Abogados Delito Propiedad Industrial2018-08-17T10:50:15+00:00
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Elementos para la apreciación del delito contra la propiedad industrial

Sentencia AP O 35/18

“Para su apreciación, la jurisprudencia viene exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) la existencia de una serie de productos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arrogan su titularidad;

2º) que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados, y que con ello se conculquen los derechos de propiedad industrial;

3º) que tales conductas se realicen con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado, lo que constituye el elemento normativo; y

4º) que el sujeto activo (quien los fabrique, quien los posea para su comercialización o los ponga en el comercio) lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia de consentimiento del titular registral, lo que entraña el elemento subjetivo del tipo, que sólo puede ser intencional o doloso y que además requiere perjuicio real o intentado derivado del uso, fabricación o ejecución por persona distinta de su titular, obtenido mediante la generación de confusión en los consumidores.

La jurisprudencia resalta el requisito legal de que haya una posibilidad de confusión en el público consumidor o en el adquirente de la mercancía de que se trate, teniendo en cuenta sus características concretas tras compararlas con las de la marca o signo auténtico, de tal manera que podrá quedar excluido el delito cuando, pese a existir analogías o coincidencias parciales con la marca o signo correspondiente, no exista realmente una posibilidad de confusión (sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 21 de diciembre de 2010 ).

De ahí que la protección legal de la propiedad industrial no es ni debe ser exclusivamente penal y que es el principio de intervención mínima el que aconseja que solo las más graves infracciones en esta materia tengan una sanción de esta clase, siendo ajena a la finalidad represiva del precepto las vulneraciones leves del derecho a la propiedad industrial, prevaleciendo una interpretación estricta de la norma. De acuerdo con la dicción del artículo 274 del Código Penal , deben considerarse delictivas las imitaciones o reproducciones de objetos que sean idénticas o confundibles con los auténticos, de modo que se pretenda hacerlos pasar por verdaderos, tratando de suplantarlos o sustituirlos fraudulentamente en el mercado. Cuando se trata de productos que se elaboran sin un afán de suplantación o de sustitución, al no ser idénticos ni confundibles con los genuinos, sino que al amparo de la libertad de mercado se limitan a copiar la idea básica, pero ofreciendo unos productos de muy inferior calidad y precio, claramente distinguibles de los originales, no se puede estimar cometido el delito.”

El perjuicio indemnizable en el delito contra la propiedad industrial

Sentencia AP IB 347/17

“No obstante y también en línea con lo razonado en la instancia, el problema del perjuicio indemnizable en el delito contra la propiedad industrial ha sido objeto de consideración por las distintas Audiencias Provinciales, pudiendo estimarse dominante la opinión que entiende que cuando la conducta típica es la de almacenamiento prevista en el precepto citado, sin que consten actos de venta y ni siquiera de oferta de los bienes en los que se reprodujo o imitó el signo distintivo, en esos casos no hay perjuicio económico efectivo para el titular de los derechos de propiedad intelectual, y por lo tanto no procede indemnización. La razón es que la conducta de almacenamiento, que se conmina como delito consumado, es ontológicamente un acto preparatorio dirigido a producir el perjuicio (obteniendo un ilícito beneficio), pero que todavía no lo ha causado.

Está tipificada como delito consumado en virtud de una opción del legislador, que adelantó las barreras de protección del bien jurídico, conminando igualmente la auténtica consumación del delito que los actos preparatorios y la tentativa. La conducta de almacenamiento constituye, pues, un delito de peligro, y no de lesión. En consecuencia, no hay lesión del derecho de propiedad industrial, ni perjuicio económico indemnizable real y efectivo, que nadie concreta en algo distinto del menoscabo del derecho de propiedad industrial en alguna de sus facetas. Con estas o parecidas razones han considerado que el simple almacenamiento no causa perjuicio económico efectivo, sino peligro, las Sentencias de la AP Madrid de 9-10-2013 y 26-12-2013 , de Valencia de 25-4-2013 y de Barcelona de 7-1-2013 , entre otras muchas, todas las cuales, tal y como resuelve la sentencia combatida, absuelven de pronunciamiento condenatorio alguno sobre responsabilidades civiles devengadas con la conducta.

CUARTO.- El criterio resolutorio anterior, si bien con las matizaciones que se dirán, es compartido por esta Sección Segunda, motivo por el que la sentencia de instancia merece ser confirmada. Y es que, en definitiva, lo propugnado por las defensas técnicas apelantes es la necesidad de indemnizar a los sujetos pasivos de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual in re ipsa loquitur , es decir, estimando existir siempre perjuicio indemnizable cuando el mismo resulte ” evidente “, en los términos expresados por la Sala Primera en la precitada STS núm. 280/2010, de 7 mayo . Se argumenta que se trata por tanto de supuestos -los que ocupan- en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce en definitiva, tal y como se avanzaba, una situación en que “habla la cosa misma”, de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Lo argumentado no puede compartirse por cuanto que el perjuicio in re ipsa loquitur que se advierte por las entidades apelantes no es sino el perjuicio típico exigido en el artículo 270 del Código Penal -DD. Contra la propiedad intelectual- y, por extensión admisible, en los artículos 273 a 277 de dicho texto legal -DD. Contra la propiedad industrial-.”

El concurso entre entre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

Sentencia SAP B  724/16

“En función de la diversa casuística y de la interpretación de los preceptos en juego se han dado también respuestas diferentes a la concurrencia de hechos susceptibles de tipificación simultánea como delito contra la propiedad intelectual y como delito contra la propiedad industrial. En ocasiones se ha apreciado la existencia de un concurso real de delitos, con punición separada, o bien ideal, a sancionar conforme al art. 77 del Código Penal , siendo éstas las tesis predominantes cuando el supuesto de hecho supone la intervención de objetos o soportes de distinta naturaleza, cada grupo protegido por uno de estos derechos.

En general, cuando la misma acción supone una infracción simultánea de derechos de propiedad intelectual e industrial mayormente se acude a la figura del concurso de normas, en cuyo caso mayoritariamente se da prioridad al delito contra la propiedad intelectual, que a los efectos del art. 8 del Código Penal , absorbería la infracción penal de la propiedad industrial, aunque no faltan resoluciones que dan prioridad a ésta última ( Sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de nueve de junio de 2008 ).”

El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial

Sentencia SAP ZA 25/16

“El artículo 274.2 .2 del Código Penal vigente en el momento de cometerse los hechos, dispone que: “… Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados. No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del art. 276 , el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del art. 623.5. El bien jurídico protegido en dicho precepto es esencialmente el derecho de uso o explotación exclusiva de una propiedad industrial derivada del registro en los organismos correspondientes. En efecto, así se corrobora también sistemáticamente, por cuanto el art. 274 del Código Penal está ubicado bajo la Sección 2ª “De los delitos relativos a la propiedad industrial”, y bajo el capítulo XI titulado: “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”, estando cobijados los delitos relativos al mercado y a los consumidores bajo la Sección 3ª, que es una sección distinta. Ello permite afirmar que en el artículo 274 del CP el bien jurídico protegido no es directamente ni el mercado ni los consumidores, sin perjuicio, que indirectamente pueda afectar a los mismos. Lo relevante en este tipo no es el consentimiento del consumidor, sino del titular de la marca, de tal modo que si un comprador fuera engañado pero el titular de la marca consintiera el uso de la marca, el delito del art. 274 CP no se cometería, de lo que se deduce claramente que lo que protege el art. 274 del CP es el derecho exclusivo del titular de la marca y no al consumidor frente al potencial engaño. Si concurriera el engaño y el perjuicio para el consumidor, los hechos podrían ser calificados como de delito de estafa. En el presente caso, vale decir que la actitud pasiva de los supuestos titulares de las marcas pudiera incluso interpretarse como un consentimiento tácito al uso. La capacidad o no de confusión de los productos por parte del consumidor, en base a datos extraregistrales, como el precio, calidad y lugar de venta, es irrelevante para el tipo del art. 274 del CP.

Lo que hay que valorar no es la confundibilidad de los productos por parte de los consumidores en el momento de su adquisición, si no la confundibilidad de la marca con el distintivo imitado, y después del momento de adquisición. Ello, deriva del propio texto del art. 274 .1 al que se remite el art.274 .2 CP , cuando castiga al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, es decir, con el distintivo legalmente registrado. Se habla de signos confundibles, no de confusión entre productos. No se trata de que la confundibilidad lo sea entre productos, sino entre la marca registrada y el distintivo imitado. Desde el punto de vista objetivo, no hay diferencia entre el ilícito civil y el ilícito penal, no en vano, el art.40 de la Ley de Marcas establece la doble vía de protección civil y penal, la diferencia estriba en el aspecto subjetivo, en sede penal se requiere el dolo del infractor, en tanto que en sede civil la infracción se comete de forma objetiva. La interpretación de que el tipo penal habla de signos confundibles y no de confusión entre productos es conforme con la propia Ley de Marcas en que se establece las facultades del titular parar oponerse al uso por terceros, en el caso del uso de un signo idéntico o semejante a la marca, para productos o servicios idénticos o semejantes, en cuyo caso deberá darse un riesgo de confusión o asociación entre el signo indebidamente utilizado y la marca registrada, y con la normativa comunitaria.

La función distintiva de la marca implica que detrás de una marca solo puede haber una empresa; no cabe que dos o más empresas utilicen una misma marca. No significa, en modo alguno, que el uso ilícito en caso de identidad vaya a depender de la percepción del consumidor, de que sepa que el producto es auténtico o no, es algo objetivo. Por ello, y aun cuando se advierta expresamente que el producto no es auténtico. Pues bien, se hace preciso para una adecuada resolución partir de que con este tipo penal se protege, ante todo, el derecho de usar de manera exclusiva determinados signos de identificación de productos industriales cuando aquellos han obtenido la especial garantía que depara su inscripción en el Registro de Propiedad industrial, tratase de un tipo de estructura constitutivamente dolosa en la que no puede faltar, consiguientemente, el perjuicio real o intentado que se deriva del uso por personas distintas del titular de las marcas o nombres, aprovechamiento fraudulento que el usurpador consigue mediante la confusión inducida de los consumidores, de las preferencias y grado de demanda que puedan tener en el mercado los productos que se identifican con la marca, modelo o dibujo usurpados. (…)

Es decir el bien jurídico protegido por este delito, lo mismo que en aquellos otros supuestos de figuras penales relativas a la propiedad industrial, se encuentra en la necesidad económica social de intervención del Estado a fin de promocionar el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, que exige favorecer la exclusividad, no solo en la utilización de los inventos, sino también en el uso de los signos distintivos de la empresa (uso exclusivo de la marca) para permitir así la correspondiente ganancia mercantil a quienes invierten sus bienes en hallazgo de sus productos o en la mejora de su calidad. Ahora bien, ese favorecimiento de la exclusividad tiene un doble fundamento, pues, por un lado, se protegen los intereses de los consumidores, que de este modo ven favorecidas unas mejores posibilidades de asegurar la calidad deseada en las mercancías que adquieren y, por otro lado, se beneficia a la empresa titular del derecho de propiedad industrial a quien se permite el goce de la correspondiente rentabilidad económica, así se pronunció la s. T.S. 8-5-92.

En igual sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de fecha 14 de Marzo de 2013 , señalando como “es reiterada la doctrina la de distintas Audiencias Provinciales, entre otras SSAP Salamanca de 15/5/2009 , 18/6/2009 y 4/6/2010 ; SAP Sevilla 8/6/2010 ; SAP Valencia, Sección 2ª 1/7/2010 ; SAP Alicante 20/7/2010 ; SAP Madrid, Sección 1ª 23/9/2010 e incluso de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo según la cual es requisito necesario para la aplicación del at. 274 CP la concurrencia del riesgo de confundibilidad para dotar de naturaleza penal a la utilización del signo distinto debidamente registrado sin la autorización de su titular, que es el criterio que sigue la Sentencia aquí apelada, que extiende la ilicitud penal propia del supuesto contemplado en aquel precepto sólo a los casos de riesgo de confusión. Y ello es así porque la propiedad industrial goza de protección también en el orden civil, por lo que es necesaria una interpretación restrictiva que reserve para el orden penal los supuestos de mayor gravedad, es decir, los que requieren una respuesta de mayor contundencia. En este sentido, el ámbito de la ilicitud civil está determinado en la Ley de Marcas Ley 17/2001, de 7-12, protegiendo al titular de la marca tanto frente al riesgo de confusión, como al de asociación, de manera que en el ámbito penal se plantea la cuestión de considerar que constituye infracción penal la conducta de introducir en el mercado un producto o servicio con marca idéntica o similar a la original, sin tomar en consideración el resto de las circunstancias que rodean dicha comercialización, especialmente la del producto sobre el que se impone, en cuyo caso la ilicitud valoraría el mero riesgo de asociación, o considerar que la infracción penal debe valorar, no sólo el dato de la identidad o similitud de los signos, sino también la identidad o similitud de los productos o servicios sobre los que se impone.”

Los delitos contra la propiedad industrial no requieren denuncia previa del perjudicado

Sentencia SAP Z 129/15

“El artículo 623 nº 5 del Código Penal, hay que relacionarlo con el articulo 274 del Código Penal relativo a los delitos contra la propiedad industrial, que está incluido en la sección segunda del capitulo XI del titulo XIII de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, bajo el epígrafe “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”, concretamente tenemos que decir que el artículo 274 del Código Penal esta incluido en el epígrafe “De los delitos relativos a la propiedad industrial”, y en la sección quinta de dicho capitulo, sobre disposiciones comunes, nada se dice de que los delitos incluidos en este precepto legal precisen la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, solamente para los delitos establecidos en la sección tercera, es decir los relativos al mercado y a los consumidores, excepto los artículos 284 y 285 del Código penal, por lo que se puede proceder de oficio con la acusación del Ministerio Fiscal, y esto lo decimos, ya que no es precisa en forma alguna la denuncia de los representantes de las marcas comerciales.”

Elementos para la apreciación del delito contra la propiedad industrial

Sentencia AP O 35/18

“Para su apreciación, la jurisprudencia viene exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) la existencia de una serie de productos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arrogan su titularidad;

2º) que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados, y que con ello se conculquen los derechos de propiedad industrial;

3º) que tales conductas se realicen con fines industriales o comerciales, […]

El perjuicio indemnizable en el delito contra la propiedad industrial

Sentencia AP IB 347/17

“No obstante y también en línea con lo razonado en la instancia, el problema del perjuicio indemnizable en el delito contra la propiedad industrial ha sido objeto de consideración por las distintas Audiencias Provinciales, pudiendo estimarse dominante la opinión que entiende que cuando la conducta típica es la de almacenamiento prevista en el precepto citado, sin que consten actos de venta y ni siquiera de oferta de los […]

El concurso entre entre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

Sentencia SAP B  724/16

“En función de la diversa casuística y de la interpretación de los preceptos en juego se han dado también respuestas diferentes a la concurrencia de hechos susceptibles de tipificación simultánea como delito contra la propiedad intelectual y como delito contra la propiedad industrial. En ocasiones se ha apreciado la existencia de un concurso real de delitos, con punición separada, o bien ideal, a sancionar conforme al art. 77 […]

El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial

Sentencia SAP ZA 25/16

“El artículo 274.2 .2 del Código Penal vigente en el momento de cometerse los hechos, dispone que: “… Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se […]

Los delitos contra la propiedad industrial no requieren denuncia previa del perjudicado

Sentencia SAP Z 129/15

“El artículo 623 nº 5 del Código Penal, hay que relacionarlo con el articulo 274 del Código Penal relativo a los delitos contra la propiedad industrial, que está incluido en la sección segunda del capitulo XI del titulo XIII de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, bajo el epígrafe “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los […]

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