Abogados Defensa Detenido2018-01-27T08:26:39+00:00
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El requisito de la conexidad para la acumulación jurídica de penas

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sentencia 138/18

“La doctrina de esta Sala (SSTS 1249/1997 , 11/1998 , 109/1998 , 328/1998 , 1159/2000 , 649/2004 , y SSTS 192/2010 y 253/2011 , 1169/2011 , entre otras muchas, y Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29/11/2005 ), ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exige en los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad “temporal “.

Y en concreto, el contenido del Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29/11/2005 según el cual «no es necesaria la firmeza de la sentencia para el límite de la acumulación». Así pues, deben únicamente excluirse: 1º) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación. 2º) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. Habiéndose acordado, como ya hemos dicho, en el Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29/11/2005, que a estos efectos no es necesaria la firmeza de la sentencia para determinar el límite de la acumulación.

De otra parte, y en cuanto a los requisitos que exige esta Sala para que proceda la acumulación de condenas, se tiene establecido en reiterada jurisprudencia que, conforme a los artículos 76.1 del Código Penal y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en la fijación del límite máximo de cumplimiento las sentencias cuya acumulación se pretenda deben computarse hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Esto solo podrá entenderse así cuando las condenas lo fueran con relación a hechos que no estuvieren sentenciados al tiempo de cometer otros sobre los que también haya recaído sentencia cuya acumulación se pretenda; de modo que solo serían susceptibles de acumulación las condenas referidas a aquellos hechos próximos o lejanos en el tiempo que no se encuentren separados por una sentencia firme; y ello, aunque no sea la fecha de firmeza la relevante a efectos de acumulación sino la fecha de dictado de la misma.

Una vez comprobada la posibilidad de acumulación conforme a este criterio general, habrá de determinarse si el límite máximo de cumplimiento, fijado conforme al artículo 76 Código Penal , es superior o inferior a la suma aritmética de todas las condenas impuestas, pues solo en este último caso, cuando fuera inferior, procedería la acumulación ( SSTS 854/2006, de 12-9 ; 954/2006, de 10-10 ; 1293/2011, de 27-11 ; y 13/2012, de 19-1 , entre otras). La nueva refundición que se opere solo será procedente cuando, en su conjunto, ésta resulte favorable al reo, dado que la condena posterior no puede perjudicar retroactivamente la acumulación ya realizada ( STS 707/2013, de 30 de septiembre ), una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas las que fueron objeto de examen en el auto, sin perjuicio de que entonces su acumulación se considerara improcedente ya que sí podrían ser acumulables con la nueva sentencia.”

El error sobre la concurrencia de los elementos subjetivos

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 841/17

“El error sobre la concurrencia de los elementos subjetivos podría subsanarse en casación si se basase exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir si se tratase de un error de subsunción. Por ejemplo, si la absolución se fundamentase en la consideración errónea de que el tipo objeto de acusación exige dolo directo, absolviendo el Tribunal de instancia por apreciar la concurrencia de dolo eventual, cuando en realidad el dolo eventual fuese suficiente para la condena.

O cuando se calificase por el Tribunal de Instancia de dolo eventual una conducta en la que, a partir exclusivamente de los datos obrantes en el relato fáctico sin reconsideración probatoria adicional alguna, ni modificación de la valoración fáctica sobre la intencionalidad del acusado realizada por el Tribunal, fuese constatable la concurrencia de dolo directo.

O, en fin, cuando el Tribunal de Instancia fundase su absolución en la ausencia de un elemento subjetivo específico que considerase necesario para integrar el tipo, cuando esta apreciación fuese jurídicamente errónea por no ser exigible para la subsunción de la conducta en el tipo objeto de acusación la concurrencia del elemento subjetivo específico exigido por el Tribunal.

Por tanto, el Tribunal de casación puede fundamentar su condena modificando la valoración del Tribunal de Instancia sobre la concurrencia de los elementos subjetivos cuando se basa exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir en un error de subsunción jurídica, o se apoya en el mero análisis de los elementos estrictamente fácticos obrantes en los hechos probados, pero no puede acudir a la revisión de los presupuestos fácticos de dichos elementos subjetivos, volviendo a valorar para ello las pruebas personales practicadas en el juicio, lo que le está manifiestamente vedado.”

El derecho de defensa y los derechos del imputado

El derecho de defensa se compone de los derechos de defensa que las diferentes leyes penales otorgan al investigado. Estos derechos se recogen fundamentalmente en la Constitución Española, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los más relevantes son:

  • Derecho a ser parte en el procedimiento penal.
  • Derecho a solicitar diligencias de investigación.
  • Derecho a ser puesto en libertad o a disposición judicial en un máximo de 72 horas tras la detención.
  • Derecho a la asistencia de un abogado privado o de oficio a lo largo de todo el procedimiento penal.
  • Derecho a la presunción de inocencia.
  • Derecho a no ser detenido, excepto en los supuestos previstos en la Ley.
  • Derecho a ser informado de la acusación.
  • Derecho a no confesarse culpable ni declarar contra sí mismo.
  • Derecho a no ser encarcelado sin decisión judicial ajustada a derecho.
  • Derecho a atención médica.
  • Derecho a ser asistido por un intérprete.
  • Derecho a la inviolabilidad del domicilio, excepto por resolución judicial.
  • Derecho a comunicar a otra persona la detención
  • Derecho a los recursos y a la segunda instancia.
  • Derecho a no sufrir tortura o tratos degradantes.

Derecho de defensa y asistencia letrada

Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Penal. 1347/11.

“Comenzando por esta última cuestión, debemos recordar -citando a tal fin el contenido de la STS núm.265/2007, de 9 de abril – la íntima conexión que existe entre el derecho de defensa y el de asistencia letrada , derecho que tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y contradicción que impone a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión, prohibido, en todo caso, en el inciso final del art. 24.1 CE ( STC 47/87 ). Por ello, centrándose en la defensa técnica, la STC núm. 199/2003, de 10.11 , FJ 4, señalaba: “ha de recordarse, por una parte, que este Tribunal ha reconocido la especial proyección que tiene la exigencia de asistencia letrada en el proceso penal por la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados ( SSTC 18/95 de 24.1 , 233/98 de 1.12 , FJ. 3, 162/99 de 27.9 , FJ. 3) y, por otra, que la exigencia de la asistencia letrada no tiene un alcance único ni un contenido unívoco en todos los supuestos en que está reconocida constitucionalmente, sino que está vinculada a la diferente función que como garantía constitucional ha de cumplir en cada uno de los dichos supuestos”.

En el plano constitucional, son dos las situaciones o supuestos previstos: arts. 17.3 y 24.2 CE . Siendo el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales ( art. 17.3 CE ) el que, al tenor de las alegaciones del recurrente, puede verse afectado por la concreta actuación policial desplegada en este caso, debemos también recordar, tal y como señalan estas mismas sentencias, que este derecho adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio precepto constitucional, siendo su función la de asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tenga el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acto de declaración que se le presente a la firma ( SSTC núm. 196/87, de 11.12 FJ. 5 ; 252/94, de 19.9 FJ. 4 ; y 299/99, de 13.12 , FJ. 2).

Clara muestra legal de esta garantía procesal es el art. 767 LECrim , que en su actual redacción señala cómo “[d]esde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado” . El precepto se limita, pues, a establecer los casos en los que resulta obligada la asistencia letrada en el seno de las diligencias previas/procedimiento abreviado, como es el caso. Pero en modo alguno modifica o altera las disposiciones del art. 520 LECrim cuando especifica las funciones que corresponden al letrado en la asistencia al detenido, que, como la norma establece y la nutrida jurisprudencia de esta Sala ha reiterado, consiste en ” su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto ” ( STS núm. 1143/2006, de 22 de noviembre ).”

El requisito de la conexidad para la acumulación jurídica de penas

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sentencia 138/18

“La doctrina de esta Sala (SSTS 1249/1997 , 11/1998 , 109/1998 , 328/1998 , 1159/2000 , 649/2004 , y SSTS 192/2010 y 253/2011 , 1169/2011 , entre otras muchas, y Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29/11/2005 ), ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exige en los […]

El error sobre la concurrencia de los elementos subjetivos

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sentencia 841/17

“El error sobre la concurrencia de los elementos subjetivos podría subsanarse en casación si se basase exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir si se tratase de un error de subsunción. Por ejemplo, si la absolución se fundamentase en la consideración errónea de que el tipo objeto de acusación exige dolo directo, absolviendo el Tribunal de instancia […]

El derecho de defensa y los derechos del imputado

El derecho de defensa se compone de los derechos de defensa que las diferentes leyes penales otorgan al investigado. Estos derechos se recogen fundamentalmente en la Constitución Española, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los más relevantes son:

  • Derecho a ser parte en el procedimiento penal.
  • Derecho a solicitar diligencias de investigación.
  • Derecho a ser puesto en libertad o a disposición judicial en un máximo […]

Derecho de defensa y asistencia letrada

Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Penal. 1347/11.

“Comenzando por esta última cuestión, debemos recordar -citando a tal fin el contenido de la STS núm.265/2007, de 9 de abril – la íntima conexión que existe entre el derecho de defensa y el de asistencia letrada , derecho que tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y contradicción que impone a los órganos judiciales […]

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