DELITO DE COACCIONES

CASOS DE ÉXITO RECIENTES

Juzgado de lo Penal. Coacciones. Absolución

Juzgado de Instrucción. Coacciones. Sobreseimiento

Modalidades

Coacciones Coacciones con violencia Coacciones con intimidación Coacciones con fuerza en las cosas Coacciones continuadas Coacciones en derechos fundamentales Coacciones leves

 

Novedades jurisprudenciales sobre el delito de coacciones 

  
Sentencia SAP-C 348/15 
  
"En segundo lugar, la parte plantea la indebida aplicación del artículo 173.1 del Código Penal sobre la base de la supuesta falta de entidad de la acción para integrar la previsión típica del delito contra la integridad moral. Este planteamiento tiene que ser estimado, ya que esta figura, emanada directamente del artículo 15 de la Constitución , se basa en la existencia de un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del que deriva un padecimiento, físico o psíquico causado por un comportamiento degradante o humillante que incida en el concepto de dignidad de la persona afectada y que caracteriza a todo ser humano, que pasa a ser tratado como equivalente a un objeto ( SSTS de 22-01- 2015, recurso número 1372-2014 ; y de 10-02-2015 , recurso número 10578-2014), situación que no se puede deducir como consecuencia natural de la conducta ejecutada ni se constata en el factum de la sentencia de grado." 
  
  
Sentencia SAP C 610/15 
  
“El Tribunal Constitucional en doctrina ya consolidada, iniciada con la STC 167/2002, de 18 de septiembre y reiterada en numerosas sentencias posteriores, refiere que "los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en la actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción" (también STC 105/2013, de 6 de mayo ). Es harto conocido que la valoración de la prueba en el juicio penal debe ser realizada por el Juez de Instancia y de acuerdo con el principio de la libre valoración y en conciencia, lo que no supone la admisión de arbitrariedad, sino que se deberán tener en cuenta en esa valoración pruebas de cargo existentes, y que las mismas sean suficientes, practicadas con sujeción y respeto a los principios de inmediación, oralidad, publicidad y concentración y en presencia de las partes. 
  
La revisión de la valoración de la prueba que efectué el Juzgador de instancia ha de concretarse a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica (SS.T.C. 23-6-86, 13-5-87, 4-12-92, 3-10-94), y únicamente debe ser rectificado, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" a tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales (SS. T.C. 1-3-93, S.T.S. 29-1-90 ).”