Abogados Omisión Socorro2018-01-27T08:48:37+00:00
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Condiciones de la omisión impropia

Sentencia TSJ MA 1 31/18

“Lo primero que debemos analizar, son las condiciones bajo las cuales una omisión (impropia) se equipara a una acción positiva y puede ser castigada como un delito activo, que son, “el tener que responder jurídicamente” y la llamada “cláusula de equivalencia”, tal y como de forma reiterada ha analizado la doctrina. El legislador español de 1995, por el contrario, aunque primero asumió, en la primera proposición del art. 11 del Código penal español estos dos principios, aclaró de forma expresa en la proposición segunda que se cumplen, bien (a) “cuando exista un específica obligación legal o contractual de actuar” o bien (b) “cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido mediante una acción u omisión precedente”, los límites del dominio marcan siempre también los límites de la posición penal de garante.

La posición de garante es el requisito principal de la comisión por omisión, siendo también la equivalencia significativa entre causación activa y no interrupción debida del curso causal, en los delitos de omisión impropia, constituye el “control personal” el criterio decisivo, que es evidente, en el caso de menores, por el desamparo de los mismos en cuanto al foco de un peligro preexistente, siendo el prototipo de supuestos en los que se equipara la omisión con la acción. El repertorio de posiciones o deberes de garantía que, de acuerdo con esta jurisprudencia, cabe incluir en los márgenes del artículo 11 CP dentro del tríptico ley- contrato-actuar precedente es muy variado, y lo podemos resumir en las siguientes situaciones, según la doctrina mas destacada :

1) obligaciones de actuar basadas en la existencia de deberes familiares legalmente establecidos;

2) obligaciones de actuar basadas en relaciones de confianza derivadas de la existencia de lazos contractuales;

3) obligaciones de actuar basadas en la existencia de un deber de vigilancia sobre ciertas fuentes de peligro;

4) obligaciones de actuar basadas en el ejercicio de determinadas profesiones y cargos públicos o en la superioridad jerárquica; y

5) obligaciones de actuar derivadas del actuar precedente ilícito (injerencia).”

El control de la racionalidad y solidez de la inferencia en la prueba indiciaria

Sentencia TSJ CAT 1 16/18

“El control de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o coherencia -de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él-, como desde su suficiencia o calidad concluyente -no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa-, si bien, en este último caso, como advierte reiteradamente la jurisprudencia, ” se debe ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales [en referencia a los de instancia] quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio ” ( STS2 669/2013 de 28 feb . FD2; en el mismo sentido las SSTS2 927/2013 de 11 dic . FD1, 328/2014 de 28 abr. FD2 y 719/2016 de 29 sep. FD1, todas ellas con cita de la STC 229/2003 de 18 dic . FJ24, a la que pueden añadirse, entre otras, las SSTC 171/2000 de 26 jun . FJ3, 155/2002 de 2 jun. FJ14, 163/2004 de 4 oct. FJ9, 172/2005 de 20 jun. FJ4 y 126/2011 de 18 jul. FJ21).

Otra. Para llevar a cabo esa revisión, tal como advierte la jurisprudencia, constituye un error pretender valorar aisladamente los diversos indicios que integran la prueba indirecta, ya que la fuerza probatoria de esta procede de la interrelación y combinación de los mismos, que concurren y se refuerzan respectivamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección, por lo que no resulta aceptable analizar aisladamente cada uno de los elementos que componen la cadena de la prueba indiciaria para darles otra interpretación, o bien aislarlos del conjunto probatorio extrayendo conclusiones subjetivas e interesadas, ya que ” el análisis descompuesto y fraccionado de diferentes indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista del razonamiento impugnativo ” ( STS2 719/2016 de 27 sep . FD3).

Y otra más. La seguridad y la precisión de la inferencia obtenida a partir de una prueba indiciaria se producirá cuando genere la conclusión ” más probable ” sobre el hecho a probar, de manera que ” resultará probada la hipótesis sobre el hecho que se fundamente sobre diversas inferencias presuntivas convergentes cuando esa hipótesis esté dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que se refieren otras inferencias presuntivas, mucho más débiles y por tanto incapaces de alterar la firmeza de aquella que se proclama como predominante “, de manera que, ” en términos generales, la suficiencia de unos indicios no exige como presupuesto la exclusión total y absoluta de la hipótesis contraria… es siempre posible una elección racional a favor de la hipótesis que goza de una probabilidad lógica prevalente, aunque exista la posibilidad de otras inferencias presuntivas, incapaces por sí solas de cuestionar la validez probatoria de aquella que permite, más allá de cualquier duda razonable, respaldar la que se impone como dominante ” ( STS2 719/2016 de 27 sep . FD3, con cita de las SSTS2 732/2013 de 16 oct . y 700/2009 de 18 jun .).”

Requisitos del delito de omisión de socorro

Sentencia AP O 161/15

“Sabido es que, como señala el Tribunal Supremo en reiteradas resoluciones (sentencia de 19 de enero de 2000 por todas) el delito de omisión del deber de socorro requiere para su existencia:

1) Una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma patente y conocida y que no existan riesgos propios o de un tercero, como pueda ser la posibilidad de sufrir lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que necesita;

2) Una repulsa por el ente social de la conducta omisiva del agente y

3/ Una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, bien a través del dolo directo, certeza de la necesidad de ayuda, o del eventual, en función de la probabilidad de la presencia de dicha situación, pese a lo cual se adopta una actitud pasiva.”

El tipo agravado del delito de omisión de socorro

Sentencia TSJ CLM 1/15     

“El delito de omisión del deber de socorro del 195, pertenece a la clase de los delitos de omisión propia, el bien jurídico protegido es el deber general de solidaridad o ayuda que deriva de la convivencia en comunidad, con él se pretende penalizar una lesión a la solidaridad mínima general ante un peligro para bienes importantísimos. El tipo del 196 no constituye sólo un delito agravado de omisión de socorro, fundamentado en la mayor cualificación del remitente, sino que constituye realmente un delito de omisión impropia, ya que el profesional de la medicina que deniega la asistencia sanitaria incumple un deber legal de asistencia, no solamente el deber general de ayuda castigado en el 195, sino una obligación jurídica que le corresponde especialmente: a diferencia del 195, el artículo 196 no sanciona simplemente al profesional que denegare asistencia sanitaria, sino al profesional que, estando obligado a ello , denegare dicha asistencia o abandonare los servicios sanitarios: por último, como consecuencia de la posición de garante del personal sanitario, mientras que en el tipo del 195 el riesgo prevenido debe ser manifiesto y grave, en el del 196 lo que se exige es que de la denegación o abandono se derive el riesgo grave para la salud.

La conducta exigida varía en cada caso concreto en función de las situaciones de desamparo. Es incuestionable el deber de auxilio cuando la persona se encuentra sola y abandonada, sin asistencia médica ni sanitaria, también se mantiene en el caso de que hayan acudido en su auxilio otras personas, pero es lícita la abstención cuando se sabe que la víctima en ese momento ya estaba recibiendo un auxilio eficaz. En el caso enjuiciado consta que el recurrente sabía de la situación de peligro y del grave riesgo para la salud del sujeto que había sufrido el accidente de automóvil y se encontraba adyacente a la puerta del hospital en que prestaba servicio de guardia el médico recurrente, también consta su negativa y no se ha acreditado que estuviera prestando servicios sanitarios en aquel momento que le impidieran prestar la asistencia requerida.”

Condiciones de la omisión impropia

Sentencia TSJ MA 1 31/18

“Lo primero que debemos analizar, son las condiciones bajo las cuales una omisión (impropia) se equipara a una acción positiva y puede ser castigada como un delito activo, que son, “el tener que responder jurídicamente” y la llamada “cláusula de equivalencia”, tal y como de forma reiterada ha analizado la doctrina. El legislador español de 1995, por el contrario, aunque primero asumió, en la primera proposición del […]

El control de la racionalidad y solidez de la inferencia en la prueba indiciaria

Sentencia TSJ CAT 1 16/18

“El control de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o coherencia -de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él-, como desde su suficiencia o calidad concluyente -no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea […]

Requisitos del delito de omisión de socorro

Sentencia AP O 161/15

“Sabido es que, como señala el Tribunal Supremo en reiteradas resoluciones (sentencia de 19 de enero de 2000 por todas) el delito de omisión del deber de socorro requiere para su existencia:

1) Una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma patente y conocida y que no existan riesgos propios o de […]

El tipo agravado del delito de omisión de socorro

Sentencia TSJ CLM 1/15     

“El delito de omisión del deber de socorro del 195, pertenece a la clase de los delitos de omisión propia, el bien jurídico protegido es el deber general de solidaridad o ayuda que deriva de la convivencia en comunidad, con él se pretende penalizar una lesión a la solidaridad mínima general ante un peligro para bienes importantísimos. El tipo del 196 no constituye sólo un delito […]

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