Absolución

Tribunal: Juzgado de lo Penal
Acusación: Ministerio Fiscal y Acusación Partícular
Pena solicitada: 2 año de prisión por delito de violencia de género
Defensa: Esteban Abogados

Sentencia AP CU 260/17

«-vienen señalando los Tribunales, ( Sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 4ª, de 04.11.2006, recurso 7/2003 ; cuyo criterio compartimos), que en el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva, (a la hora de tomar en consideración la declaración de la víctima), no pueden valorarse los hipotéticos móviles o resentimientos que se deriven de los propios hechos enjuiciados, estableciendo también los Tribunales, ( Sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 2ª, de 10.06.2009, recurso 168/2009 , cuyo criterio también compartimos), que aunque todo denunciante puede tener interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera categórica el valor de sus afirmaciones; y resulta que cuando se trata de prueba testifical su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido, salvo en casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquel Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraria, injustificable o contraria a las puras normas de la lógica, circunstancia que no concurre por el hecho de otorgar credibilidad la Juzgadora a quo a lo manifestado por Dª. Adolfina , pues, precisamente, la toma en consideración de ese testimonio se ajusta con precisión a las exigencias de una valoración racional de la prueba;» (…)

-si el hecho de no existir enemistad no supone que deba aceptarse necesariamente la versión de un testigo, (como vienen estableciendo los Tribunales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2ª, en Sentencia de 23.03.2010, recurso 9/2009 , cuyo criterio compartimos), parece evidente que, (en consonancia con lo establecido también por otros Tribunales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª, en Sentencia de 27.10.2009, recurso 5/2009 , cuyo criterio también compartimos), la existencia de una hipotética enemistad, (a la que se hace mención en el recurso), no elimina de forma categórica la veracidad de las manifestaciones de un testigo; y lo que importa es, (como refiere la mencionada Sentencia de la A.P. de Las Palmas), que el Juez que ha dispuesto de la inmediación exprese las razones que ha tenido para otorgar credibilidad a tal declaración, (y la Juzgadora de instancia las ha expresado en el primero de los fundamentos de derecho de la Sentencia impugnada); -la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por ejemplo, de 26.06.2009, recurso 2506/2008 , establece lo siguiente: <<……El valor del testimonio de referencia es ciertamente limitado por la naturaleza del hecho mismo sobre el que se testimonia:

En efecto la percepción sensorial del testigo de referencia no alcanza al hecho sucedido, que no presenció, sino al hecho de su afirmación o narración por parte del testigo directo. En el caso de ser aquél totalmente veraz lo único que puede, por sí solo, acreditar es la realidad y certeza de aquella narración en cuanto relato sucedido y realizado por alguien, no en cuanto al hecho mismo relatado. Pero ese relato, ciertamente hecho, por el testigo directo, cuando se une a datos objetivos que corroboran rigurosamente lo afirmado por él al testigo de referencia, puede constituir prueba bastante para asentar como cierto y verdadero el relato mismo…….>>, y, en aplicación de dicha doctrina, resulta que en el caso que nos ocupa hay «…datos objetivos que corroboran rigurosamente lo afirmado…al testigo de referencia…», (según dicción literal de la citada Sentencia del T.S.), y que vienen a constituir «…prueba bastante para asentar como cierto y verdadero el relato…», (también según dicción literal de la referida Sentencia) (…)»

Sentencia AP BU 713/17 

«Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores . (…)» De modo que este delito, constituye pues un plus diferenciado de los actos de agresión que lo generan, extendiéndose y trascendiendo el bien jurídico protegido más allá de la integridad personal al atentar como expone la STS 414/2003 (Sala de lo Penal) de 24 de marzo , el maltrato familiar a valores constitucionales de primer orden, como el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad, art. 10, que tiene su consecuencia lógica en el derecho no solo a la vida, sino a la integridad física y moral con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes (art. 15) y el derecho a la seguridad (art. 17), quedando también afectados principios rectores de la política social y económica, como la protección de la familia y la infancia y la protección integral de los hijos del art. 39 (en este sentido STS 927/2000 de 24 de junio y 662/2002 de 18 de abril).

El bien jurídico protegido pues no es la integridad física de los agredidos, sino la pacífica convivencia, la paz familiar, así el Tribunal Supremo en sentencia 662/2002 de 18 de Abril hacía referencia a » aquellos actos que exteriorizaran una actitud tendente a convertir el ámbito familiar en un microcosmos regido por el miedo y la dominación, porque en efecto nada define mejor el maltrato familiar que la situación de dominio y de poder de una persona sobre su pareja y los menores conviventes «. Esta autonomía del bien jurídico protegido de acción y de sujetos pasivos, unido a la situación de habitualidad son las características del tipo penal referido. Pero es que además, por otro lado, la condena por los distintos hechos individualizados, al ser encuadrables en los diferentes tipos penales que se han indicado anteriormente, ello no supone ninguna infracción del principio no bis in idem, ni cabe hablar de concurso de leyes, ni resultar de aplicación la continuación delictiva al afectar a bienes eminentemente personalísimos. Siendo al respecto concluyente, en cuanto a tal calificación jurídica de los hechos, el Tribunal Supremo Sala 2ª en sentencia de fecha 23 de Mayo de 2.006 , «.

En la definición legal que el art. 173.3 da de la habitualidad excluye, expresamente, la necesidad del enjuiciamiento previo de los actos de violencia individuales, recogiéndose textualmente «con independencia de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores, por ello el delito de violencia habitual en el entorno familiar tiene sustantividad propia, de forma que los concretos actos de violencia psíquica o física tienen valor de acreditar la actitud del agresor y en consecuencia, en el concreto enjuiciamiento anterior de estos concretos actos impide su consideración a los efectos de apreciar la habitualidad, ni tampoco se precisa el enjuiciamiento previo, bastando tan solo con la comprobación de la realidad que se denuncia, STS. 24.6.2000 , añadiendo las SSTS. 9.7.2001 y 16.5.2003 , que la necesidad legal de penar separada y cumulativamente el delito de violencia doméstica habitual y los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia no supone una infracción del principio «non bis in idem «.»

Sentencia AP SA 54/15 
 
“Es cierto que en la STS. de 24 de noviembre de 2.009 se concluyó que “no toda acción de violencia física en el seno de la pareja de la que resulte lesión leve para la mujer debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género que castiga el nuevo artículo 153 del Código Penal , modificado por la ya tantas veces citada Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sino sólo y exclusivamente, – y ello por imperativo legal establecido en el artículo 1. 1 , de esa Ley -, cuando el hecho sea “manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer…”, sin embargo, la cuestión dista mucho de ser pacífica en la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales. 
 
Y así, aparte de que la referida sentencia ya contó con un voto particular discrepante, otras resoluciones posteriores, tales como las SSTS. 703/2010, de 15 de julio , y 807/2010, de 30 de septiembre , han venido a contradecir la línea que parecía irse plasmando por el propio Tribunal Supremo, a raíz de las SSTS. 654/2009 y 1177/2009 , hasta afirmar que “a efectos legales, es por completo indiferente que la motivación (del autor) hubiera sido económica o de otro tipo, cuando es que el acusado hizo uso de la fuerza física para imponer una conducta contra su voluntad a la perjudicada, relacionada con él como consta…”. Por tanto, puede afirmarse que, conforme a esta doctrina jurisprudencial más reciente, el tipo del artículo 153. 1, del Código Penal no exige la concurrencia de ningún otro ánimo especial o distinto, bastando la acreditación de la acción expresiva de la violencia, en cada caso, y las relaciones de pareja, vigentes o pasadas, entre agresor y víctima, para que se estime la existencia del referido delito (así, entre otras muchas, SAP. de Madrid, Sección 27ª, de 21 de julio de 2.014 ).”