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Abogado Penalista Barcelona
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Abogados Penalistas Expertos

Esteban Abogados es un despacho de Abogados Penalistas con sede en Barcelona y actuación en todo el territorio nacional. Está dirigido por Marco Esteban, Abogado Penalista y Master en Derecho Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con una exitosa trayectoria profesional en la defensa y representación de cientos de casos penales. Ha sido profesor en las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra e interviene habitualmente en medios de comunicación, prensa y publicaciones de derecho penal. 

Somos una firma altamente especializada y dedicada exclusivamente al derecho penal. Nos ocupamos de todo tipo de delitos y contamos con una dilatada experiencia en la resolución de procedimientos criminales en las diferentes instancias penales. Durante años hemos ayudado a nuestros clientes a resolver sus problemas jurídicos, peleando a su lado en todo momento, por muy difícil que parezca su situación. 

Hemos forjado una reputación de no abandonar jamás, no aceptar nunca la derrota y tratar a nuestros clientes como personas únicas a las que debemos dar una solución individual y dedicar el máximo esfuerzo. Por eso trabajamos sin descanso junto a usted para obtener un buen resultado en el litigio. Combinando el entendimiento de su caso, el profundo conocimiento de la ley, un importante historial de éxito y su fidelidad, estamos convencidos de que encontraremos la mejor salida para su situación. 

La experiencia nos muestra que contar con la asistencia de un abogado penal particular experimentado supone una importante garantía para la salvaguarda de sus derechos y sus posibilidades de victoria en el proceso. Somos conscientes de que el principal objetivo es proteger su libertad, su familia y su profesión. Queremos solucionar su caso y que compruebe, no sólo que somos los mejores abogados penalistas, sino también que le ofrecemos el mejor trato, con respeto, entrega y comprensión. 

Nuestro estilo profesional pasa por mantener la comunicación constante con usted e informarle detalladamente de cada paso que damos, incluso en fines de semana o vacaciones. Sabemos que ser acusado o víctima de un delito es una vivencia extraordinariamente desagradable y frustrante. La perspectiva de prisión, elevadas multas y el daño a su honor puede dejarle ansioso e inseguro sobre qué hacer y a quién recurrir. Es entonces cuando las habilidades estratégicas que hemos acumulado a lo largo de numerosos pleitos penales serán su ayuda fundamental y decisiva. Llámenos y lucharemos por y con usted. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Marco Esteban

Abogado Penalista


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Citación formativa de juriprudencia penal


III.- La desestimación del primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. , que en síntesis se basa en un pretendido quebranto del Principio de Presunción de Inocencia por no haber quedado debidamente acreditado que la sustancia intervenida al acusado fuera la misma que fue analizada en el Instituto Nacional de Toxicología, existiendo una diferencia entre la cantidad reseñada por los agentes de la Guardia Urbana y la declarada como analizada en el informe del Instituto Nacional de Toxicología, e indirectamente existiendo para el apelante una duda razonable en cuanto a la no interrupción de la cadena de custodia, viene determinada, según se sigue de la lectura de los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia recurrida puestos en relación con el acta del juicio oral contenida en el soporte informático anexo, por el hecho de que la convicción del Juez "a quo", plasmada en el apartado de hechos probados de la precitada sentencia, resulta de la aceptación, lógica, racional y conforme a las reglas de la experiencia humana común, de pruebas personales practicadas a su presencia con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción (arts. 24 ap. , así como del resultado de la prueba pericial toxicológica practicada y obrante a los folios 29 a 30 de las actuaciones.
Y en concreto, respecto del primer motivo y en cuanto a la diferencia de cantidad apreciada por los agentes de la Guardia Urbana (folios 21 y 22), quienes se ratificaron en el atestado, obvia la parte ahora apelante que el peso reflejado en el atestado por los mismos en dicho folio viene referido al peso bruto de la droga aprehendida al comprador y al acusado, que hacen un total de 1,837 gramos y 3,667 gramos respectivamente, mientras que la referida por el informe del Instituto Nacional de Toxicología (folios 29 y 30) son los pesos netos de dicha droga conforme al informe pericial toxicológico practicado y no impugnado en momento alguno por la parte ahora apelante, por lo que tuvo virtualidad y suficiencia probatoria conforme sostiene de forma pacífica y reiterada la jurisprudencia que, por extensa y conocida, se obvia su cita.
Pero es que además, deviene el convencimiento de la Juez a quo no sólo de las manifestaciones de los dos testigos de cargo, los ya citados Guardias Urbanos, sino también de la documental obrante en autos acreditando la no interrupción de la cadena de custodia desde su intervención (folios 19 y 20), su pesado (folios 21 y 22), su entrega a los Mossos d'Esquadra (folios 3 y 4), su remisión al Instituto Nacional de Toxicología (folio 24) y el resultado del informe pericial toxicológico practicado (folios 29 y 30), confirmando la sucesión de los hechos de autos tal y como han sido declarados probados. Manifestaciones y prueba documental que apreciadas con el inestimable auxilio de la inmediación, de la que carece este Tribunal, le merecieron plena credibilidad en orden a la formación de su convicción, sin que hubiera manifestación alguna del propio acusado, quien no compareció injustificadamente al acto de la vista a pesar de haber sido citado en forma, y sin que puedan prevalecer las alegaciones del recurrente en esta vía de apelación en torno a que no se acredita suficientemente que sea la droga aprehendida la que fue analizada, o se determine error alguno en la valoración de las pruebas, no basándose en definitiva el recurso interpuesto en otro fundamento que la particular lectura probatoria del recurrente y el ejercicio legítimo del derecho a la defensa de sus intereses, y que, por las razones expresadas en el precedente fundamento de derecho y en este mismo, no puede prevalecer sobre la efectuada por el Juez de lo Penal, valoración que por lo hasta aquí razonado no puede ser revisada por este Tribunal, conforme hemos razonado en los fundamentos de esta sentencia, interpretación cohonestada por la propia jurisprudencia constitucional ...

IV. Que asimismo procede la desestimación del segundo motivo de impugnación del recurso de apelación interpuesto en torno a la pena impuesta y considerar desproporcionada la sustitución de la pena privativa de libertad impuesta por la expulsión del acusado del territorio nacional, al no haber sido oído al respecto el acusado, dada su incomparecencia al acto de la vista. Tal expulsión fue acordada por el Juez a quo conforme al art. 89 CP y al haberlo así interesado el Ministerio Fiscal ya en su escrito de acusación (folio 33), constando en las actuaciones y en la propia sentencia apelada certificación de que el acusado se encuentra "en situación irregular en España", siendo por tanto plenamente procedente el adoptar la misma en sustitución de la pena privativa de libertad impuesta como primaria y por el tiempo y condiciones legalmente establecidas en dicho precepto al tener conocimiento ya de dicha medida sustitutiva, aún y cuando no haya comparecido al acto de la vista, conforme tiene establecido de forma pacífica y reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así STS de 28.04.10 citada en la sentencia apelada).

 
F U N D A M E N T OS J U R ÍD IC OS
 

SE ACEPTAN los de la sentencia impugnada en cuanto no se opongan a los de la presente resolución.
PRIMERO.- El recurso que interpone el Sr. se articula invocando el error en la valoración de la prueba, aunque no lo cita con estas palabras, pues se desarrolla argumentando que la versión de contrario no es cierta, que fueron ellos los que le impidieron salir del coche aprisionándole la pierna y causándole las lesiones que presentó, y que no amenazó a nadie, sino que gritaba por el dolor. También que hay una incoherencia en la denuncia cuando se dice que salió del vehículo con un palo o barra en la mano, pero luego que le impidieron salir, que el supuesto palo es un cable gordo de plástico que no puede ser manejado como palo y que la prueba testifical aportada es falsa, interesando su absolución o en todo caso, la condena por lesiones de la parte contraria.
Carece el órgano de apelación de la inmediación que gozó el Juez de Instrucción ante quien se desarrolló en vista oral y pública la totalidad de los medios probatorios, oyó a quienes depusieron en distintas calidades en ese acto y, lo que no es de menor importancia, vio a todos ellos, de ahí que la preeminencia del plenario sobre cualesquiera actuaciones precedentes para la correcta formación de la convicción se deriva de todo ello. No puede ahora la Sala sustraer a quien enjuició en primera instancia su misión exclusiva y excluyente de valoración de la prueba que presenció y debe ceñir su tarea en esta alzada, a sentar la existencia o no de una actividad probatoria lícita que pudiera ser valorada en aquella instancia inicial.
El error en la valoración propiamente dicho se dará únicamente, en consecuencia, en aquellos supuestos en los que la efectuada en la instancia no dependa esencialmente de su percepción directa de la diligencia probatoria en concreto sino de su adecuación a las reglas de la ciencia, de la experiencia o de la lógica pues entonces si podrá ser revisable en la alzada, así se pronuncia el Tribunal Supremo respecto al recurso de casación en doctrina perfectamente aplicable al de apelación al decir que "solo en la medida en que la apreciación del Tribunal de instancia sea objetada por infringir las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos es posible que en el marco de la casación se pueda rectificar la valoración realizada por el "a quo" ( STS de 9 de Mayo de 1990).
No se puede concluir que en este caso la Juzgadora haya realizado una valoración de la prueba absurda o ilógica, pues el apelante reconoce una mala relación previa por cuestiones económicas y familiares, así como un altercado compatible con el que relata la otra parte y el testigo, si bien imputa a su familia el inicio, cuando el solamente pretendía hablar.
En el acto del juicio se desarrolló prueba suficiente que incrimina al apelante, tanto de los denunciantes contrarios como del testigo, corroborada por prueba pericial médica y por el reconocimiento por el Sr. de la existencia del palo o barra en cuestión, que es descrito en el juicio por los denunciantes como un trozo de cable, es decir, como lo que el reconoce, siendo abundante la doctrina jurisprudencial sobre lesiones causadas con dicha clase de instrumentos, lo que permite rechazar la alegación del recurso de no ser un instrumento peligroso.
Las contradicciones que se relacionan en el escrito de recurso deben ser valoradas en relación a una secuencia de hechos que no hacen imposible el relato, pues es posible que el apelante intentara en un primer momento salir del coche con el palo o cable, siendo impedido momentáneamente, para luego conseguirlo, causándose en este forcejeo los daños a su hermana, (e incluso, los que el presentaba) abarcados por, cuanto menos, el dolo eventual. Posteriormente, pudo salir del vehículo ya que el testigo describe haberle visto con el palo o cable, ya fuera del coche, amenazando al Sr. , lo que también relatan los denunciantes.
Por todo ello se concluye que la prueba ha sido correctamente valorada, que se ha motivado suficientemente y que tiene contenido incriminatorio hábil para desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, sin que pueda plantearse en esta alzada la condena de la contraparte ya que para ello debería de haberse aportado la prueba necesaria en el acto del juicio y especialmente sostener la acusación, circunstancia que no se produjo, pues al no comparecer el apelante, el Ministerio Fiscal entendió que no se había aportado prueba suficiente y solicitó la absolución de los denunciados por el apelante. En esta alzada no se puede modificar la sentencia en este punto, ya que falta la acusación necesaria, por todo lo cual procede desestimar el recurso planteado y la integra confirmación de la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Se aceptan y dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.
II. Si bien el recurso de apelación faculta al Tribunal "ad quem" para una revisión integral de la sentencia recurrida, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, cuando la convicción judicial se ha formado con base en pruebas de naturaleza personal practicadas a su presencia en el acto del plenario -inmediación de la que carece el Tribunal-, y con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina que en estos casos, y por regla general, deba respetarse en sede de apelación la valoración, probatoria del Juez "a quo", formada además con base en lo alegado por la acusación y la defensa y lo manifestado por el mismo acusado ( artículo 741 L.E.Crim .), con la única excepción, en principio, de que la convicción así formada carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral, bien por ser las pruebas valoradas de naturaleza ilícita, bien por ser las mismas contrarias a los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y la razón o las reglas de la experiencia humana común, o tales circunstancias deban predicarse del proceso valorativo del juzgador de instancia.
 

III.- La desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. , que en síntesis se basa en una inexistencia de prueba de cargo suficiente como para acreditar la culpabilidad del acusado, con quebranto del principio de Presunción de Inocencia, con error en la apreciación de la prueba y aplicación indebida dl art. 368.2 CP al considerar que la cantidad y pureja de la sustancia intervenida no podía afectar al bien jurídico protegido de la salud pública por no ser perjudicial para la salud, viene determinada, según se sigue de la lectura del primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida puesto en relación con el acta del juicio oral, por el hecho de que la convicción de la Juez "a quo", plasmada en el apartado de hechos probados de la precitada sentencia, resulta de la aceptación, lógica, racional y conforme a las reglas de la experiencia humana común, de pruebas personales practicadas a su presencia con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción ( arts. 24 ap. 2 C.E., 229 aps . 1 y 2 L.0.P.J . y 741 L.E.Crim .), aptas, en consecuencia, para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia ( art. 24 ap. 2 C.E .) y formar la convicción judicial ( art. 741 L.E.Crim .), conforme ha reconocido pacíficamente la jurisprudencia constitucional ( S.S.TC. 79/1994 , 123/1997 y 155/2002 , entre otras muchas), complementadas por la pericial documentada.
Y así resulta de las manifestaciones de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona núms. NUM000 y NUM001 que depusieron como testigos de cargo y que manifestaron haber observado la transacción y la sucesión de los hechos de autos tal y como fueron declarados probados y que el comprador les reconoció que acaba de comprar la bolsita conteniendo marihuana por 10 euros, dinero que encontraron en poder del acusado así como otra bolsita de marihuana, así como del informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología obrante en autos (folios 26 y 27), no impugnado por la defensa, acreditando que las dos sustancias intervenidas y analizadas eran delta 9-tetahidrocannabinol, principio activo del hachís y de la marihuana e incluido en la Lista IV del Convenio de Viena de 1971, sobre sustancias psicotrópicas, con un porcentaje de riqueza en base del 10,9% y del 14,7% respectivamente ambas bolsitas; cantidad y porcentaje de riqueza en base perfectamente susceptible de encuadrarse en el tipo delictivo, si bien, como hizo la Juez a quo en el supuesto concreto del tipo atenuado del 368.2 CP.
 

Prueba toda ella que apreciada con el inestimable auxilio de la inmediación, de la que carece este Tribunal, le mereció plena credibilidad en orden a la formación de su convicción, coincidiendo coherentemente una testifical con otra, siendo testimonios claros, firmes y rotundos, sin que puedan prevalecer las alegaciones del recurrente en esta vía de apelación en torno a que no resulta acreditado que su patrocinado efectuara ningún acto de tráfico o se determine error alguno en la valoración de las pruebas, no basándose en definitiva el recurso interpuesto en otro fundamento que la particular lectura probatoria de la parte recurrente y el ejercicio legítimo del derecho a la defensa de sus intereses, y que, por las razones expresadas no puede prevalecer sobre la efectuada por el Juez de lo Penal, valoración que por lo hasta aquí razonado no puede ser revisada por este Tribunal, conforme hemos razonado en el segundo de los fundamentos de esta sentencia, interpretación cohonestada por la propia jurisprudencia constitucional a partir de la S.TC. Pleno 16712002.

IV. Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la íntegra confirmación de la sentencia apelada así como la declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Penal y 239 y siguientes de la LECrim .
 

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