ESTEBAN ABOGADOS PENALISTAS
Defensa Penal

Abogado Penalista Barcelona

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Esteban Abogados Penalistas es un despacho de Abogados Penalistas con sede central en Barcelona y actuación en todo el país. Está dirigido por Marco Esteban, Abogado Penalista y Master en Derecho Penal, con una exitosa trayectoria profesional en la defensa de procedimientos penales. Somos una firma altamente especializada y dedicada exclusivamente al derecho penal. Nos ocupamos de todo tipo de delitos y contamos con una dilatada experiencia en la resolución de procesos en las diferentes instancias de la jurisdicción penal.

Nuestro despacho está centrado en la defensa jurídica de alta calidad. Somos especialistas, puesto que actualmente los casos penales requieren un importante conocimiento de las leyes aplicables y de la interpretación que de esas leyes realizan los tribunales. Dada la complejidad de los problemas jurídicos, la asistencia de un abogado penalista experto resulta imprescindible para evitar un resultado muy negativo en un litigio. Cuando se enfrenta a cargos criminales, su libertad y reputación están en juego. Es esencial que cuente con un abogado penalista experto con el conocimiento y la habilidad para defenderle adecuadamente. Esteban Abogados Penalistas cuenta con una gran experiencia en cientos de procedimientos y tribunales penales.

Esteban Abogados Penalistas es un despacho de Abogados Penalistas con sede central en Barcelona y actuación en todo el país. Está dirigido por Marco Esteban, Abogado Penalista y Master en Derecho Penal, con una exitosa trayectoria profesional en la defensa de procedimientos penales. Somos una firma altamente especializada y dedicada exclusivamente al derecho penal. Nos ocupamos de todo tipo de delitos y contamos con una dilatada experiencia en la resolución de procesos en las diferentes instancias de la jurisdicción penal.

Nuestro despacho está centrado en la defensa jurídica de alta calidad. Somos especialistas,  puesto que actualmente los casos penales requieren un importante conocimiento de las leyes aplicables y de la interpretación que de esas leyes realizan los tribunales. Dada la complejidad de los problemas jurídicos, la asistencia de un abogado penalista experto resulta imprescindible para evitar un resultado muy negativo en un litigio. Cuando se enfrenta a cargos criminales, su libertad y reputación están en juego. Es esencial que cuente con un abogado penalista experto con el conocimiento y la habilidad para defenderle adecuadamente. Esteban Abogados Penalistas cuenta con una gran experiencia en cientos de procedimientos y tribunales penales.

Consideramos a nuestros clientes como personas únicas a las que debemos dar una solución individual y dedicar el máximo esfuerzo. Durante años les hemos ayudado a resolver sus problemas legales, siempre a su lado en todo momento, por muy difícil que parezca su situación. Por eso trabajamos sin descanso en sus problemas. Combinando un completo entendimiento de su caso, un profundo conocimiento de la ley y un importante historial de éxito, estamos convencidos de que encontraremos una solución jurídica adecuada. La experiencia nos ha mostrado que contar con una asistencia especializada supone un importante respaldo para la salvaguarda de sus derechos y sus posibilidades de victoria en el proceso penal. Somos conscientes de que el principal objetivo es proteger su libertad, familia y profesión. Comprobará que le ofrecemos el mejor trato, con respeto, entrega y comprensión.

Abogado Penalista

Podemos ayudarle y asistirle durante la totalidad del proceso penal, prestándole la ayuda legal que necesita y velando por sus derechos. Por muy complicada que parezca la situación, siempre hay una línea de defensa para lograr la resolución más favorable en su caso, con el menor impacto posible para su vida y sus intereses. Una defensa eficaz no se improvisa. La capacidad de diseñar estrategias legales de defensa se adquiere tras un extenso conocimiento de la materia y una excelente formación jurídica. Únicamente cuando los casos criminales se preparan adecuadamente por un especialista en derecho penal, aparecen las respuestas que necesita para sus problemas.

Podemos ayudarle y asistirle durante la totalidad del proceso penal, prestándole la ayuda legal que necesita y velando por sus derechos. Por muy complicada que parezca la situación, siempre hay una línea de defensa para lograr la resolución más favorable en su caso, con el menor impacto posible para su vida y sus intereses. Una defensa eficaz no se improvisa. La capacidad de diseñar estrategias legales de defensa se adquiere tras un extenso conocimiento de la materia y una excelente formación jurídica. Únicamente cuando los casos criminales se preparan adecuadamente por un especialista en derecho penal, aparecen las respuestas que necesita para sus problemas.

Somos profesionales que creemos apasionadamente en proteger los derechos constitucionales de nuestros clientes. Representamos a nuestros clientes en cada fase del proceso criminal: instrucción, juicio, recurso y ejecutoria. Ensayamos todas las posibilidades para proporcionar una fuerte defensa penal. Preparamos las pruebas y periciales necesarias para obtener una absolución en juicio y negociamos estratégicamente con la fiscalía y las acusaciones particulares. Presentamos recursos sólidamente fundamentados y actuamos en las ejecutorias para lograr los máximos beneficios legales. Nuestro estilo profesional pasa por mantener la comunicación constante e informarle detalladamente de cada paso que damos, incluso en fines de semana o vacaciones. Ser acusado o víctima de un delito es una vivencia extraordinariamente desagradable y frustrante. Las posibles sanciones y el daño personal y económico pueden dejarle ansioso e inseguro sobre qué hacer y a quién recurrir. Es entonces cuando las capacidades estratégicas que hemos acumulado como abogados penalistas a lo largo de los años serán su ayuda fundamental y decisiva. Le aportaremos una ayuda jurídica eficaz y activa.  Llámenos y lucharemos por y con usted.

Somos profesionales que creemos apasionadamente en proteger los derechos constitucionales de nuestros clientes. Representamos a nuestros clientes en cada fase del proceso criminal: instrucción, juicio, recurso y ejecutoria. Ensayamos todas las posibilidades para proporcionar una fuerte defensa penal. Preparamos las pruebas y periciales necesarias para obtener una absolución en juicio y negociamos estratégicamente con la fiscalía y las acusaciones particulares. Presentamos recursos sólidamente fundamentados y actuamos en las ejecutorias para lograr los máximos beneficios legales.

Nuestro estilo profesional pasa por mantener la comunicación constante e informarle detalladamente de cada paso que damos, incluso en fines de semana o vacaciones. Ser acusado o víctima de un delito es una vivencia extraordinariamente desagradable y frustrante. Las posibles sanciones y el daño personal y económico pueden dejarle ansioso e inseguro sobre qué hacer y a quién recurrir. Es entonces cuando las capacidades estratégicas que hemos acumulado como abogados penalistas a lo largo de los años serán su ayuda fundamental y decisiva. Le aportaremos una ayuda jurídica eficaz y activa.  Llámenos y lucharemos por y con usted.

ÁREAS DE PRÁCTICA PENAL

ÁREAS DE PRÁCTICA PENAL

Delitos contra las Personas

Delitos Económicos

Delitos de Falsedad y Falsificación

Delitos de Estafa y Fraude

Delitos contra la Administración

Delitos contra la Salud Pública

Delitos contra la Libertad Sexual

Delitos contra el Orden Público

Delitos contra la Seguridad Vial

Violencia de Género y Doméstica

Delitos Informáticos

Proceso Penal

Procedimientos Penales

DERECHO PENAL: PREGUNTAS FRECUENTES

DERECHO PENAL
PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué momento del procedimiento penal debe contratar a un abogado penalista?

Inmediatamente y antes de hacer nada más. Al igual que en un caso médico, los problemas que se abordan temprano tienen más posibilidades de resolverse satisfactoriamente.

¿Es mejor contratar abogados penalistas con dedicación exclusiva al derecho penal?

El derecho penal es una disciplina compleja y en constante cambio, que requiere de una dedicación total para dominarlo. Sus posibilidades de éxito serán mayores con un abogado penal especialista.

¿Qué debe hacer si le acusan de haber cometido un delito?

Consultar con un abogado penalista antes de realizar cualquier acción o hablar con nadie. Si actúa sin asesoramiento profesional, puede cometer errores estratégicos que posteriormente tendrán un impacto negativo en el procedimiento judicial.

¿Merece la pena contratar a un abogado penal si soy inocente?  

Es preferible contratar a un abogado penalista especializado aunque sea inocente. En ocasiones los inocentes son condenados.

¿Es recomendable contratar a un abogado criminalista si la acusación contra mí no es muy grave? 

Es un error pensar que una acusación penal es poco grave. Una condena, aunque parezca de escasa entidad, puede tener consecuencias en el futuro, como un castigo más severo en una segunda condena.

¿Es posible cambiar de abogado penalista si ya cuento con uno en el proceso penal?

Tiene derecho a cambiar de abogado penal, tanto si es particular como si es de oficio, en cualquier momento.

¿Es confidencial todo lo que le diga a los abogados penalistas? 

Es confidencial por ley. La constitución protege las comunicaciones entre cliente y abogado. Ni los tribunales ni la administración pueden obligar a un acusado o a un abogado a revelar los contenidos de sus conversaciones.

¿Trabajan a comisión?

No trabajamos a comisión, aunque el pago de nuestros honorarios puede hacerse de forma flexible y personalizada.

¿En qué localidades ejercen?

Esteban Abogados Penalistas tiene su sede central está en Barcelona y defiende casos penales en toda España.

¿En qué situaciones pueden defenderme?

Podemos asumir su defensa si se encuentra en alguna de estas situaciones:

  • Ha sido llamado a declarar por la policía
  • Ha sido llamado a declarar por el juzgado
  • Ha sido convocado a un juicio rápido
  • Ha sido denunciado o querellado
  • Ha sido detenido
  • Está o va a estar convocado a un juicio penal
  • Ha sido condenado en sentencia y quiere recurrir
  • Tiene una condena firme en fase de ejecutoria
  • Quiere interponer una denuncia o querella

¿En qué se diferencian multa, responsabilidad civil y costas en un procedimiento penal?

La multa es una pena que se determina en sentencia y que es pagada al Estado. La responsabilidad civil o indemnización es la cuantía que se abona a la víctima del delito a título de compensación por los perjuicios sufridos. Tanto el impago de la multa como de la responsabilidad civil puede provocar la no concesión del beneficio de la suspensión de la pena de prisión y, en consecuencia, la entrada en la cárcel.

Una condena en costas conlleva el pago de los honorarios de los abogados y procuradores de la parte contraria. La cantidad ingresada por un penado en la cuenta de consignaciones del juzgado se dedica primera a la responsabilidad civil, después a las costas y en último lugar a la multa, con independencia de la voluntad del penado. La declaración de insolvencia no sirve para eludir la prisión y no tiene que ver con la multa, sino con la responsabilidad civil.

¿Qué es la suspensión de la pena?

En el derecho penal español, puede concederse la suspensión de una pena de prisión que no supere los dos años. Con la suspensión, el condenado no tiene que entrar en prisión y se le impone la condición de que no delinca de nuevo durante un cierto periodo, normalmente entre dos y cinco años, en función de la seriedad del delito cometido. Actualmente no es necesario carecer de antecedentes penales para poder obtener la suspensión. Hay que tener en cuenta que la suspensión no es automática. Es el juez quien tiene la potestad de concederla o no, en función de un serie de variables como la gravedad del delito, los antecedentes o las circunstancias personales.

Requisitos del delito de omisión de socorro

Atendiendo a lo indicado por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la omisión de socorro se entiende como la expectativa que tiene una persona de ser ayudada en determinadas situaciones de peligro. Para su existencia deben concurrir los siguientes requisitos:

1- Cuando una persona necesita protección de forma patente y conocida y no existiendo riesgos propios o de terceros, se omite dicha protección.
2- Una repulsa social por dicho hecho.
3- Una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar.

Configuración del delito de calumnia

Según el artículo 205 del Código Penal, la calumnia es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad (dolo directo) o temerario desprecio hacia la verdad (dolo eventual). Al hablar de “imputación de un delito” el Tribunal Supremo considera que no se refiere a un tipo delictivo, sino a un hecho que presenta caracteres delictivos como conducta típica. Por tanto, para que concurra un delito de calumnia, no bastan imputaciones genéricas, sino que tienen que ser concretas y terminantes. Por ejemplo, llamar a una persona “ladrón” no sería calumnia si no se le atribuyen hechos específicos constitutivos de dicha figura penal.

La imputación de un hecho delictivo cierto no sería constitutiva de un delito de calumnia, sin perjuicio de la posibilidad de que constituyera un delito de injurias. No se considera injuria o calumnia el ejercicio legítimo de un derecho constitucional como es el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción. Aunque el ejercicio de dicha libertad de expresión no justifica el empleo de insultos, o apelativos injuriosos o vejatorios, tal y como ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional.

Concurrencia del delito de extorsión

El delito de extorsión concurre cuando, con ánimo de lucro, se obliga a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. El Tribunal Supremo establece que, para se produzca el delito de extorsión, es necesaria una colaboración decisiva, aunque no es necesario que se haya producido efectivamente para estimar consumada la extorsión.

Tipicidad del delito de abuso sexual

El delito de abuso sexual es aquel en el sujeto atenta contra la libertad sexual de la víctima, sin violencia o intimidación, pero sin consentimiento, o dicho consentimiento se ha obtenido inválida o de forma viciada por las siguientes causas:

1- Sobre personas privadas de sentido.
2- Abusando del trastorno mental de una persona.
3- Anulando la voluntad de la víctima con fármacos, drogas, o cualquier otra sustancia química o natural.
4- Cuando el consentimiento se obtiene prevaleciendo una situación de superioridad que coarta la libertad de la víctima.

La violencia en el delito de agresión sexual

En el delito de agresión sexual la libertad sexual de la víctima queda neutralizada a causa de la utilización o el empleo de violencia o intimidación. No es necesario que la intimidación empleada sea de carácter invencible, irresistible o de gran gravedad; basta que sea suficiente y eficaz para alcanzar el fin propuesto, de tal manera que la víctima inhiba su voluntad de resistencia al convencerse de que su oposición no servirá y podría derivar en males mayores. Por tanto, este delito no precisa de lesiones, señales físicas u otros signos en el cuerpo de la víctima.

El tipo básico en este delito es aquel en el que se atenta contra la libertad sexual de otra persona sin acceso carnal (o introducción de miembros corporales u objetos), y el tipo agravado, cuando el acceso carnal sea por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.

El rol del administrador en el delito de administración desleal

El delito de Administración Desleal consiste en realizar actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado. El Administrador recibe facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, pero no está obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma calidad y especie. Para integrar este delito, es preciso el conocimiento de las siguientes circunstancias:

– Se dispone fraudulentamente de los bienes de la sociedad o se contraen obligaciones a cargo de esta.
– Se actúa con abuso de las funciones propias del cargo.
– Se causa un perjuicio.

La diferencia entre Administración Desleal y Apropiación Indebida estriba en la pérdida definitiva de los bienes en perjuicio de su titular (apropiación indebida) o el uso abusivo de los bienes, pero sin pérdida definitiva de los mismos (administración desleal).

Apropiar y distraer en el delito de apropiación indebida

El Tribunal Supremo distingue entre apropiarse y distraer. La primera acepción significa incorporar al patrimonio propio la cosa que se recibió en posesión, con la obligación de entregarla o devolverla y siempre se refiere a cosas no fungibles. La segunda, distraer, es dar a lo recibido un destino distinto del pactado y tiene como objeto cosas fungibles, especialmente dinero. Existen, por tanto, dos supuestos de apropiación:

– Apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa: castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal y la estafa;
– Apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, en donde se mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los casos de apropiación de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el caso de la apropiación de cosas recibidas por error.

El delito de falsedad documental

Está desarrollado en los artículos 390 a 400 del Código Penal. Está penado con prisión de seis meses a tres años si el delito de falsedad documental lo comete un particular y de tres a seis años si es cometido por un funcionario o autoridad. Se trata de una manipulación de un documento para que exprese un relato incompatible con la verdad de unos hechos constatados. Consiste en hacer pasar lo falso por auténtico mediante alguno de los procedimientos enumerados en el artículo 390 CP: alterar, simular o mentir en un documento, con intención y afectación de las relaciones jurídicas.

Cuando se limita a faltar a la verdad en narración de los hechos en un documento. La autenticidad de un documento, en el caso de particulares, se refiere a la identidad de sus autores, no al contenido de lo declarado documentalmente. No obstante, cuanto el documento se haya confeccionado deliberadamente en su totalidad o mayor parte para inducir a error sobre su autenticidad o acreditar en el tráfico una relación u operación jurídica inexistente, podrá ser considerado delictivo.

¿A partir de qué tasas de alcohol se comete el delito de alcoholemia?

Existen dos tasas diferentes de alcoholemia, que es la concentración de alcohol en sangre o en aire expirado, a partir de las cuales se considera que se comete el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La primera está establecida entre 0.25 y 0,60 mg/l y requiere, además, que el consumo de las bebidas alcohólicas afecte negativamente a su capacidad de conducción. Esta afectación se deduce de comportamientos irregulares como el exceso de velocidad, las maniobras extrañas, la trayectoria zigzagueante o síntomas físicos externos de borrachera en el conductor. Cuando la tasa de alcoholemia supera 0.60 mg/l, no es necesario que el fiscal demuestre que el conductor tenía mermadas sus capacidades de conducción: será delito en cualquier caso, con o sin síntomas.

El delito de receptación

El delito de receptación se encuentra en los artículos 298 a 300 del Código Penal y es castigado con penas de prisión de seis meses a dos años. La mayoría de los delitos de receptación consisten en comprar cosas, como por ejemplo una cámara, sabiendo que proceden de un delito. Obviamente, se compran a un precio inferior al de mercado, puesto que quien la ha robado no la vendería fácilmente si pidiera el mismo precio que en la tienda. El receptador, que es quien compra y recibe la cámara, no ha participado en el robo, pero obtiene un claro beneficio al comprarla bastante más barata.

Para que concurra el delito de receptación debe haberse incurrido en un delito contra los bienes; que el receptador no haya participado en ese delito ni como autor ni como complice; y que el receptador conozca efectivamente (no solo sospeche) la procedencia ilícita del bien. Es posible condenar por indicios, como la adquisición a un precio notablemente inferior al de mercado, la venta clandestina del bien o la ausencia de facturas o registros contables, entre otros. El receptador no participa en delito, solo se lucra de sus efectos, mientras que el encubridor (artículo 451 del Código Penal) sí que participa en el delito tras su comisión, ayudando a los autores o cómplices a obtener los beneficios del delito.

¿Qué es un quebrantamiento?

El quebrantamiento es un delito contra la Administración de Justicia que tiene lugar cuando se incumple la pena, prisión preventiva, medida de seguridad o medida cautelar impuesta.

Delito de denuncia falsa

Se comete el delito de denuncia falsa cuando se La acción cuando se imputa a una persona la realización de una infracción penal grave o leve, conociendo su falsedad, ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de realizar averiguaciones.

La simulación de delito

El artículo 457 del Código Penal castiga a quien, ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de investigarlo, simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncie una inexistente, provocando con esta acción actuaciones procesales.

El delito de tenencia ilícita de armas

El delito de tenencia ilícita de armas lo comete quien dispone de un arma, aunque no tenga su posesión material, pero pueda utilizarla a voluntad. Se excluyen los supuestos de mera posesión fugaz, como contemplación, examen, reparación o transmisión a terceros, en los que no puede afirmarse la existencia de disponibilidad.

Estructura del delito de revelación de secretos

El delito de revelación de secretos requiere de un elemento tendencial que es la finalidad de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, con la finalidad de perjudicar al titular de los datos o a un tercero. El Tribunal Supremo distingue entre “datos sensibles” y aquellos que no lo son, indicando que los primeros son capaces por sí solos de producir un perjuicio típico, por lo que el acceso, apoderamiento o divulgación de estos, poniéndolos al descubierto, integra el perjuicio exigido. Por el contrario, los “datos no sensibles”, no es que no tengan la entidad suficiente para producir el perjuicio, sino que se tiene que acreditar su positiva concurrencia.

El Tribunal Supremo considera que los secretos de empresa son aquellos propios de la actividad empresarial que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva y se caracterizan por ser confidenciales (que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información), exclusivos (propios de una empresa), con valor económico (valor comercial o competitivo por ser secretos) y lícitos (la actividad ha de ser legal).

Las penas en el delito de estafa

El delito de estafa consiste en un engaño suficiente que lleva a la víctima a poner a disposición del autor del delito, su patrimonio o el de un tercero. Este delito conlleva una pena de entre seis meses y tres años de prisión, eso sí, dependiendo de la cuantía defraudada, pudiendo llegar a los seis años de privación de libertad. Se tienen en cuenta a la hora de sentenciar la pena varios factores que pueden agravar la situación del autor de la estafa. Si el importe estafado no sobrepasa los 400 euros, la pena es leve y es considerado una estafa leve, y se pena con entre 1 y 3 meses de prisión. Sin embargo, si lo estafado está relacionado con elementos de primera necesidad, se oculta documentación o los bienes forman parte del patrimonio cultural o estafa procesal, esta pena puede llegar a los 6 años de privación de libertad.

En qué consiste el delito de encubrimiento

Aquel que conociendo la comisión de un delito, sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, intervenga con posterioridad con el objetivo de impedir el descubrimiento de ese delito, incurre en encubrimiento. De acuerdo con el Tribunal Supremo, el delito de encubrimiento exige dos requisitos previos:

1. Que el encubridor tenga conocimiento de la comisión de un delito, aunque no es necesario que sea de forma absolutamente precisa. No bastan simples sospechas o presunciones, se debe tener certeza de la comisión de un acto ilícito y en concreto de que se trata de un delito.

2. Que no haya participado o intervenido en el mismo como autor o cómplice.
El encubrimiento entre parientes solo exime cuando la labor puesta al servicio de la actividad delictiva es un mero encubrimiento posterior.

¿Qué valor probatorio tienen las manifestaciones espontáneas ante la policía?

Las manifestaciones espontáneas ante la policía no sirven por sí mismas como prueba de cargo suficiente si no son ratificadas por el acusado. Los agentes policiales son testigos de referencia que no pueden verificar el contenido de las manifestaciones espontáneas.

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