Abogados Denuncias y Querellas2018-01-27T08:35:13+00:00
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¿Qué es una querella criminal?

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

Una querella es un escrito de exposición de un hecho delictivo que se presenta ante el juzgado de guardia, con el fin de que el Juez abra un procedimiento penal para investigar los hechos. A diferencia de la denuncia, que puede formularse en solitario por el denunciante, la querella, debe presentarse con la firma de un abogado y de un procurador.

El efecto más relevante de la querella, que le distingue de la mera denuncia, es que el denunciante cambia de estatus en el proceso y se convierte en acusación particular. De esta manera, a través de su abogado puede intervenir directamente en el procedimiento, solicitando por ejemplo diligencias de investigación. Además, puede presentar un escrito de acusación contra el querellado. Esta posibilidad puede ser muy importante, puesto que el proceso penal es acusatorio, lo que significa que el Juez únicamente puede condenar si existe acusación. Así, en el caso de que el Fiscal decidiera no acusar, el Juez se vería obligado a cerrar el caso. Por el contrario, si existe una acusación particular, el Juez de instrucción puede abrir juicio oral y el Juez enjuiciador condenar al acusado sin acusación del Fiscal.

Otra diferencia relevante de la querella respecto a la denuncia es que es posible recurrir la desestimación judicial de una querella, pero no de una denuncia. La inadmisión de una querella no supone cosa juzgada, lo que significa que es posible presentar de nuevo la querella incluso ante el mismo juez.

 

 

La motivación de las resoluciones judiciales

Auto AP CS 2 27/18

“Finalmente, al objeto de evitar la trascendencia social de un juicio público frente a acusaciones sin un mínimo de consistencia, y por motivaciones ajenas al derecho al ejercicio de la acción penal, no necesariamente debe realizarse el juicio de trascendencia o control jurisdiccional en el momento procesal en el que nos encontramos, esto es, el momento de la finalización de la instrucción y la aplicación de una de las resoluciones del art. 779.1 LECrim , ya que este control jurisdiccional tiene mejor y más adecuado acomodo procesal en el trámite previsto en el art. 783 LECrim , que precisamente posibilita al Juez de Instrucción, una vez ha tenido conocimiento de los escritos de acusación, valorar la consistencia de las acusaciones, con la posibilidad entonces de decretar cualquiera de los sobreseimientos previstos en los arts. 637 y 641 LECrim.

Por otro lado, el art 779, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que dicho auto contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan. Y además de todo cuanto antecede, ha de reseñarse que respecto de la necesidad de motivar las resoluciones judiciales la jurisprudencia del Tribunal Supremo- SSTS 8 de febrero de 2001 , 18 de mayo de 1998 , 5 de mayo de 1997 , 23 de abril y 21 de mayo de 1996 , entre otras muchas- recuerda que la motivación exige que la resolución contenga una fundamentación suficiente para que en ella se reconozca la aplicación razonable del Derecho a un supuesto específico permitiendo a un observador saber cuáles son las razones que sirven de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad.

En similares términos se pronuncia el Tribunal Constitucional cuando tras establecer que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre ) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Exige que a los efectos de su control constitucional si es necesario que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos.

Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994; y las de esta Sala de 26 de diciembre de 1991; 4 de diciembre de 1992; 21 de mayo de 1993; 1 de octubre de 1994; y 18 de mayo de 1995)”.”

La imprudencia punible

Sentencia JP 10 VA 37/18

“Según la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en la destacable Sentencia de 25 de septiembre de 2000, con cita, a su vez, entre otras, de las sentencias de la Sala 2 ª de 17.12.79 , 4 y 26.2 , 20.2 , 22.4.80 , 18.1 y 13.1.82 , 2.10.84 , 14.5 y 13.12.85 , 27.2.86 , 26.4 y 8.5.88 , 12.11 y 7.12.90 , 7.5 y 1.7.91 , 26.3.94 y 22.9.95 , y reiterada en otras muchas resoluciones posteriores, en la imprudencia punible deben concurrir los siguientes elementos:

a) Un comportamiento activo u omisivo voluntario, sin intención de provocar el resultado lesivo originado – ausencia de dolo directo- ni aceptación de tal resultado, en el caso de haber sido previsto -ausencia de dolo eventual;

b) Previsibilidad del peligro originado o del aumento del riesgo ocasionado por el comportamiento del acusado, y falta de permisión social de tal peligro o tal aumento de riesgo. Dicho elemento de previsibilidad se suele calificar en la jurisprudencia de psicológico o subjetivo e implica la posibilidad de conocer las consecuencias lesivas y dañosas del comportamiento del inculpado, y por tanto también de las circunstancias concurrentes con tal conducta y de los mecanismos que del comportamiento y las circunstancias pueden desencadenar los resultados lesivos; según la sentencia del Tribunal Supremo de 12.11.90 , las máximas de experiencia revelarán la asociación entre ciertas conductas y un peligro para personas o bienes.

En supuestos como el aquí analizado la previsibilidad de las consecuencias dañosas deberá ponderarse además atendiendo a los conocimientos del que realizó el comportamiento ocasionador de los resultados lesivos, y por tanto, teniendo en cuenta su nivel de inteligencia, sus estudios y preparación académica y su experiencia profesional y vital. Finalmente, la previsibilidad puede ir o no, acompañada de efectiva previsión del peligro y de los resultados que pueden derivarse del comportamiento del inculpado, dando lugar en el primer caso a la culpa con previsión y en el segundo a la culpa sin previsión. En la culpa con previsión, el resultado lesivo se representa como improbable y el agente confía en que no se producirá, por lo que su voluntad de ninguna manera acepta tal resultado, siendo reprochable en tal caso la ligereza y el exceso de confianza del que actúa. En la culpa sin previsión es reprochable la falta de atención y de cuidado para prever lo que era previsible;

c) La infracción del deber o de las normas objetivas de cuidado, que es lo que se configura como el elemento externo de la infracción punible de imprudencia, determinante de la antijuricidad de la misma, siendo la gravedad de este infracción la que abre la posibilidad de que la imprudencia sea calificada como grave o leve. Las normas objetivas de cuidado pueden estar establecidas en Leyes y Reglamentos, o bien ser normas no escritas, surgidas de los usos sociales seguidos en el desarrollo de ciertas actividades peligrosas, o reglas observadas en la práctica de ciertas profesiones (“l eges artis “, como sería el caso aquí analizado); o bien normas de cuidado derivadas de la máxima ético-jurídica que prohíbe causar daño a tercero (” alterum non laedere “) y que, como corolario, veda también realizar actos peligrosos que puedan desembocar en daño;

d) Producción de unos resultados lesivos o dañosos que, de haber sido dolosamente ocasionados, integrarían delito; y

e) Adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado, desatador del riesgo, y el mal sobrevenido, estimándose que se da el nexo de causalidad cuando el resultado lesivo no se hubiese producido sin laconcurrencia de la acción imprudente -teoría de la ” condicio sine que non ” o de la equivalencia de condiciones-, pero exigiéndose además, conforme a la moderna doctrina de la imputación objetiva, que el mal sobrevenido suponga la conversión o concreción del riesgo creado por el comportamiento imprudente, y que por tanto se produzca en el ámbito de dicho riesgo, y sea de los resultados lesivos o dañosos que la norma objetiva de cuidado trata de evitar.”

¿Qué es una querella criminal?

Por Marco Esteban
Abogado Penalista

Una querella es un escrito de exposición de un hecho delictivo que se presenta ante el juzgado de guardia, con el fin de que el Juez abra un procedimiento penal para investigar los hechos. A diferencia de la denuncia, que puede formularse en solitario por el denunciante, la querella, debe presentarse con la firma de un abogado y de un procurador.

El efecto más relevante de la querella, que le […]

La motivación de las resoluciones judiciales

Auto AP CS 2 27/18

“Finalmente, al objeto de evitar la trascendencia social de un juicio público frente a acusaciones sin un mínimo de consistencia, y por motivaciones ajenas al derecho al ejercicio de la acción penal, no necesariamente debe realizarse el juicio de trascendencia o control jurisdiccional en el momento procesal en el que nos encontramos, esto es, el momento de la finalización de la instrucción y la aplicación de una […]

La imprudencia punible

Sentencia JP 10 VA 37/18

“Según la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en la destacable Sentencia de 25 de septiembre de 2000, con cita, a su vez, entre otras, de las sentencias de la Sala 2 ª de 17.12.79 , 4 y 26.2 , 20.2 , 22.4.80 , 18.1 y 13.1.82 , 2.10.84 , 14.5 y 13.12.85 , 27.2.86 , 26.4 y 8.5.88 , 12.11 y 7.12.90 , 7.5 y 1.7.91 , […]

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