Abogados Ejecutorias2018-01-27T09:02:48+00:00
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El devengo de intereses moratorios

Sentencia AP V 3 154/18

“Así pues, en relación con el devengo de intereses, la STS, Sala II, 99/2014, 5-2 (rec. 956/ 2013 ), expresa que “…la jurisprudencia de la Sala I (…), declaró que el reconocimiento de la existencia de la deuda reclamada judicialmente por el acreedor no tenía un valor constitutivo, sino meramente declarativo al ser la deuda anterior al propio proceso civil, y teniendo tal valor declarativo, la completa satisfacción de los derechos del acreedor exigía que se le abonasen los intereses de demora aún cuando la cantidad concedida en sentencia fuese menor a la reclamada, si bien en relación al momento inicial para el devengo de tales intereses moratorios, se situó en la fecha de la reclamación inicial. En tal sentido pueden citarse las SSTS de la Sala I de 13 de octubre de 1997 , núm. 1117 de 3 de diciembre de 2001 , 891 de 24 de septiembre de 2002 ; núm. 1223 de 19 de diciembre de 2002 ; 31 de marzo ; 20 de mayo y 30 de noviembre de 2004.

Más aún, la Sala I de este Tribunal Supremo en el Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2005 consolidó la nueva orientación en el sentido de mitigar el automatismo de la regla encarnada en el brocardo “in iliquidis non fit mora”, sustituyéndola por el canon de la razonabilidad en la oposición para decidir sobre la procedencia o no de condenar al pago de los intereses de demora y para la concreción del dies “a quo” del devengo. En tal sentido las más recientes SSTS de la Sala I 32/2013 de 6 de febrero y 718/2013 de 26 de noviembre , pues bien, desde esta consolidada doctrina existente sobre el pago de intereses moratorios, la jurisprudencia de esta Sala II tiene declarado en sentencias que ya forman un sólido y coherente cuerpo de doctrina jurisprudencial.

a) La acción civil “ex delicto” no pierde su naturaleza civil por el hecho de ejercitarse en un proceso penal, por eso el tratamiento debe ser igual, so pena de establecer agravios comparativos y discriminaciones injustificadas según el perjudicado decida ejercer su derecho resarcitorio en el propio proceso penal o lo reserva para hacerlo en vía civil, como le permite expresamente el art, 109-2° C Penal .

b) las obligaciones civiles “ex delicto”, no nacen propiamente del delito, aunque su declaración es condición indispensable, nacen de los hechos que configuran el mismo en cuanto que son originadores de f a restitución de la cosa, de la reparación del daño e indemnización de los perjuicios ex art. 110 C. Penal .

c) En materia de daños y perjuicios, en cuanto que tienen una naturaleza dineraria engloban los intereses. Dentro de este concepto, deben incluirse tanto los legales como los moratorios, estos últimos se refieren a perjuicios derivados de fa privación del disfrute del dinero indebidamente apropiado, Tal resarcimiento se consigue con los intereses moratorios.

d) Debe en consecuencia distinguirse entre los intereses legales ex art. 576 L. E. Civil y los intereses moratorios ex art, 1108 C. civil , siendo el régimen jurídico de uno y otro diferente. e) los intereses legales tienen su origen en el legislador y su razón de ser estriba en disuadir al deudor ya condenado a que trate de dilatar la entrega de lo debido con recursos o incidentes de todo tipo, dado su origen legal surgen sin necesidad de que la parte los haya pedida expresamente. Como expresamente se dice en el art. 576 L. E. Civil , se trata de intereses de la mora procesal y surgen desde el dictado de la sentencia de primera instancia.

f) Por contra, los intereses moratorios del art. 1108 C. civil , tienen su origen en los perjuicios derivados del impago y se rigen por el pacto o convenio que pueda existir, de donde se deriva que siendo convencional su origen, la condena a los mismos tiene como previo presupuesto la petición de su abono por la persona concernida, y en cuanto a la fijación del dies a quo, se estima por tal, no el día de la comisión del delito, sino desde el día de la interpelación judicial que debe situarse, bien en el momento de la presentación de la querella o en otro caso desde el día de la presentación del escrito de Acusación –conclusiones provisionales–, pues es allí donde queda fijada la posición de la Acusación Particular tanto en relación a las cuestiones penales como a las civiles, y dentro de ellas, a la cuestión de los intereses.”

La revocación de la suspensión de la pena de prisión

Sentencia AP CS 2 24/18

“Y de todos modos aunque hubiere auto de remisión definitiva, tenemos dicho que no impide que si se advierte que en tal término el penado volvió a delinquir -como aquí ocurre-, o sea incumpliendo la condición esencial para la oportunidad ex probatio que se le concedió, tenga que revocarse la remisión condicional defraudada. Así lo expresamos en Auto de 4 de nov. de 2016 (RA 550/16) y 21 de abril de 2010 en precedente similar, bajo lo razonado por ej. la AP de Zaragoza en Auto de 11 de julio de 2.002 , indicando que ” estando la suspensión de ejecución de pena basada en razones de prevención especial y que se concede o deniega atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto ( art. 80.1 C.P .EDL 1995/16398 ), es contradictorio con su “ratio essendi”, que acreditada, por la ejecución en período suspensivo de un delito, dicha peligrosidad criminal del autor, no se revoquen los beneficios otorgados y no se ordene la ejecución de la pena suspensa.

Máxime cuando tales beneficios y la continuidad en su disfrute se han hecho depender por el Juez de la expresa condición resolutoria de no volver a delinquir en el período suspensivo. Si el art. 84.1 del C.P . obliga al Juez a revocar la suspensión de la ejecución de la pena si el sujeto delinquiera durante el período de suspensión y no añade a continuación, salvo que ya se hubiera dictado el auto de remisión, exigir esa precisión limitativa de su sentido literal constituye el ejercicio de una facultad vedada al Juez, por cuanto “ubi lex non distinguit nec nos distinguire debemus”. Y sin que tal criterio afecte al principio de seguridad jurídica en que se basa la Juez para rechazar la pretensión del Ministerio Fiscal, ya que tal principio tiene que ver con razones arbitrarias de puro hecho; que no es el caso.

Como dice el Ministerio Fiscal: “La ley de condena condicional de 17 de marzo de 1908 -interpretación histórica plausible-, la cual mantuvo su vigencia hasta la entrada en vigor del C.P. de 1995, contemplaba expresamente los casos en que hubiera transcurrido el plazo sin que el reo fuera condenado por resolución firme pero lo fuera con posterioridad por un hecho punible cometido durante el período de suspensión, inclinándose a favor del cumplimiento de la pena que fue suspendida, salvo el caso de prescripción.” Sin que la no inclusión de un precepto similar al estudiado de la Ley de 1909 en el nuevo Código Penal pueda interpretarse como un cambio de criterio del legislador sino como la constatación de la imposibilidad e improcedencia de llevar a un Código sustantivo todos los aspectos procesales de la regulación de la condena condicional. ( Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de 20.7.2001 ).” La actual redacción del art. 87 CP tras la reforma del CP por LO 17/2015 no contempla la situación de remisión definitiva como excepción a la revocación de beneficio por comisión de un delito en el plazo condicional -de probatio- previsto. No es infrecuente que por la tardanza connatural del enjuiciamiento del hecho delictivo, no pueda tomarse constancia a través de la hoja histórico penal hasta un tiempo después. Tal efecto inevitable, que significaría la distorsión de la condición suspensiva ex art. 86 .1 a) CP de no delinquir ” durante el periodo de suspensión “, por el hecho de no ser verificable hasta que no fuere condenado en firme por el nuevo hecho cometido (condena que puede llegar meses o años después y propiciarse a través de los recursos), solo podría evitarse de dos maneras.”

La atenuante de arrebato u obcecación

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 44/18

“La STS 161/2017, de 14 de marzo con cita de la STS 357/2005, de 20 de abril , recuerda que el fundamento de la atenuante del art. 21.3 CP se encuentra en la disminución de la imputabilidad que se produce por la ofuscación de la mente y de las vivencias pasionales determinados por una alteración emocional fugaz (arrebato) o por la más persistente de incitación personal (obcecación) pero siempre produciéndose por una causa o estimulo poderoso. El primero ha sido definido por nuestra jurisprudencia como una “especie de conmoción psíquica de furor” y la segunda como “un estado de ceguedad u ofuscación”, con fuerte carga emocional el primero y acentuado substrato pasional la segunda ( STS 2-7-1988 ); otras veces, se les relaciona con su duración temporal, y así, el “arrebato como emoción súbita y de corta duración” y la “obcecación es más duradera y permanente” ( STS 28-5-1992 ); la primera, está caracterizada por lo repentino o súbito de la transmutación psíquica del agente, diferenciándose de la obcecación por la persistencia y la prolongación de la explosión pasional que ésta representa (STS 10- 10-1997). Lo que se repite en palabras de la STS 2085/2001, de 12 de noviembre.

En la STS 489/2008, de 10 de julio , decíamos que la circunstancia atenuante prevista en el art. 21.3 del CP da entrada a aquellas situaciones emocionales en los que el autor, sin llegar a perder el control de sus actos, se ve sometido a una presión espiritual que le impulsa a actuar. En ambas modalidades precisa para su estimación que haya en su origen un determinante poderoso de carácter exógeno o exterior y de entidad suficiente para desencadenar un estado anímico de perturbación y oscurecimiento de sus facultades psíquicas con disminución de las cognoscitivas o volitivas del agente, de modo que sin alcanzar la cualidad propia del trastorno mental transitorio completo o incompleto, exceda del leve aturdimiento que suele acompañar a ciertas infracciones.

Como regla general “el estimulo ha de ser tan importante que permita explicar (que no justificar) la reacción concreta que se produjo. Si esta reacción es algo absolutamente discordante, por exceso notorio, respecto del hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación” ( STS 256/2002, de 13 de febrero ). Además, tales estímulos no han de ser reprochados por las normas socio-culturales que rigen la convivencia social y deben proceder del precedente comportamiento de la víctima, con una relación de causalidad entre los estímulos y el arrebato u obcecación y una conexión temporal, sino inmediatos si próximos, entre la presencia de los estímulos y el surgimiento de la emoción o pasión ( SSTS 1110/96 de 20 de diciembre , 1479/99 de 18 de octubre ).

Es preciso también que en el entorno social correspondiente no sean tales estímulos repudiados por la norma socio-cultural imperante, lo que significa que la actuación del agente se ha de producir dentro de un cierto sentido ético ya que su conducta y sus estímulos, no pueden ser amparada por el Derecho cuando se apoyan en una actitud antisocial reprobada por la conciencia social imperante, que en esta relación de causa o afecto entre el estimulo desencadenante y la conducta ha de darse una conexión temporal y que cualquier reacción colérica que las que, con frecuencia, acompañan a ciertas acciones delictivas, no basta para la estimación de la atenuante.”

El concurso de normas

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 807/17

“En definitiva, como recuerda la STS. 342/2013 de 17.4 , el concurso de normas implica, por definición, una unidad valorativa frente al hecho cometido, de suerte que la aplicación de uno solo de los tipos que convergen en la definición del concurso, es más que suficiente para agotar todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de la infracción. Forma, pues, parte de su fundamento la suficiencia de uno de los preceptos para la correcta y plena valoración jurídico-penal de la conducta. De no acoger las normas concebidas por el legislador para la solución de esos casos de colisión de preceptos penales, se correría el riesgo de incurrir en una doble incriminación del hecho, con la consiguiente quiebra del principio de proporcionalidad (cfr. STS 254/2011, 29 de marzo )».

Esta doctrina es constante en esta Sala y ha sido mantenida en SSTS 194/2017, de 17 de marzo ; 864/2015, de 10 de diciembre ; 413/2015, de 30 de junio ; 97/2015, de 24 de febrero ; 342/2013, de 17 de abril ; y 35/2012, de 1 de febrero , entre otras. En definitiva, cabe sintetizar las reglas aplicables para distinguir ambas instituciones de la siguiente manera:

1) Cuando se realiza una sola acción que vulnera un mismo bien jurídico puede suceder que tal acción sea subsumible en varios tipos penales. En este caso se habla de concurso de normas, ya que se debe determinar qué norma (tipo penal) es aplicable con preferencia sobre el resto de normas aplicables. Con mayor precisión debe hablarse de concurso «aparente» de normas, porque finalmente sólo cabrá aplicar una de ellas; concurren varias ab initio y de manera aparente, pero su relación no es de concurso sino de exclusión: la aplicación de una de las normas excluirá al resto.

2) Cuando se realiza una sola acción que vulnera varios bienes jurídicos o varias acciones que son contempladas como distintos delitos también puede suceder que sean de aplicación varios tipos penales. En este caso se habla del concurso de delitos: son aplicables varios tipos penales porque hay acciones distintas que constituyen distintos delitos (concurso real de delitos) o porque una acción única supone la comisión de varios delitos por afectar a bienes jurídicos diversos (concurso ideal de delitos). En este caso, no hay relación de exclusión entre los tipos penales: la aplicación de un tipo penal no supone la exclusión del resto, sino que todos los tipos penales deben aplicarse conjuntamente.

3. Como se ha indicado, la apreciación de un concurso de normas exige la existencia de una «conducta única», tanto desde el punto de vista fáctico -se trata del mismo hecho natural- como desde el punto de vista jurídico – lesiona el mismo bien jurídico-.”

El devengo de intereses moratorios

Sentencia AP V 3 154/18

“Así pues, en relación con el devengo de intereses, la STS, Sala II, 99/2014, 5-2 (rec. 956/ 2013 ), expresa que “…la jurisprudencia de la Sala I (…), declaró que el reconocimiento de la existencia de la deuda reclamada judicialmente por el acreedor no tenía un valor constitutivo, sino meramente declarativo al ser la deuda anterior al propio proceso civil, y teniendo tal valor declarativo, la completa […]

La revocación de la suspensión de la pena de prisión

Sentencia AP CS 2 24/18

“Y de todos modos aunque hubiere auto de remisión definitiva, tenemos dicho que no impide que si se advierte que en tal término el penado volvió a delinquir -como aquí ocurre-, o sea incumpliendo la condición esencial para la oportunidad ex probatio que se le concedió, tenga que revocarse la remisión condicional defraudada. Así lo expresamos en Auto de 4 de nov. de 2016 (RA 550/16) y […]

La atenuante de arrebato u obcecación

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 44/18

“La STS 161/2017, de 14 de marzo con cita de la STS 357/2005, de 20 de abril , recuerda que el fundamento de la atenuante del art. 21.3 CP se encuentra en la disminución de la imputabilidad que se produce por la ofuscación de la mente y de las vivencias pasionales determinados por una alteración emocional fugaz (arrebato) o por la más persistente de incitación […]

El concurso de normas

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 807/17

“En definitiva, como recuerda la STS. 342/2013 de 17.4 , el concurso de normas implica, por definición, una unidad valorativa frente al hecho cometido, de suerte que la aplicación de uno solo de los tipos que convergen en la definición del concurso, es más que suficiente para agotar todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de la infracción. Forma, pues, parte de su fundamento la […]

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