es, sancionando el […]

El elemento subjetivo en el delito societario de administración fraudulenta

Sentencia AP LO 154/15     

“En cuanto al elemento subjetivo que es cuestionado expresamente en el recurso, al entender que no se apreciaba esa actuación fraudulenta en los hechos que se declaraban probados, ha de referirse que, conforme a STS 2ª – 26/02/2008 – 1664/2007 la dicción literal del precepto -«disponer fraudulentamente»- requiere engaño, lo que para algunos sectores acerca este delito a la figura de la estafa, sin olvidar su […]

Títulos que contemplan la comisión del delito de administración desleal

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 
STS 428/15 

“En efecto, amén de que en la modalidad apropiativa de la “distracción” el objeto entregado ha de ser dinero o cosa fungible (delito de administración desleal) y en nuestro caso no lo es, el art. 252 (el 1 de julio de 2015, será el art. 253 C.P .), establece una limitación respecto a los títulos de recepción de las cosas o títulos comisivos, entre los […]

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