Abogados Allanamiento de Morada2018-01-27T07:30:53+00:00
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Caso de Éxito en Delito de Allanamiento de Morada

Sobreseimiento

Tribunal: Juzgado de Instrucción
Denunciante: Particular
Imputación: Delito de allanamiento de morada
Defensa: Esteban Abogados

El derecho a la inviolabilidad del domicilio

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sentencia 113/18

“El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, según el artículo 18.2 de la Constitución sólo cede en caso de consentimiento del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución judicial. En cuanto a qué deba entenderse por domicilio, no todo espacio cerrado ni todo lugar que necesite el consentimiento del titular para que terceros puedan entrar en él lícitamente constituyen domicilio. Según ha declarado el Tribunal Constitucional, resaltando el carácter de base material de la privacidad ( STC 22/1984 ), el domicilio es un «espacio apto para desarrollar vida privada» ( STC 94/1999, de 31 de mayo , F. 4), un espacio que «entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad», «el reducto último de su intimidad personal y familiar» ( STC 22/1984 , STC 60/1991 y 50/1995 , STC 69/1999, de 26 de abril y STC núm. 283/2000, de 27 de noviembre ). Esta Sala, entre otras en la STS núm. 1108/1999, de 6 de septiembre , ha afirmado que «el domicilio es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental» ( SSTS 24-10-1992 , 19-7-1993 y 11-7-1996 ).

Se resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad. Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad alejadas de la intromisión de terceros no autorizados. En la STS núm. 436/2001, de 19 de marzo , hemos afirmado que «el concepto subyacente en el artículo 18.2 de la CE ha de entenderse de modo amplio y flexible ya que trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, al desarrollo de su privacidad a través de la cual proyecta su “yo anímico” en múltiples direcciones (cfr. Sentencias del TS de 19 enero , 4 de abril 1995 y 30 abril 1996 ).

Como también se ha dicho en la Sentencia de esta Sala, de 7 de noviembre de 1997 , el derecho fundamental a la intimidad personal ( art. 18.1 CE ) se concreta en la posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos privados, es decir, que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Tal derecho se deriva directamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad ( art. 10.1 CE ). Consecuentemente, la protección del domicilio no es sino un aspecto de la protección de la intimidad que sirve al libre desarrollo de la personalidad.  También, en este sentido, el Tribunal Constitucional afirma en la STC 22/1984 , que el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública.

Como se ha dicho acertadamente – continúa la sentencia del Tribunal Constitucional-, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello -concluye-, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella.”

Modalidades comisivas del delito de allanamiento de morada

Auto AP MU-3 980/17

“Dispone el artículo 202 del Código Penal que, “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. En cuanto al delito del artículo 197 del Código Penal la jurisprudencia menor, entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 25 de enero de 2.013 , Fundamento de Derecho Segundo ha declarado que, “El artículo 197-1º contiene dos tipos básicos definidos por modalidades comisivas distintas, como son el apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o la interceptación de las telecomunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, ( lo que se denomina control auditivo y visual clandestinos).

Las S.S.T.S. 872/01 y 694/03 se han ocupado de definir el alcance de este precepto. Así, expone la segunda que el artículo 197.1 contempla el tipo básico del delito de descubrimiento y revelación de secretos, que tutela el derecho fundamental a la intimidad personal -que es el bien jurídico protegido-,garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución Española -derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-, superando la idea tradicional del concepto de libertad negativa, materializado en el concepto de secreto que imperaba en el Código Penal derogado, artículo 497 .

Los elementos objetivos del artículo 197.1, se integran en primer término por la conducta típica, en la que se pueden distinguir dos modalidades: a) apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, y b) la interceptación de telecomunicaciones o la utilización de artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o cualquier otra señal de comunicación. Ésta última cláusula general, trata de subsanar las posibles lagunas de punibilidad que se pueden derivar de los avances de la tecnología moderna. Sujeto activo del tipo básico podrá ser cualquiera, “el que”, dice el texto legal; y sujeto pasivo, ha de ser el titular del bien jurídico protegido y se corresponderá con el de objeto material del delito, pues el concepto que se examina utiliza el posesivo “sus” referido a papeles, y también al otro supuesto, intercepta “sus telecomunicaciones”. Por tanto la conducta será típica si el sujeto pasivo del delito es también titular del soporte objeto de apoderamiento. Del mismo modo, si los secretos son titularidad de un tercero distinto del titular del soporte, en puridad la conducta debe considerarse atípica.”

Requisitos de tipicidad en el delito de allanamiento

Sentencia AP Z-3 266/15 

“La conducta típica de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2º del Código Penal puede consistir en ocupar “sin autorización debida”, o en mantenerse “contra la voluntad de su titular”, inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada. De tal distinción se deriva que, mientras para la ocupación, que está configurada como un tipo abierto, las causas capaces de eliminar la tipicidad del hecho no se limitan a la voluntad del dueño sino que la referencia típica permite incluir cualquier acto en virtud del cual se faculte al sujeto para ocupar el inmueble (decisión judicial, administrativa, etc.), con tal de que constituya autorización suficiente; sin embargo, en el hecho de mantenerse se menciona únicamente la voluntad del titular.

La conducta ha de realizarse sin violencia o intimidación, pues si así fuera resultaría aplicable el apartado 1º, pero se mantiene la tipicidad del párrafo segundo en caso de utilización de fuerza en las cosas. El objeto material del delito viene definido por tres notas: ha de ser un bien inmueble, no ha de constituir morada, y ha de ser ajeno, por lo que el sujeto activo sólo puede serlo quien no sea titular. Todos estos requisitos se dan en el supuesto sometido a la consideración de esta Sala, incluido el dolo, como razona acertadamente el Juez de Instancia. La siguiente alegación impugnatoria viene referida a la desestimación del estado de necesidad de los recurrentes.

No se puede estimar dicho estado ni como eximente completa ni incompleta pues no se ha acreditado que los apelantes hayan agotado todos los medios alternativos lícitos que el Estado o las entidades sociales ofrecen para evitar el mal antes de acudir a esta vía de hecho, de tal manera que fracasados aquellos no quepa otra posibilidad humanamente razonable que la comisión del delito -en este caso leve-. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2002 : “El recurrente con la designación de los documentos pretende una revaloración de la prueba para afirmar el presupuesto de la necesidad con olvido de que el estado de necesidad parte de una situación de peligro, actual, real e inminente, para un bien jurídico que permite la transgresión de otro, u otros, para subvenir la situación. La situación que el recurrente describe, de necesidades económicas de la familia, no supone la situación de necesidad para bienes jurídicos, vida, integridad física, etc., que autoriza la agresión a otros bienes jurídicos para conjurar la situación peligrosa”.

La eximente de estado de necesidad en el delito de allanamiento

Sentencia AP LE-3 236/15

“La base del estado de necesidad (como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 26-10-1998 EDJ1998/22017) está constituida por la colisión de bienes o deberes, es decir, por el peligro inminente de pérdida de un bien jurídico y la posibilidad de su salvación sacrificando otro bien o deber jurídico de menor o igual valor. Se requiere que la acción sea necesaria. A la inevitabilidad se refiere la doctrina de esta Sala en el sentido de que no exista otra solución o alternativa que evite el conflicto.

Este enfoque global podemos pormenorizarlo a través de la Sentencia de 26-3-1998 EDJ1998/2546 que recogiendo la doctrina sentada por las de 29-5 -1997 EDJ1997/5457 y 14-10-1996 EDJ1996/7985) enumera de forma más detallada los requisitos de la eximente que son cinco: a) Pendencia acuciante y grave de un mal propio o ajeno, que no es preciso haya comenzado a producirse, bastando con que el sujeto de la acción pueda apreciar la existencia de una situación de peligro y riesgo intenso para un bien jurídicamente protegido y que requiera realizar una acción determinada para atajarlo. b) Necesidad de lesionar un bien jurídico de otro o de infringir un deber con el fin de soslayar aquella situación de peligro. c) Que el mal o daño causado no sea mayor que el que se pretende evitar, debiéndose ponderar en cada caso concreto los intereses en conflicto para poder calibrar la mayor, menor o igual entidad de los dos males, juicio de valor que “a posteriori” corresponderá formular a los Tribunales de Justicia. d) Que el sujeto que obre en ese estado de necesidad no haya provocado intencionadamente tal situación. e) Que ese mismo sujeto, en razón de su cargo u oficio, no esté obligado a admitir o asumir los efectos del mal pendiente o actual.

En ampliación de los requisitos jurídicos antes dichos, hay que resaltar las siguientes prevenciones: 1° La esencia de esta eximente radica en la ínevitabilidad del mal, es decir, que el necesitado no tenga otro medio de salvaguardar el peligro que le amenaza, sino infringiendo un mal al bien jurídico ajeno. 2° El mal que amenaza ha de ser actual, inminente, grave, injusto, ilegítimo, como inevitable es, con la proporción precisa, el que se causa. 3 3° Subjetivamente la concurrencia de otros móviles distintos al reseñado enturbiaría la preponderancia de la situación eximente que se propugna. 4º En la esfera personal, familiar y social, es preciso que se hayan agotado todos los recursos o remedios existentes para solucionar el conflicto antes de proceder antijurídicamente.”

El derecho a la inviolabilidad del domicilio

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sentencia 113/18

“El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, según el artículo 18.2 de la Constitución sólo cede en caso de consentimiento del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución judicial. En cuanto a qué deba entenderse por domicilio, no todo espacio cerrado ni todo lugar que necesite el consentimiento del titular para que terceros […]

Modalidades comisivas del delito de allanamiento de morada

Auto AP MU-3 980/17

“Dispone el artículo 202 del Código Penal que, “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. En cuanto al delito del artículo 197 del Código Penal la jurisprudencia menor, entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha […]

Requisitos de tipicidad en el delito de allanamiento

Sentencia AP Z-3 266/15 

“La conducta típica de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2º del Código Penal puede consistir en ocupar “sin autorización debida”, o en mantenerse “contra la voluntad de su titular”, inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada. De tal distinción se deriva que, mientras para la ocupación, que está configurada como un tipo abierto, las causas capaces de eliminar la tipicidad del hecho no se limitan […]

La eximente de estado de necesidad en el delito de allanamiento

Sentencia AP LE-3 236/15

“La base del estado de necesidad (como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 26-10-1998 EDJ1998/22017) está constituida por la colisión de bienes o deberes, es decir, por el peligro inminente de pérdida de un bien jurídico y la posibilidad de su salvación sacrificando otro bien o deber jurídico de menor o igual valor. Se requiere que la acción sea necesaria. A la inevitabilidad se refiere la […]

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