Malversación

Abogados Penalistas en Delito de Malversación

El delito de Malversación

Abogados Malversación

Este delito se produce cuando la autoridad o funcionario público comete un delito de administración desleal o de apropiación indebida sobre el patrimonio público.

Es necesario, por tanto, que el sujeto activo sea una autoridad o un funcionario público, y que el delito recaiga sobre el patrimonio público, independientemente de si se trata de una apropiación indebida o administración desleal.

Por tanto, se distinguen dos modalidades principalmente, la malversación en el delito de apropiación debida, y la malversación en la administración desleal.

La consumación de este delito requiere el resultado del perjuicio al patrimonio, por lo que se produce en el momento en el que existe un perjuicio económico.

Se trata de un delito doloso puesto que el funcionario o autoridad excede sus funciones y utiliza el patrimonio público de forma ilegítima, siendo consciente de ello.

Regulación de los delitos de malversación

La malversación es un delito tipificado en el código penal en los artículos 432 a 435 del Código Penal, en concreto, es un delito que atenta contra la Administración Pública.

El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración, y la relación del funcionario público con esta.

Agravantes del delito de malversación

El delito de malversación puede ser agravado cuando se concurra en una o varias de estas circunstancias:

Cuando el valor del daño causado o de los bienes apropiados supere los 50.000 euros.
Cuando se cause un daño grave o enlentecimiento al servicio público.

En estos casos, la malversación conlleva una pena de cuatro a ocho años de prisión, junto con una inhabilitación absoluta de diez a veinte años.

Si el valor del perjuicio o de los bienes apropiados excede de 250.000, estas penas se impondrán en su mitad superior, pudiendo llegar a imponerse en un grado superior.

Atenuantes del delito de malversación

Asimismo, este delito presenta también una serie de atenuantes que, en caso de cumplirse, podrían reducir considerablemente las penas.

Cuando el valor del perjuicio provocado o los bienes apropiados sea inferior a 4.000 euros, se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión, multa de dos a cuatro meses, e inhabilitación de cargo y empleo por un tiempo de hasta tres años.

Tipos de malversación

Nuestro despacho de abogados está especializado en el delito de malversación

El Código Penal distingue principalmente dos conductas de este delito, malversación apropiativa y malversación de uso, sin embargo, también existe una modalidad de malversación impropia. A continuación, analizaremos todos estos tipos para que puedas resolver tus dudas.

Malversación apropiativa

La malversación apropiativa es el tipo de malversación en la que el sujeto activo lleva a cabo una apropiación indebida del patrimonio público. El delito de apropiación indebida consiste en apropiarse de dinero, bienes, efectos u cualquier otro bien mueble o activo patrimonial, que haya sido recibido como depósito, teniendo la obligación de devolverlo, así como si se niega haber recibido dichos bienes.

En este caso, la autoridad o funcionario público utiliza el patrimonio público de forma ilegítima, apropiándose del mismo o utilizándolo para sus propios intereses. Por ello, es necesario que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público, puesto que ha de tener acceso a los recursos públicos de forma legal, pero excede de sus funciones al apropiarse de ellos.

Malversación de uso

La malversación de uso es la conducta de este delito en la que se lleva a cabo un delito de malversación en su modalidad de administración desleal por parte de la autoridad o funcionario público sobre el patrimonio público.

La administración desleal se produce cuando el sujeto activo, que tiene facultades concedidas por la ley, autoridad, o procedentes de un negocio jurídico para administrar el patrimonio ajeno, exceda dichas facultades destinando los bienes a fines diferentes a los que habían sido propuestos, provocando un perjuicio sobre el patrimonio.

Malversación impropia o desfalco

La malversación impropia o desfalco es un tipo especial, cuya principal diferencia respecto a las anteriores es que el sujeto activo no es la autoridad o un funcionario público, sino que se trata de un particular. Para que se produzca es necesario que existan los siguientes requisitos:

Cuando el particular, en el momento de cometer el delito, haya sido encargado de los fondos, rentas o efectos de la Administración Pública.
Cuando el particular haya sido designado legalmente como depositario de fondos o efectos públicos.
Cuando el particular sea un depositario o administrador de dinero o bienes embargados o depositados por la autoridad, aunque pertenezcan a un particular.

La malversación impropia puede cometerse en cualquiera de sus dos modalidades, es decir, bajo un delito de apropiación indebida (malversación apropiativa), o bajo un delito de administración desleal (malversación de uso).

Aplicación extensiva de las penas por malversación

En relación a este último apartado, el Código Penal establece una serie de situaciones en las que las penas del delito de malversación pueden aplicarse a otros sujetos diferentes de la autoridad o funcionarios públicos. Son los siguientes:

Aquellos que se encarguen de las rentas, fondos o efectos de la Administración Pública.
Los particulares legalmente designados como depositarios de fondos o caudales públicos.
Los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados por la autoridad, a pesar de pertenecer a particulares.
Los administradores concursales, con relación a los intereses económicos de los acreedores o la masa concursal.

Penas del delito de malversación

El tipo básico del delito de malversación conlleva una pena de prisión de dos a seis años, y una inhabilitación especial de empleo o cargo público, así como para el derecho de sufragio pasivo, por un tiempo de seis a diez años. Estas penas se establecen para las tres modalidades que hemos comentado, malversación de uso, apropiativa e impropia, con independencia de la conducta llevada a cabo. Además, estas penas pueden agravarse o atenuarse, si se dan las circunstancias que hemos comentado anteriormente.

Este delito también contempla una pena si la responsabilidad penal recae sobre una persona jurídica, en cuyo caso se impondrá la siguiente condena.

Cuando las penas para la persona física sean de más de cinco años de prisión, este delito conlleva una multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del perjuicio causado cuando el valor del delito sea superior.
Cuando la pena de prisión es de más de dos años y menos de cinco, se impondrá una multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor del perjuicio causado. En el resto de casos, se impondrá una multa de seis meses a dos años o del doble al triple del daño provocado.

Si se encuentra acusado de un delito de malversación, nuestros Abogados Penalistas le asesorarán adecuadamente.

Jurisprudencia

Determinación del órgano competente penal en la malversación

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 502/18

«El motivo se contrae a la determinación de la competencia para enjuiciar el hecho y debe ser estimado. En primer lugar porque, como dijimos la sentencia de esta sala, 235/2016, 17 marzo, la doctrina de esta Sala tiene invariablemente declarado que cuando se ha procedido a la apertura del juicio oral –recuérdese que su dictado corresponde en el Procedimiento Abreviado al Juez de Instrucción–, no cabe modificación de la competencia objetiva declarada y hay que estar necesariamente a la doctrina de la perpetuatio iurisdiccionis, en cuanto ello supone el mantenimiento de una competencia declarada abierto el juicio oral, incluso en los casos en los que la acusación desistiera de la calificación más grave que dio lugar a la atribución de la competencia. Dicho de otro modo, abierto el juicio oral ante un órgano judicial –en el presente caso ante la Audiencia Provincial de Badajoz–, el proceso solo puede terminar por sentencia o por similar resolución. En tal sentido, se pueden citar, SSTS 700/2001; 1019/2004; 413/2008; 1351/2011; 8/2012; 1476/2012; 272/2013; 286/2013; 673/2013 ó 697/2013.

En segundo término, para la determinación de la la competencia ha de estarse a las pretensiones de las partes que, en atención al delito por el que han calificado, informan sobre el órgano competente. En ese sentido, todas partes han señalado como órgano competente para […]

Elementos del delito de malversación de caudales públicos

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sentencia 1455/17

Según la doctrina de esta Sala, el delito de malversación de caudales públicos exige de la concurrencia de los siguientes elementos:

a) La cualidad de funcionario público o autoridad del agente, concepto suministrado por el art. 24 del Código Penal , bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública;

b) Una facultad decisoria jurídica o detentación material de los caudales o efectos, ya sea de derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que en aplicación de sus facultades, tenga el funcionario una efectiva disponibilidad material;

c) Los caudales han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al erario público;

d) Sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga dichos caudales. Sustracción equivale a apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo; e) ánimo de lucro del sustractor o de la persona a la que se facilita la sustracción ( SSTS 98/1995, de 9 de febrero ; 1074/2004, de 18 de octubre ; 132/2010, de 18 de febrero o 841/2013 de 18 noviembre, entre muchas otras).

Relación del funcionario respecto de los caudales públicos

Tribunal Supremo. Sala Segunda.
Sentencia 606/17

“Según la doctrina de esta Sala, el delito de malversación de caudales públicos exige de la concurrencia de los siguientes elementos: a) La cualidad de funcionario público o autoridad del agente, concepto suministrado por el art. 24 del Código Penal , bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública; b) Una facultad decisoria jurídica o detentación material de los caudales o efectos, ya sea de derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que en aplicación de sus facultades, tenga el funcionario una efectiva disponibilidad material; c) Los caudales han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al erario público; d) Sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga dichos caudales. Sustracción equivale a apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo; e) ánimo de lucro del sustractor o de la persona a la que se facilita la sustracción ( SSTS 98/1995, de 9 de febrero; 1074/2004, de 18 de octubre ; 132/2010, de 18 de febrero o 841/2013 de 18 noviembre, entre muchas otras).

Nuestra jurisprudencia ha expresado también que la especial relación […]

Elementos del delito de malversación

Sentencia SAP-BA 170/15

“En cuanto al delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal , el Tribunal Supremo tiene tradicionalmente establecido que son tres los elementos que se requieren para la existencia de este delito: a) la cualidad de funcionario público o autoridad en el sujeto activo del hecho conforme a las definiciones que de estos conceptos nos ofrece el artículo 24 del Código Penal ; b) que haya una resolución arbitraria en el asunto administrativo, con lo que nos recuerda el inciso final del artículo 9 número 3 de la Constitución que prohíbe “la arbitrariedad de los poderes públicos”.

A este respecto, no basta la mera ilegalidad, pues no existe este delito cuando se trata solo de una interpretación errónea, equivocada o discutible, sino que ha de ser una discordancia tan patente y clara entre esa resolución y el ordenamiento jurídico que cualquiera pudiera entenderlo así por carecer de explicación razonable. Debe radicar en una absoluta falta de competencia del funcionario o autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial del procedimiento, en la ausencia de razonamiento, o en el propio contenido sustancial de lo resuelto; c) el requisito de carácter subjetivo viene recogido en los términos “a sabiendas”, que es la consignación expresa en el texto de la norma penal del dolo como elemento del delito, que […]