DELITO DE RECEPTACIÓN

CASOS DE ÉXITO RECIENTES

Juzgado de Instrucción. Receptación. Absolución

Modalidades

Delito de Receptación Receptación para traficar Receptación con uso de establecimiento Receptación continuada Receptación agravada Receptación imprudente Receptación con organización

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DELITO DE RECEPTACIÓN

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

¿Qué es el delito de receptación?

La mayoría de los delitos de receptación consisten en comprar cosas, como por ejemplo una cámara, sabiendo que proceden de un delito. Obviamente, se compran a un precio inferior al de mercado, puesto que quien la ha robado no la vendería fácilmente si pidiera el mismo precio que en la tienda. El receptador, que es quien compra y recibe la cámara, no ha participado en el robo, pero obtiene un claro beneficio al comprarla bastante más barata.       

¿Cuáles son las penas por un delito de receptación?

Prisión de seis meses a dos años.        

 ¿Cuál es la legislación penal aplicable para el delito de receptación?      

Artículos 298 a 300 del Código Penal.        

¿Cuáles son los requisitos legales para que concurra un delito de receptación?      

Que se hay cometido un delito contra los bienes; que el receptador no haya particupado en ese delito ni como autor ni como complice; y que el receptador conozca efectivamente (no solo sospeche) la procedencia ilícita del bien.      
 
¿Cómo concluyen los tribunales que el acusado de receptación conocía el origen delictivo de los bienes?

Por indicios como la adquisición a un precio notablemente inferior al de mercado, la venta clandestina del bien o la ausencia de facturas o registros contables, entre otros.        

¿En qué se diferencia el delito de receptación del delito encubrimiento?

El receptador no participa en delito, solo se lucra de sus efectos, mientras que el encubridor (artículo 451 del Código Penal) sí que participa en el delito tras su comisión, ayudando a los autores o cómplices a obtener los beneficios del delito.     

 

Novedades jurisprudenciales sobre el delito de receptación

Sentencia SAP O 88/16   

“Como punto de partida conviene recordar que, conforme ha señalado reiteradamente el Tribunal Supremo ( STS de 24 de febrero de 2009 y 12 octubre de 2012 , entre otras), el fundamento de la punición de la receptación se encuentra en que constituye una conducta que ayuda a perpetuar la ilicitud cometida por el autor del delito precedente, dificultando la recuperación de la cosa ilícitamente obtenida, al tiempo que estimula la comisión de delitos contra el patrimonio al hacer más fácil para los autores del delito precedente deshacerse del objeto u objetos del delito, con el consiguiente aprovechamiento.   La receptación requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos ( art. 298 1º del Código Penal ): a) perpetración anterior de un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico. b) ausencia de participación en él del acusado, ni como autor ni como cómplice. c) un elemento subjetivo, que éste posea un conocimiento cierto de la comisión del delito antecedente. d) que ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos provenientes de tal delito (primera modalidad), o los aproveche para sí, reciba, adquiera u oculte (segunda modalidad). e) ánimo de lucro o enriquecimiento propio. Los dos elementos ordinariamente más debatidos, son los subjetivos, el conocimiento por el acusado de la procedencia ilícita de los bienes y el ánimo de lucro o enriquecimiento.   
  
El conocimiento por el sujeto activo de la comisión antecedente de un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, del que proceden los efectos objeto de aprovechamiento, no exige una noticia exacta, cabal y completa del mismo, ni implica el de todos los detalles o pormenores del delito antecedente, ni siquiera el «nomen iuris» que se le atribuye (si proceden de un robo, un hurto o una estafa, por ejemplo), pues no se requiere un conocimiento técnico bastando un estado de certeza que equivale a un conocimiento por encima de la simple sospecha o conjetura ( SSTS. de 14 de mayo y 11 de octubre de 2001 ). Se trata de un delito necesariamente doloso, pero puede ser cometido tanto por dolo directo, como por dolo eventual, cuando el receptador realiza sus actos a pesar de haberse representado como altamente probable que los efectos tienen su origen en un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, es decir cuando el origen ilícito de los bienes receptados aparezca con un alto grado de probabilidad, dadas las circunstancias concurrentes ( SSTS. de 14 de marzo de 1997 y 12 de diciembre 2001 , entre otras).   
  
Este conocimiento es difícil que pueda ser acreditado por prueba directa debiendo inferirse a través de una serie de indicios, como la irregularidad de las circunstancias de la compra o modo de adquisición, la clandestinidad de la misma, la inverosimilitud de las explicaciones aportadas para justificar la tenencia de los bienes sustraídos, la personalidad del adquirente acusado o de los vendedores o transmitentes de los bienes o la mediación de un precio vil o ínfimo, desproporcionado con el valor real de los objetos adquiridos, entre otros elementos indiciarios ( SSTS. de 21 de enero de 2000 y de 8 de junio de 2001 , entre otras).”   
  
  
Sentencia SAP C 619/15 
   
“Entrando en lo que afecta al fondo del asunto, el delito de receptación se define como un delito de referencia, esto es, que precisa de la ejecución previa de otro delito del que obtiene o aprovecha las ventajas que del mismo se derivan. Por esta razón su naturaleza es pluriofensiva, manteniendo el ataque al bien protegido en el delito previo a la vez que supone, de forma autónoma, un ataque contra la Administración de Justicia, al dificultar la persecución y castigo de los delitos dada la adhesión indirecta a los mismos de quien se beneficia de su comisión atacar el tráfico lícito de bienes al facilitar el de los de naturaleza ilícita. El artículo 298 del Código Penal define este tipo sobre dos elementos: el de auxiliar a los responsables del delito a su aprovechamiento sin haber tomado parte en su ejecución y el de la finalidad de obtener un beneficio con conocimiento de la previa acción ilícita, con independencia de que la intención que prevalezca sea la de ayudar a los autores o la de lograr el propio beneficio, no exclusivamente de carácter económico ( SSTS de 12-06-2011, recursos número 1494-2011 ; de 25-10- 2011, recurso 2422-2011 ; de 12-06-2012, recurso número 1494-2011 ; y de 30-12-2013 , recurso número 92-2013). 
  
El aspecto psicológico como tal resulta difícil que pueda ser acreditado de forma directa sino por la vía de la inferencia a través de una serie de indicios, como la irregularidad de las circunstancias de la adquisición, la clandestinidad de ésta, la credibilidad de las explicaciones aportadas para justificar la tenencia de los bienes sustraídos, la personalidad de los implicados, la mediación de un precio vil o ínfimo desproporcionado con el valor real de los objetos adquiridos, entre otros elementos indiciarios ( SSTS de 21-01- 2000, recurso número 106-1998 ; y de 08-06-2001 , recurso número 2035-1999). Y el ánimo de lucro se deduce a partir de datos objetivos, sin que sea preciso que el receptador se beneficie en una cantidad económica o que se adueñe de los efectos robados, bastando cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, incluso meramente personal o social de cara a beneficios ulteriores, lo que desplaza la exigencia del tipo de la percepción de un beneficio concreto al propósito de obtener alguna ventaja propia, inmediata o futura no necesariamente de la cosa misma como del precio, recompensa o promesa ofrecido por el autor del delito principal u otras personas ( STS de 11-09-2009 , recurso número 2204-2008). Sobre esta definición poco puede objetarse a la sentencia de grado en su doble faceta de valoración de la prueba y de aplicación de la norma penal que ella corresponde. 
  
En cuanto a la primera, la idea de un posible error en su valoración se desvanece con la simple lectura de las actuaciones, en especial las del perjudicado y los agentes de Policía que investigaron los hechos y que establecen una relación entre el imputado y los objetos sustraídos con una proximidad temporal que descarta la versión del apelante Sebastián sobre su hallazgo en una zona de recogida selectiva de desperdicios, lo que unido al resto de sus circunstancias personales y de comisión del hecho llena la previsión indiciaria antes señalada. A ello se tiene que añadir que la forma de venta y el precio aceptado por las cosas permite valorar la concurrencia de los elementos tangenciales antes enunciados respecto de la presencia del elemento subjetivo del injusto. En este escenario es aplicable el principio de intangibilidad de las sentencias dictadas al amparo del privilegio de la inmediación en el marco de la revisión apelatoria o casacional, que limita tal función a la valoración de su respeto a la realidad material de las actuaciones y de la racionalidad del argumento lógico seguido para llegar al pronunciamiento de fondo. 
  
Vista desde estos estrictos términos la decisión adoptada y formalizada en la sentencia tiene que prevalecer, porque la totalidad del material de convicción válidamente practicado y por ello sometido a la valoración judicial fue analizado desde un obligado prisma de imparcialidad que hace que la decisión adoptada quede al margen de las estimaciones propias de la parte y más todavía de su aceptación de la decisión judicial, dado que no hay posibilidad de pretender que se le tenga que añadir a todos los requisitos exigidos a una resolución judicial motivada el del poder para convencer a la parte ( SSTS de 16-10-2013, recurso número 538-2013 ; de 03-12-2013, recurso número 10587-2013 ; de 20-02-2014, recurso número 1183-2013 ; de 15-04- 2014, recurso número 1898-2013 ; de 15-10-2014, recurso número 411-2014 ; de 25-11-2014, recurso número 363-2014 ; de 20-01-2015, recurso número 942-2014 ; de 18-02-2015, recurso número 1656-2014 ; y de 21-04-2015 , recurso número 1815-2014).” 
  

Sentencia SAP BU 440/15 
  
“Nos recuerda el Tribunal Supremo, entre otras en sentencia nº. 85/11 de 7 de Febrero que "según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos ( sentencias del Tribunal Constitucional nº. 137/05 ; 300/05 , 328/06 ; 117/07 y 111/08 ). Y es también doctrina reiterada del mismo Tribunal que, en la medida en que toda condena penal ha de asentarse en pruebas de cargo válidas, suficientes y concluyentes, tal suficiencia incriminatoria ("más allá de toda duda razonable") ha de ser racionalmente apreciada por el Juez y explicada en la sentencia, de forma que el déficit de motivación o los errores en la motivación o su incoherencia interna, puestos en relación con la valoración de la prueba y, por tanto, con la existencia de prueba de cargo, supondrían, de ser estimados, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia ( sentencias del Tribunal Constitucional nº. 124/01 ; 186/05 ; 300/05 y 111/08 )". 
  
Más recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia nº. 364/13 de 25 de Abril nos dice que "el principio constitucional de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 de nuestra Carta Magna , gira sobre las siguientes ideas esenciales: 1º) El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución española ; 2º) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados; 3º) que tales pruebas se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; 4º) dichas pruebas incriminatorias han de estar a cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); 5º) que solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental". 
  
Es, pues, una presunción iuris tantum que será mantenible mientras no se incorpore al acto del Juicio Oral una prueba de cargo, válidamente obtenida y de entidad suficiente para quebrar el principio de presunción de inocencia que al acusado beneficia y acreditar la realización por el acusado de los elementos integrantes del delito objeto de acusación. En el presente caso el delito imputado es el de receptación, pre visto y penado en el artículo 298 del Código Penal . Dicho delito requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes elementos: a) Perpetración anterior de un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico. b) Ausencia de participación en él del acusado, ni como autor ni como cómplice. c) Un elemento subjetivo, que éste posea un conocimiento cierto de la comisión del delito antecedente. d) Que ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos provenientes de tal delito (primera modalidad), o los aproveche para sí, reciba, adquiera u oculte (segunda modalidad). e) Un ánimo de lucro o enriquecimiento propio. Los dos elementos ordinariamente más debatidos, son los subjetivos, el conocimiento por el acusado de la procedencia ilícita de los bienes y el ánimo de lucro o enriquecimiento. 
  
El conocimiento por el sujeto activo de la comisión antecedente de un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, del que proceden los efectos objeto de aprovechamiento, no exige una noticia exacta, cabal y completa del mismo, ni implica el de todos los detalles o pormenores del delito antecedente, ni siquiera el "nomen iuris" que se le atribuye (si proceden de un robo, un hurto o una estafa, por ejemplo), pues no se requiere un conocimiento técnico bastando un estado de certeza que equivale a un conocimiento por encima de la simple sospecha o conjetura ( sentencia nº. 476/12 de 12 de Junio , con cita de las sentencias nº. 859/01 de 14 de Mayo y 1.915/01 de 11 de Octubre ), deduciéndose este elemento subjetivo de indicios tales como a irregularidad de las circunstancias de la compra o modo de adquisición, la mediación de un precio vil o ínfimo, desproporcionado con el valor real de los objetos adquiridos, la clandestinidad de la adquisición, la inverosimilitud de las explicaciones aportadas para justificar la tenencia de los bienes sustraídos, o la personalidad del adquirente acusado y de los vendedores o transmitentes de los bienes, entre otros elementos indiciarios ( sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Abril de 2.009 ). 
  
El delito de receptación es necesariamente doloso, pero puede ser cometido tanto por dolo directo (conocimiento con seguridad de la procedencia ilícita de los efectos), como por dolo eventual, cuando el receptador realiza sus actos a pesar de haberse representado como altamente probable que los efectos tienen su origen en un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, es decir cuando el origen ilícito de los bienes receptados aparezca con un alto grado de probabilidad, dadas las circunstancias concurrentes ( sentencias del Tribunal Supremo nº. 389/97 de 14 de Marzo y 2359/01 de 12 de Diciembre , entre otras). Este conocimiento, como hecho psicológico, es difícil que pueda ser acreditado por prueba directa debiendo inferirse a través de una serie de indicios, como la irregularidad de las circunstancias de la compra o modo de adquisición, la clandestinidad de la misma, la inverosimilitud de las explicaciones aportadas para justificar la tenencia de los bienes sustraídos, la personalidad del adquirente acusado o de los vendedores o transmitentes de los bienes o la mediación de un precio vil o ínfimo, desproporcionado con el valor real de los objetos adquiridos, entre otros elementos indiciarios ( sentencias del Tribunal Supremo nº. 8/00 de 21 de Enero y 1128/01 de 8 de Junio, entre otras)".”