Este recurso se presenta ante el Tribunal Constitucional cuando se considera que los derechos de una persona han sido afectados.
¿Quiénes deciden si este daño a uno o varios derechos de una persona debe ser respaldado por el recurso de amparo? Lo decide la propia persona afectada, el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo.
En el Capítulo II del Título I de la Constitución Española se recoge la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Dentro de este Capítulo, este tipo de derechos y libertades aparecen en el artículo 53 donde se establece su grado de protección. Y es en este artículo donde se otorga a los ciudadanos y a los poderes públicos un último recurso para pedir la protección de los derechos fundamentales en caso de que sean vulnerados o se cohíba al disfrute de estos. Una vez recogidas todas estas leyes que dictan la protección de los ciudadanos en sus derechos y libertades, en caso de que no sean aplicables o sean menos rápidas de lo previsto se acude en última instancia al recurso de amparo, regulado por la propia Constitución Española.